Líder social de Belén se refugió en una ONG ante desprotección del CERREM

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La comuna 16, Belén, ha estado durante los últimos años en una confrontación militar que todavía no concluye. La acción violenta proviene de la Unión Pájaros-Chivos contra Pesebreros, que ya fueron expulsados de la comuna y ahora disputan territorios y corredores estratégicos con Los Paracos, del corregimiento de Altavista, y la banda de La Mano de Dios, asentada en el barrio Nuevo Amanecer. Los primeros son patrocinados por la Línea 80 o Línea Mayoritaria, conocida como Alianza Criminal del Norte, con epicentro en el norte del Valle de Aburrá y que se extiende en buena parte de Medellín y el sur del Valle de Aburrá; los segundos estarían apoyados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —o Clan del Golfo—.

La confrontación armada es permanente y ha traído como consecuencia lógica que se presenten desapariciones, desplazamientos forzados intraurbanos masivos, homicidios, masacres e incluso detonaciones de granadas de fragmentación y artefactos explosivos, además de que se observa una fuerte connivencia de miembros de la Policía Nacional con el crimen urbano de esas zonas de la ciudad.

Estas situaciones han sido denunciadas por líderes sociales, defensores de derechos humanos que han visibilizado lo que en realidad sucede en sectores tan críticos como Belén Zafra, La Esperanza, Buenavista, Las Brisas, Sucre, Altavista, Los Alpinos, entre otros. La ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano han publicados completos informes que han mostrado lo que ocurre en esta zona de la ciudad donde el crimen convive con miembros de la institucionalidad en perfecta armonía.

Dos de esos líderes visibles han sido Julio César Rengifo Hortúa y Mauricio Adolfo Asprilla Martínez, el primero como defensor de derechos humanos y el segundo como líder comunitario, quienes han denunciado las acciones de Los Pájaros y Los Chivos, por lo que han recibido amenazas de muerte, teniendo que desplazarse de la comuna. Además, Mauricio Asprilla se encuentra sumergido en un falso positivo judicial organizado por un miembro del Gaula de la Policía quien presuntamente se alió con miembros de la jefatura de Los Pájaros para acabar con la tranquilidad del mencionado líder, información en la que se profundizará más adelante.

En agosto de 2016, en el informe Me van a matar, a la UNP no le importa mi vida, expusimos la situación del defensor Rengifo Hortúa, denunciando que «está en inminente riesgo, puede ser asesinado en cualquier momento […] al gobierno en cabeza de la UNP, parece no importarle la situación».

Desde diciembre de 2017, el líder comunal e investigador de Análisis Urbano, Mauricio Adolfo Asprilla Martínez, se encuentra sometido a la detención domiciliaria en las instalaciones de Corpades, producto de un proceso penal que le sigue la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, ante falsos señalamientos de cabecillas e integrantes de Los Pájaros y personas que, de acuerdo con pruebas recaudadas, fueron manipulados para que testificaran en contra de él, con lo cual se habría configurado un «falso positivo judicial». [Ver: Juancho Pájaro, ¿testigo estrella del Gaula metropolitano]

El Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que reemplazó al liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), le aprobó a Julio Rengifo un esquema de protección por el riesgo extraordinario, consistente en un carro blindado, dos personas de protección y un medio de comunicación. Menos de dos años después la misma entidad determinó retirarle el esquema de protección.

¿Quién determina que el nivel de riesgo desapareció? ¿Ya no existen las bandas en la comuna 16? ¿La Policía ya desmanteló a la Unión Chivos-Pájaros y sus aliados en la institucionalidad?

Las respuestas del CERREM son ambiguas e ilógicas, lastima que la UNP no se aparte de tan absurdas decisiones.

 De acuerdo con investigadores del Gaula, de quienes se tienen pruebas de vinculación con el crimen urbano, el defensor Rengifo no tiene ningún riesgo en Belén, aunque existan alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

En mayo de 2018, ante el ultimátum de la UNP en cuanto al retiro del esquema de protección, desde la agencia de prensa Análisis Urbano explicamos lo que el CERREM hacía sin tener los análisis de contexto para tomar decisiones donde está en juego la vida de personas amenazadas que ejercen liderazgos sociales: «El CERREM es el encargado de estudiar los casos que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le presenta. Es la que recomienda a quién sí y a quién no brindarle protección. Una analogía que consideramos válida es que el CERREM es el “ingeniero calculista” que dice al constructor que suprima dos o tres varillas de las columnas y mezcle menos cemento y más arena, que el resultado será igual y se ahorrarán costos. ¡Falso! Ya hemos visto cómo los edificios se caen y arrebatan la vida de personas inocentes, condenadas desde los escritorios mediante proyecciones desacertadas. Así sucede cuando se proyecta con tanto facilismo la seguridad de un defensor de derechos humanos, de un líder, de una persona que es valiosa para la comunidad, pero que estorba a la institucionalidad, a los ilegales, que incomoda al status quo».

