Medellín metropolitano está en el mejor momento para iniciar diálogos urbanos para la paz

Desde el 25 de julio del año 2013, Análisis Urbano y la ONG Corpades anunciaron la tregua producida entre las estructuras paramafiosas que operan en Medellín……
Imagen del Valle del Aburrá. Tomada de la www.eltransporte.com

Redacción Análisis Urbano.

Desde el 25 de julio del año 2013, Análisis Urbano y la ONG Corpades anunciaron la tregua producida entre las estructuras paramafiosas que operan en Medellín y el Área Metropolitana. Los conocidos erróneamente como “Urabeños” (en realidad Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y “La Oficina del Valle de Aburrá” -criminales herederos de la mafia del país y de fallidos procesos de desmovilización paramilitar- llegaron a un acuerdo de no agresión al que se denomina “Pacto del fusil”. Hoy, dos años después de su implementación, y aunque las autoridades nacionales y extranjeras, como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, reconocen la veracidad del pacto, la institucionalidad local continúa negando su existencia; principal error a la hora de enfrentar una problemática.

Si bien es cierto que este pacto ha influido en la reducción de homicidios que refleja Medellín y la mayoría de los municipios del Valle de Aburrá -con excepción de Barbosa, municipio este en el que se ha desatado una cruenta guerra por el control territorial-, también es real que este acuerdo a reconfigurado el crimen organizado y ha facilitado el aumento de otros crímenes que flagelan directamente a la sociedad civil: como son la desaparición forzada , la extorsión, el “pagadiario” y el tráfico de drogas, entre otros delitos que los ciudadanos padecen.

Ocultar esta realidad como lo han hecho las autoridades, en lugar de aprovecharla para dar inicio a una salida negociada del conflicto armado urbano, ha permitido que se prolongue y otras conductas criminales se afiance en el tiempo. No obstante, la nueva administración de Medellín, parece que va a tener una visión distinta de la problemática; el nuevo mandatario de la ciudad, Federico Gutiérrez, podría pasar a la historia como el alcalde que inició un verdadero proceso de paz en la capital antioqueña.

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Imagen de Federico Gutiérrez, alcalde electo de la ciudad de Medellín. Tomada de www.elpalpitar.com

En el foro sobre Seguridad realizado el pasado agosto -promovido por El Espectador, la fundación Paz y Reconciliación, y la Universidad Eafit-, Federico Gutiérrez, próximo alcalde de Medellín, no negó la existencia del Pacto del Fusil y por el contrario, grosso modo, lo definió de la siguiente manera: “La mal llamada Oficina, los mal llamados Urabeños, que dijeron: dividámonos territorios, no nos matemos, y controlemos rentas ilegales”.

Este tipo de declaraciones otorgan esperanzas porque dan a entender que el próximo mandatario tiene intenciones de gobernar con trasparencia, ya que entiende la problemática y empeña su palabra iniciando por reconocerla.

La misma tónica se espera que el resto de administraciones municipales del Valle de Aburrá, e incluso el nuevo gobernador de Antioquia, Luis Emilio Pérez Gutiérrez. Reconocer el problema de seguridad y pensar seriamente en cuál sería su salida, posibilitaría el camino a la obtención de la paz urbana para todos los habitantes del Medellín metropolitano, afianzando así el proceso de paz en Colombia.

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Imagen del gobernador electo de Antioquia, Luis Emilio Pérez Gutiérrez . Tomada de 360radio.com.co

Solución al conflicto urbano en Medellín debe contar con la sociedad civil

En agosto, septiembre y octubre de 2014, Análisis Urbano tuvo conocimiento de que en la ciudad se venían llevando a cabo unos diálogos urbanos ocultos en los que, supuestamente, estuvieron participando delegados de la iglesia, del movimiento No Mataras, de Comité Internacional Cruz Roja (CICR) y de la Administración Municipal de Medellín. Sin embargo, la Administración Gaviria negó su participación y el CICR ni negó ni confirmó.

