Lo que debe saber el presidente Duque sobre el Bajo Cauca

En la mañana del jueves 4 de octubre se realizó un Consejo de Seguridad en Caucasia. El encuentro contó con la presencia del presidente Iván Duque Márquez, la cúpula de las Fuerza Armadas y de Policía, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez y los seis alcaldes de la subregión. Allí evaluaron la situación de orden público que se vive por estos días, no solo en dicho municipio —donde recientemente falleció un menor de edad que resultó afectado por una granada—, sino también en los demás pertenecientes al Bajo Cauca.

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En el encuentro el presidente Duque debió ser informado de la crítica situación de derechos humanos que se vive en la subregión, cuyos municipios están secuestrados por el crimen y una parte de la institucionalidad está señalada de tener nexos con el crimen urbano-rural, siendo el caso más llamativo el del alcalde de Cáceres para el periodo 2016-2019, José Mercedes Berrío, capturado por sus presuntos vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y quien se encuentra a la espera de ser condenado.

No hay confianza de la ciudadanía con la fuerza pública. De acuerdo con algunas fuentes en terreno, el incremento del narcotráfico y la minería ilegal criminal ha sido posible por la inclusión en la nómina del crimen de algunos de los encargados de hacer los operativos. Se cuenta además el caso de alias Montero, narcotraficante dueño de la franquicia del narcotráfico en el corregimiento de Guarumo, en Cáceres, quien con total anonimato se mueve por Caucasia, lo que hace pensar que la protección oficial viene desde las altas esferas del poder. Se hace proteger de sicarios urbanos, que hacen presencia en Medellín y el Valle de Aburrá, y ofrecen el servicio de protección.

Caucasia tuvo en 2017 un índice de 53 homicidios, mientras que en lo corrido de 9 meses del año la cifra se ha duplicado: 114. En los demás municipios de la subregión el panorama no es alentador.

Este fenómeno se repite en Tarazá y Cáceres —zona de confrontación entre las AGC y Los Caparrapos—; allí las víctimas son personas que por estar relacionadas con presuntos integrantes de un grupo contrario, son asesinadas. Los criminales matan por chismes y sospechas.

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En El Bagre, Zaragoza y Nechí no se han incrementado los homicidios. Estos municipios se encuentran en el corredor estratégico del ELN, que tiene sus dominios en la Serranía de San Lucas, en el Sur de Bolívar, propiamente en el corregimiento de Puerto López, pese a haber una amenaza de un grupo que se denomina Bloque Central Bolívar Bajo Cauca, con incidencia en el corregimiento de Puerto Claver, en El Bagre, y el corregimiento de La Palizada y las veredas Jobo y Jobo Medio, en Zaragoza. Los Héroes del Nordeste, que operan en Remedios y Segovia, también han incursionado en Zaragoza.

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Información en terreno suministrada por fuentes reservadas a la Agencia de Prensa Análisis Urbano denuncian la presunta vinculación de un funcionario público de la alcaldía de Zaragoza con las AGC; organización a la que suministra información y además visita sus campamentos. Las autoridades de policía ven con desconfianza este tipo de acciones, lo que dificulta la operación de la Fuerza Pública en su lucha contra el crimen.

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A las acciones del crimen se suma la corrupción, que tiene tras las rejas a alcaldes y exalcaldes de varios municipios. Por ejemplo, en Nechí, el alcalde Miguel Enrique Franco Menco (2016-2019) se encuentra detenido por delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración indebida de contratos, mientras que el exalcalde Eduardo Cabrera Urbiña (2012-2015) está capturado por peculado por apropiación, a la vez que fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación. Los dos esperan ser condenados.

La inestabilidad política es insumo importante para el avance del crimen. Las organizaciones delincuenciales aprovechan el desgobierno para poner sus fichas y tener el control de las decisiones políticas, facilitándoles la información para evitar ser capturados.

En Caucasia, tanto el alcalde Óscar Aníbal Suárez (2016-2019), como el exalcalde José Nadim Arabia Abissad, estarían siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación como determinadores del asesinato de Sergio Guerra, Óscar Muentes y el periodista Dorancé Herrera. Asimismo, durante sus campañas políticas, presuntamente recibieron apoyo del que sería el financiador de La Oficina del Valle de Aburrá —conocida como La Oficina de Envigado—, José Bayron Piedrahita Ceballos, y que está a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos. Estas relaciones deterioran la confianza del Ejército y de la inteligencia.

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La implementación del Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en municipios como Tarazá y Cáceres ha sido un completo fracaso. Los campesinos cultivadores de hoja de coca que firmaron las actas de compromiso de sustitución voluntaria están siendo amedrentados por los criminales. De la mensualidad que reciben por parte del Gobierno deben pagarle un porcentaje al comandante que controla la zona. Las amenazas han llegado al límite de sugerirles comprar el ataúd con ese dinero. Las garantías para la sustitución no están dadas y las acciones de la Fuerza Pública, pese a que en 2016 se puso en marcha la Operación Troya, al mando del Batallón de Infantería N.º 11 Rifles, y está en operación el Plan Meteoro, los resultados no han sido satisfactorios.

El presidente Duque debe conocer la verdad de lo que sucede en el Bajo Cauca. En abril del 2017 el fiscal Néstor Humberto Martínez visitó Caucasia y se comprometió con judicializar a los criminales y a los funcionarios públicos que les facilitan su accionar. Las capturas hablan por sí solas. El compromiso presidencial debe tener varios componentes: 1) revisión del PNIS, 2) protección de los líderes sociales comprometidos con la implementación del Acuerdo Final, 3) relevo de las cúpulas militares para reorientar la lucha contra el crimen,  4) incremento en el pie de fuerza para realizar la inteligencia por parte del CTI y el Gaula Militar, 5) la legalización de la minería artesanal —no criminal—, y 6) la inversión social en los seis municipios, en donde las necesidades básicas insatisfechas superan el promedio del departamento. Si no se dan estos compromisos, el Bajo Cauca seguirá siendo un caldo de cultivo para la expansión del crimen y el incremento de las fronteras del comercio transnacional de coca.

Apunte Urbano

El 30 de marzo de 2017, la Agencia de Prensa Análisis Urbano publicó el artículo «En el Bajo Cauca el crimen deambula libremente» evidenciando el grave problema de orden público que se venía generando en la subregión del Bajo Cauca; incluso se mostró la existencia de la estructura paramafiosa de Los Caparrapos. Esta fue negada insistentemente por altos oficiales de la Policía Nacional de Colombia y un año después tuvieron que reconocer que Los Caparrapos no eran un mito urbano-rural. Esos mismos oficiales han negado también que el crimen trasnacional con rostro mexicano deambule libremente en esta subregión, problemática que está confirmada plenamente.

Ayer estuvo el presidente Iván Duque en el Bajo Cauca apersonándose de la grave situación de orden público que se vive allí, con él estuvieron altos oficiales de la Policía, algunos de ellos son los que negaron hasta la saciedad la existencia de la mencionada organización criminal y obviamente la del crimen trasnacional, además de la gravedad del conflicto armado que se desarrolla. ¿Por qué esos altos oficiales no han dado un paso al costado si saben que le mintieron descaradamente al anterior presidente de la república y a la ciudadanía en general? ¿Será que ayer volvieron a mentir?