Además hicimos un llamado al Estado colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, con el fin de reconsiderar con prontitud la decisión de retirar la debida protección a Rengifo y a su vez se exigió que se le devolviera el esquema de seguridad y se hizo responsable de lo que pudiera sucederle a este defensor de derechos humanos, que fue desplazado en 2016 de su barrio, Belén Buenavista, suroccidente de Medellín [Ver: Cerrem comete errores que cuestan vidas de defensores de derechos humanos]

Como acción judicial para evitar un perjuicio irremediable y proteger su derecho fundamental a la vida, el defensor Julio Rengifo interpuso una acción de tutela en contra de la UNP, la cual fue admitida por un juez de la República, el mismo que dictó una medida provisional para que le fuera devuelto el esquema de seguridad mientras se pronunciaba de fondo en cuanto a los derechos tutelados, en el término de diez días.

Finalmente el juez, sopesando la contestación de la UNP a la demanda constitucional, la declaró improcedente, por lo que la UNP, mediante la Resolución 4230 del 1 de junio de 2018, finalizó la protección brindada y le solicitó al defensor Rengifo Hortúa devolver el carro blindado y el personal de protección. En pocas palabras lo dejaron a merced del crimen.

La seguridad está estratificada y no tiene parámetros reales de evaluación para determinar los riesgos. ¿Saben los asesores y los analistas de riesgo de la UNP qué tipo de criminalidad se asienta en el Valle de Aburrá? ¿Será que el CERREM verifica bien toda la información para tomar decisiones adecuadas y enmarcadas en la realidad y ajustadas al Estado Social de Derecho? Consideramos que NO.

Desde Bogotá creen todavía que la situación de violencia, criminalidad e inseguridad en el Medellín metropolitano se debe a la presencia de bandas de delincuencia común. Es tan grave su equivocación y desconocimiento de la realidad, que pareciera que no supieran qué es el llamado Pacto del Fusil, quiénes son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ni qué es la Oficina del Valle de Aburrá —antes Oficina de Envigado—. [Ver: Defensores de derechos humanos «valen menos que la bala que los mata»]. Igualmente pareciera que algunos  analistas, no todos adscritos a la UNP y funcionarios asentados en las poltronas del CERREM, no consultan la realidad y mucho menos sacan un momento para leer artículos que muestran con veracidad la información de lo que ocurre en el Valle de Aburrá, por ejemplo:

 ¿Quién o quiénes ordenaron desestabilizar la seguridad de Medellín?

Un menor y un joven fueron asesinados esta tarde en el barrio Los Alcázares, comuna 13 

Balaceras en Belén Buenavista y San Javier a esta hora de la noche del miércoles 4 de julio

A balazos acabaron con la vida de sobrino de líder social de la comuna 13, San Javier

En San Javier no dejaron dormir las balaceras este fin de semana

 O el completo informe que presentó hace pocos días Colombia Plural: Medellín bajo fuego: ¿Qué ocurre en la Comuna 13?

 En Análisis Urbano estamos convencidos de que se apegan a lo que miembros de Policía Nacional o Fiscalía les dicen, en otras palabras, informaciones amañadas o apartadas de la situación real que vive la subregión del Valle de Aburrá.

 Hoy miércoles, ante la urgencia enmarcada en grosería por parte de funcionarios regionales de la UNP para que el defensor Julio Rengifo devolviera el carro blindado y los escoltas, y ante el riesgo que corre al estar sin protección, lo cual sería una muy buena noticia para el crimen que asedia a la comuna 16 y al corregimiento de Altavista, no hubo otra solución que acudir a la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), donde se refugiará hasta que se le resuelva su situación de seguridad por parte del Estado colombiano. Anotamos que no es el único caso; tres más lo han hecho por estar desprotegidos por el gobierno nacional que hoy dice dar todo para que no persigan, estigmaticen o maten más líderes sociales en Colombia. La hipocresía es rampante y se siente.

En este momento en las instalaciones de Corpades se encuentran refugiadas cuatro personas: un líder de la Plaza Minorista, que vive desde hace varios años allí; el líder comunal Mauricio Adolfo Asprilla Martínez, que se encuentra en detención domiciliaria; el defensor Julio César Rengido Hortúa; y un investigador de Corpades y Análisis Urbano, éste último ante los seguimientos de los que ha sido objeto por hombres desconocidos, que han visitado su residencia para amedrentarlo por su trabajo de investigación en temas de crimen organizado y corrupción.

¿Ahora qué hacemos? El anuncio del presidente Santos en cuanto al pacto para la protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos debe ser aplicable con medidas urgentes como establecer quiénes están detrás de los asesinatos, pero también de la protección que los organismos del Estado deben brindarle a quienes se encuentran en riesgo. La UNP debe reevaluar cómo mide el nivel de riesgo. ¿Si se elimina un esquema se eliminan los enemigos que produjeron las amenazas y prepararon los atentados? Esta es la pregunta que debe responder el Estado antes que lamentar el aumento de líderes asesinados.

En manos del CERREM y del Gobierno nacional quedan la vida de estas cuatro personas y de decenas más que solo reciben abandono y olvido por un Estado que hace rato pareciera haber dejado de ser social y de derecho.

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