Desde la unidad investigativa de Análisis Urbano se pudo establecer que los diálogos ocultos apuntarían a una posible desmovilización, pero sin atacar los problemas de raíz y pasando a ser como tantas que se han hecho en la ciudad. De acuerdo a la historia violenta y criminal de Medellín, está demostrado que ningún acuerdo o diálogo tras bambalinas ha sido exitoso, sólo se han ofrecido periodos de “Pacificación” militar del Valle de Aburrá, donde lo ilegal y legal parecen acordar reglas de comportamiento y de “respeto” mutuo; tal como lo fue la Para-tranquilidad, también conocida como “Donbernabilidad”, un cogobierno del crimen que se dio en la administración Fajardo y que en realidad fue facilitado, por acción o por omisión, por el gobierno de la llamada Seguridad Democrática, bajo el argumento que se debía apoyar la desmovilización de los bloques paramilitares urbanos, la cual terminó siendo parcial ya que las bandas paramilitarizadas quedaron intactas.

El asunto es que los acuerdos o negociaciones ocultas no proporcionan bien a la ciudadanía precisamente porque no gozan de la legitimidad de la misma. La criminalidad que vive el Medellín Metropolitano es un asunto de todos sus ciudadanos y no un tema vedado para los mismos. Por tal razón, la Administración que va a iniciar Federico Gutiérrez, y el resto de administraciones del Valle de Aburrá, ahora tienen la opción de hablar con transparencia.

De no existir ningún tipo de negociación oculta con los ilegales, igualmente, ya es hora de empezar a hablar de ella. Colombia atraviesa un periodo que está enmarcado en el proceso de Paz que se lleva en La Habana con las FARC -y posiblemente en el Ecuador con el ELN-, y aunque el conflicto armado urbano tiene otros orígenes, la coyuntura del posconflicto debe aprovecharse para iniciar unos Diálogos Urbanos Metropolitanos para la Paz, pero en clave del respeto a los derechos humanos; proceso que también debe sentar en la mesa a la sociedad civil.

Si se aísla a la sociedad civil de la toma de decisiones, o del planteamiento de soluciones que apunten a terminar el conflicto urbano, criminal y violento que vive Medellín y el resto del Valle de Aburrá, va a surgir el primer problema que empañaría el proceso: la desconfianza. La sociedad civil es la que directamente padece este flagelo por lo tanto debe ser escuchada. Académicos e investigadores sociales y comunitarios llevan años, décadas, estudiando este conflicto y ofreciendo, sin ser escuchados, posibles salidas al mismo. Estas propuestas deberían tener un respaldo estatal y ser elaboradas en conjunto por una simple razón: la única política de seguridad legítima para la ciudad se debe construir desde el Estado.

En este sentido, la administración de Federico Gutiérrez, teniendo en cuenta el talante reflejado, abierto, democrático y de construcción en equipo, no debería desechar la propuesta que planteó Gabriel Jaime Rico en su campaña: la creación de una Comisión Local para el Post Conflicto. Este organismo tendría como objetivo el análisis y la implementación de soluciones reales que apunten a las raíces de la problemática de seguridad en Medellín. No obstante, este proceso sería algo ineficiente si no se toma en cuenta el resto del Área Metropolitana, por lo tanto, sólo se consolidaría un éxito en la medida que el resto de alcaldes electos del Valle de Aburrá, y el nuevo gobernador se comprometan con el mismo.

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Imagen del Valle del Aburrá. Tomada de la www.eltransporte.com

De acuerdo a la propuesta inicial, la comisión la integrarían académicos e investigadores sociales, personas de diferentes banderas sociales, políticas e ideológicas, pero reconocidas por proponer soluciones a la inseguridad de la ciudad metropolitana y por su fuerza en la denuncia de la misma. No obstante, el nuevo alcalde puede aumentarla y estructurarla para que esta idea apunte a una salida negociada del conflicto urbano, y por fin se inicie un proceso real y trasparente de paz en el Valle de Aburrá.

En la misma línea de la coherencia, hay que decir: ninguna paz va a llegar a Colombia con unas firmas en La Habana, cuando en el Medellín metropolitano los desmembramientos, las desapariciones, y otros actos atroces adornan los titulares de la prensa local con la misma frecuencia que lo hacen los marcadores de fútbol. La paz que tanto se espera difícilmente va a llegar a la ciudad porque aquí el conflicto es urbano y sus prácticas y orígenes son otros.

Llevamos décadas ofreciendo paliativos al problema. Más de 180 mil millones de pesos se invierten anualmente en medidas y políticas para aumentar la seguridad en la ciudad, y la inversión se materializa en aumento de pie de fuerza, aumento de técnicas de vigilancia y pago a delaciones… Y Medellín continúa violenta y desmembrada.

