Buenos Aires, 8 abril.- Varias organizaciones sociales argentinas convocaron una marcha para este jueves frente a los ministerios de Trabajo y Desarrollo social, en Buenos Aires, para reclamar «la apertura de los programas de empleo y un aumento salarial de emergencia» en los barrios más pobres.
«La segunda ola de covid 19 ya esta haciendo estragos en los sectores populares y nuestros barrios siguen padeciendo las mismas problemáticas: miles de familias viviendo en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento; existen grandes dificultades para acceder al agua potable y a los insumos para mantener las condiciones de higiene; y la desocupación, el hambre y la pobreza han escalado a niveles impensables», destaca el comunicado de convocatoria de la marcha.
La manifestación, de varios cientos de personas, llevó a cortar la céntrica avenida 9 de Julio de Buenos Aires, cuando restan apenas unas horas para que empiecen a regir en la ciudad y otros distritos del país las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno para frenar el fuerte aumento de contagios de las últimas semanas.
Las organizaciones reclaman que los salarios se equiparen a la Canasta Básica Familiar, que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), correspondientes a febrero, se ubicó en 46.173 pesos (unos 471 dólares) para hogares con 3 miembros, 57.997 (unos 592 dólares) para familias de 4 personas y 61.001 (unos 612 dólares) para 5 miembros familiares.
Los datos del Indec afirman que en los últimos seis meses del 2020 la pobreza llegó a un 42 %, mientras que las personas que no alcanzan ni siquiera a cubrir la canasta de alimentos y por lo tanto son consideradas indigentes representan el 10 %.
Las organizaciones sociales critican también que «la semana pasada el presidente (Alberto) Fernández y el ministro de Desarrollo Territorial y Habitat, Jorge Ferraresi, no dudaron en dejar caer un decreto, habilitando con esto desalojos en masa y un nuevo tarifazo de alquileres».
«No tienen respuesta hacia les que vivimos en hoteles, pensiones, villas, asentamientos, casas colectivas, recuperaciones de tierra e incluso en situación de calle. Cada vez en menos alquileres aceptan chicxs, y cuando decidimos tomar el derecho a la vivienda digna por nuestras propias manos, solo recibimos criminalización y represión», agrega el texto.
