Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, rectora de Santander: Entregaba a paramilitares de las AUC estudiantes para violar y reclutar

FECHA:

  • La exrectora fue condenada a 20 años y 9 meses de prisión por delitos como secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado.

SANTANDER, COLOMBIA (4 FEB 2024) – En un caso que ha conmocionado a la comunidad educativa y a la sociedad en general, un juez penal especializado de Bucaramanga, Santander, ha dictado una severa condena contra Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora de un colegio en Charalá, y José William Parra Arroyave, auxiliador político del frente Comunero Cacique Guanentá. Ambos fueron hallados responsables de crímenes que incluyen abusos sexuales contra estudiantes y reclutamiento forzado de menores para las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Gutiérrez de Moreno, entre 2001 y 2003, fue acusada de facilitar y coordinar el abuso sistemático de jóvenes estudiantes por parte de líderes paramilitares. Presentaba a las jóvenes en eventos como bazares y reinados de belleza y utilizaba las instalaciones del colegio, incluida la oficina de la rectoría, para llevar a cabo estos atroces actos. La exrectora fue condenada a 20 años y 9 meses de prisión por delitos como secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado.

Por otro lado, Parra Arroyave fue reconocido como colaborador en los crímenes, promoviendo el reclutamiento forzoso de menores y entregando a 23 adolescentes a la organización armada. Además, se estableció que uno de los menores fue víctima de abuso sexual reiterado por cabecillas paramilitares. Por su implicación, Parra Arroyave recibió una condena de 24 años y 2 meses de prisión por delitos como entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.

Estas sentencias, producto de una meticulosa actividad investigativa y en línea con los parámetros de la Ley 600 de 2000, representan un paso significativo en la lucha contra la violencia y el abuso en el contexto del conflicto armado en Colombia.

A.U.

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