Ahora bien, aunque La Habana no traiga la paz a la capital antioqueña, la coyuntura del posconflicto, sumada a la que se presenta por el Pacto del Fusil, si puede dar inicio a un posible proceso para el  fin del conflicto. Es cierto, como dice el fiscal general Eduardo Montealegre, que las estructuras armadas que controlan y cogobiernan en Medellín no tienen estatus político y por lo tanto no pueden ser sujetos de justicia transicional, pero se equivoca cuando plantean que no son actores del conflicto porque, al menos en Medellín y el resto del Área Metropolitana, sí lo son.

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De ahí la importancia de entender la diferencia entre el conflicto armado urbano y el rural.  El conflicto urbano es criminal y violento, y se ha consolidado gracias a la mezcla del paramilitarismo y la mafia, lo cual originó estructuras poderosas de crimen organizado. Los pactos de no agresión entre ilegales influyen en el descenso de los homicidios, y cuando se dan, aunque sea tensa, proporcionan calma al interior de las comunidades. En otras palabras, son actores fundamentales en materia de sensación de seguridad en los territorios, más de la que otorga la fuerza pública, la cual goza de profunda desconfianza entre los habitantes, precisamente por la connivencia que un sector de esta institución ofrece a los criminales. En otras palabras, quiérase o no reconocer, estamos ante un modelo de seguridad compartida, donde el crimen apuntala la seguridad urbana.

El conflicto urbano que no sólo es armado -también es territorial, económico y social- está acabando especialmente con la juventud de la ciudad y con los habitantes de los barrios populares del Medellín Metropolitano. Ante las dimensiones que ha alcanzado este conflicto, insistimos en la necesidad de tomar cartas en el asunto y generar una propuesta que apunte su finalización.

Por tal razón, y agotados de la violencia y la criminalidad de la que a diario somos testigos (cuando no víctimas), la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), una vez más, propone dar inicio a los Diálogos Urbanos Metropolitanos para la Paz, a través de una Comisión Local para el Post Conflicto. Y le pide al futuro alcalde, Federico Gutiérrez, que se caracterice por ser diferente e incluyente, y que esta vez escuche a la ciudadanía, a la sociedad civil que se ha dejado hasta la vida investigando y tratando de hacer frente al crimen en Medellín. Que esta vez no deseche la propuesta, que por el contrario, la retome y la retroalimente y pase a la historia como gestor de la paz en la capital antioqueña, una paz alcanzada entre todos y para todos. También le pide que lidere esta propuesta para que se extienda al resto del Valle de Aburrá, y cuente con el respaldo del gobernador electo y de los nueve alcaldes elegidos el pasado 25 de octubre.

Pero reconociendo lo difícil de esta labor, el llamado también se eleva al gobierno nacional y sus dependencias. En tiempos de posconflicto, el presidente Juan Manuel Santos también debe comprometerse con Medellín y su Área Metropolitana. Es el momento oportuno para finalizar el conflicto en las ciudades; si los Diálogos Urbanos Metropolitanos para la Paz son exitosos en el Valle de Aburrá, con epicentro en la capital antioqueña, esto podría ser un laboratorio piloto y aplicarse, ajustándolos a las condiciones de cada territorio, para finalizar el problema de seguridad en otras ciudades en extremo violentas como son Cali, Cúcuta, Cartagena y Bogotá, entre otras.

¿Por qué aprovechar la coyuntura del pacto del fusil?

Esta tregua se implementó básicamente por cuatro razones:

  1. El costo económico y la disminución de fuerza que estaban dejando los enfrentamientos entre las estructuras paramafiosas y su más de 500 bandas que, entre otras cosas, sólo estaba generando pérdidas en los ingresos que aportan las finanzas criminales, que son cuantiosas.
  2. El nivel de violencia que alcanzó su guerra por el exterminio mutuo, el cual se llevó por el medio cientos de inocentes con el objetivo de lograr el control territorial, nivel que no sólo causo muertes violentas sino que envió mensajes de terror a fin de amedrentar al enemigo con tácticas como el desmembramiento y tortura en espacios que denominamos ‘casas de tortura’, y como consecuencia sólo les trajo repudio del sector popular y aumento en el monto ofrecido por sus cabezas lo cual les causó mayor persecución y presión estatal.
  3. La u de bajar el perfil criminal para poder continuar llevando negocios con tranquilidad en el territorio, y lograr así una mejor distribución de la renta ilegal.
  4. La más importante, la necesidad de prepararse con algún gesto de paz -en este caso el pacto del fusil- para ambientar la iniciación de un proceso de paz que les posibilitara la reorganización del mundo criminal bajo otro modelo de control militar, territorial, social, político y económico.

Estos cuatro argumentos también son expresados en el programa Infrarrojo, en un capítulo llamado Medellín bajo el pacto del fusil y en un especial de Teleantioquia Noticias titulado Pacto de fusil en Medellín.

Ahora bien, en estos testimonios audiovisuales, en un video del periódico El Colombiano titulado El Combo, un mundo de muerte, del cual quieren salir, y en las entrevistas que ha realizado Análisis Urbano, se refleja una sensación que siente gran parte de la base del ejercito criminal que conforman las estructuras paramafiosas que cogobiernan en el Valle de Aburrá: la guerra también cansa y muchos criminales están en ella por falta absoluta de oportunidades y ausencia del Estado en los territorios. Esta sensación se potencia cuando se llega a un acuerdo entre ilegales y más aún cuando se está ante una latente ruptura, por lo tanto también debe ser aprovechada para lograr el fin del conflicto urbano, criminal y violento.

Los pactos, como bien dice Jaime Jaramillo Panesso, se acuerdan para sobrevivir. Los criminales acuerdan no tocarse porque son conscientes del exterminio mutuo al que se someten y, según ellos, “nadie quiere morir”. Por lo tanto, el Pacto del Fusil, aparte de facilitar el reacomodamiento criminal y la distribución de los territorios y las extorsiones, también les ofrece un espacio para la vida, por ilegal que esta sea.

Si el Estado aprovechara este acuerdo -que bien es sabido está temblando y ha dado muestras de crisis o de fracturas en algunos sectores, que podrían conducir a una ruptura total-, toma en cuenta la fatiga que produce la guerra y basado en principios de oportunidades ofreciera salidas reales al conflicto, de seguro sería escuchado.

La ganancia del conflicto armado; que proviene del tráfico de drogas en Medellín, porque no es ningún microtráfico –un microtráfico no deja una renta de 3500 millones de pesos mensuales por comuna-; más las extorsiones, renta ilegal que son el sustento real de la mafia; y otras finanzas criminales, otorga millonarios ingresos que enriquecen a los cabecillas del negocio. La enorme cantidad de muchachos de base, la que controla los barrios, no pasa de recibir un sueldo mensual que puede estar entre 500 mil o 700 mil pesos. Una cifra mínima a la que muchos de ellos recurren porque no obtienen trabajo fácil, o simplemente porque la poca capacitación que han recibido no ha sido otra que la de delinquir.

“La única salida de esto es la cárcel o muerto y nadie se quiere morir, pero es que no tenemos de otra. Si fuésemos solos, vaya y venga, pero es que nosotros también tenemos familia, tenemos que responder con ella. Y nosotros no sabemos hacer nada más”, dice Caliche, uno de los tantos muchachos que hacen parte de un grupo criminal desde los 14 años. Algunos jóvenes en Medellín, especialmente quienes nacen y se crían en los barrios periféricos, no han tenido otro referente que la violencia y por ello la naturalizan, porque toca las puestas de sus casas y los invita a hacer parte de ella como opción de vida.

Estos mismos jóvenes hoy agradecen el pacto del fusil y afirman que de parte y parte (Urabeños y Oficina) están poniendo de su parte para que no finalice, porque están cansados de morir. Argumento algo romántico que sólo importa al que posiblemente puede morir; a los jefes reales de las estructuras paramafiosas no les importa la cantidad de miembros rasos que mueran en su ejército ilegal, pues estos sólo son vistos como recurso humano, eslabón humano remplazable en la cadena que sostiene el crimen.

Esta situación, este hastío que ocasiona la guerra, podría fortalecer la coyuntura. Una salida negociada que apunte al sometimiento pero basado en oportunidades puede tener gran aceptación en tiempo de pactos, acuerdos y treguas, porque la base del ejército criminal, que son jóvenes cuyo pecado es ser pobres y vivir en barrios populares de Medellín, está cansada de morir.

No obstante, el eslabón más fuerte de la cadena que sostiene al mundo criminal es la protección oficial que una parte corrupta del Estado le ofrece al crimen y es lo que le permite fortalecerse, por ello, es necesario que las nuevas administraciones de Antioquia y el Valle de Aburrá entiendan, de una vez por todas, que ninguna solución o política en materia de seguridad será efectiva si no se inicia la depuración efectiva de la institucionalidad.

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Imagen de la guerra de las Convivir.

Diálogos Urbanos Metropolitanos para la Paz

El actual pacto del fusil también ha servido como base para presentarse ante la sociedad, y ante el Estado, como una propuesta de “paz urbana”; una tregua sin regulación ni intervención estatal, suscitada de forma inmediatista y coyuntural, que se pretende mostrar como modelo de pacificación en  comunas y corregimientos.

Lo preocupante de este tipo de acuerdos es su fragilidad debido a lo coyuntural, su impacto en la violación a los Derechos Humanos, y el intento de las autoridades locales de legitimar una política de seguridad ilegal e ilegítima, mediante la apropiación de los resultados de la misma, hipótesis que se refuerza con la declaración del general José Ángel Mendoza, frente al tema: “Aquí no hay ningún pacto de bandidos para favorecer a los ciudadanos, hay una muy buena acción de todas las instancias de seguridad, de los organismos que tenemos que ver con el tema”.  Esto no es cierto y no puede convertirse en una suerte de juego en el que “todos ganan”: el Estado se atribuye la disminución de homicidios y otros hechos delincuenciales y las estructuras criminales bajan su perfil y delinquen con mayor tranquilidad.

Sin embargo, se pasa por alto un detalle: la historia de esta ciudad ha demostrado que cuando estas treguas se rompen, la guerra urbana regresa y lo hace con mayor fiereza, arrasando cientos de vidas, y todo porque no se entiende que la única política de seguridad legítima debe ser construida desde el Estado y/o con la comunidad. Lo ocurrido entre el año 2007 y el 2013, donde se presentaron más de 7 mil asesinatos, confirman los riesgos que corren los pactos cuando se dan entre criminales y son afianzados por sectores de la institucionalidad.

Por ello, y antes de que esto ocurra, es necesario hablar de los Diálogos Urbanos Metropolitanos para la Paz, especialmente para que no se sigan implantando políticas ilegitimas de seguridad

El objetivo de los diálogos es claro: Estado, representantes de la sociedad civil, integrantes de estructuras criminales dialogando para obtener posibles soluciones que apunten a la obtención de la paz urbana; discusión de  propuestas concretas y reales que puedan garantizarla; negociación que apunte no a la desmovilización –que bien se ha demostrado ser un proceso fallido, especialmente en Medellín- sino a una perspectiva de sometimiento a la justicia bajo principios de oportunidades, con dignidad pero sin impunidad.

Los diálogos deben darse en clave del respeto y no vulneración de los derechos humanos, incluso para los victimarios. Unos diálogos que inicialmente deben apuntar a tres objetivos:

  1. Humanización del conflicto, materializándose en el respeto a los DDHH y la aplicación del DIH, que en otras palabras, es sacar a la sociedad civil del conflicto.
  2. Reducción del miedo, a través de la disminución progresiva del control territorial por parte de los actores armados legales e ilegales. Específicamente en los siguientes aspectos:

Social: Puesto que hay intimidación en el desarrollo del trabajo social ya que la ilegalidad ha cooptado amplios espacios de las organizaciones sociales y comunitarias.

Político: Los ilegales también cooptaron los espacios de participación política de la ciudadanía, algunos relacionados con Presupuesto Participativo.

Económico: Intimidación por parte de “paga diarios”, también están las vacunas y otros tipos de extorsiones.

  1. Generar salidas negociadas para desactivar el conflicto armado.

Esta propuesta no plantea la solución final para acabar el conflicto urbano, lo que se propone es iniciar un proceso de paz urbana a través de los diálogos, y que con ellos se encuentre y se logre esa solución. Teniendo en cuenta, eso sí, que mientras se llega a un acuerdo, tal como se hizo en La Habana, las estructuras criminales deben dar muestra de voluntad de negociación y regular el conflicto que no es otra cosa que humanizarlo.

Y tanto la institución, como la sociedad civil y las estructuras criminales, deben comprender que mientras se inicia un proceso de paz,  regular y humanizar el conflicto, en la práctica real, consiste en hacer frente a unos puntos de discusión que generan sensibilidades y hieren susceptibilidades. Puntos que deben discutirse y afrontarse aunque puedan resultar inconvenientes o dolorosos ya sea para las víctimas o para los victimarios. Entre ellos:

-Entrega saneada de las casas y predios que han sido arrebatadas a las miles de víctimas del despojo urbano y rural.

-Entrega de las fosas o sitios donde se encuentran aquellos que han sido víctimas de desaparición forzada.

-Identificación, desmonte y entrega de las casas u hoteles de tortura utilizados para el desmembramiento y tortura de personas, y garantías de no repetición.

-Entrega de las personas que ejecutan las acciones atroces para que vayan a reclusiones especiales para enfermos mentales.

-Que cese el desplazamiento forzado, dejando de involucrar a los familiares de aquellos que hacen parte de la guerra.

-Garantizar un retorno con seguridad para las familias que han sido desplazadas.

-No más reclutamiento forzado de menores por parte de sus organizaciones.

-Sacar a la comunidad y sus organizaciones sociales del conflicto, aplicando el DIH en Medellín.

-Sacar las casas de vicio de colegios, escuelas y zonas donde pueda afectar o incentivar a los menores de edad al consumo.

-No más menores de edad consumidores, cero venta de drogas a menores de 18.

-Erradicar la heroína del consumo de Medellín y su Área Metropolitana.

-No cobrar vacuna, especialmente a sectores vulnerables de la población y en extrema pobreza.

-Desmonte de los paga diarios y que el Estado se comprometa a dar garantías de crédito a las familias.

-Respeto al sector LGTBI y cese de feminicidios, específicamente, cese total de la toma de mujeres como botín de guerra.

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Imagen de cuerpo abandonado en las calles de Medellín. Foto Archivo de Análisis Urbano.

El Valle de Aburrá cuanta con más de 13 mil hombres en armas de manera ilegal. Ya es hora de hablar del fin real del conflicto urbano. Pero esta cantidad de hombres no puede terminar en las cárceles de la ciudad, que bien son conocidas por su trato inhumano y su hacinamiento de reclusos. Penitenciarias que se han convertido en escuelas del crimen por su falta de control.

Para dar fin al conflicto armado urbano es necesario humanizar la vida carcelaria. No podemos hablar, ni se puede pretender, un sometimiento a la justicia con dignidad pero sin impunidad bajo el sistema carcelario actual. Por tal razón, se puede plantear el descongestionamiento de la vida carcelaria a través de la creación de al menos cuatro nuevas edificaciones llamadas Centros de reclusión de Paz, que en realidad serían reclusorios de sana convivencia, donde el individuo tenga una verdadera labor de resocialización, una cercanía constante a su familia, y cumpla su sanción con la realización de un trabajo y reciba remuneración.

Además, éstas deben contar con un componente pedagógico donde se eduque, se capacite, se tecnifique y se profesionalice al sujeto para facilitar sus opciones de supervivencia una vez cumplida la sanción. Así mismo, debe contar con un enorme componente de tratamiento sicológico y sicosocial, que le permitan recuperarse y crear una nueva identidad que lo haga sentirse un sujeto políticamente activo en pro de la sociedad y su comunidad.

Este modelo podría evitar que en las cárceles se continúen generando las casas de patios, el cacicazgo, o los comités de cuchillo, entre otros.

Para finalizar, los diálogos iniciarían con la instalación de mesas de ciudad amplias en clave de DDHH, DIH y Paz. Podrían contar con la participación de otros actores de la sociedad como el académico, ONG’s nacionales e internacionales, Comité Internacional Cruz Roja (CICR), entre otros, y abordarían los puntos de discusión mencionados anteriormente y otros temas sensibles a la ciudad como son el desmonte de ‘Las Convivir’, fundamental para recuperar la legitimidad del Estado. Además, construirían conjuntamente la agenda que determine tiempos y apuestas concretas.

Esta iniciativa, en caso de ser tomada en cuenta por Federico Gutiérrez, próximo acalde de Medellín; emulada por el resto de alcaldes electos del Valle de Aburrá; y asumida igualmente  por Luis Perez, próximo gobernador de Antioquia; también requeriría de un compromiso por parte de diferentes sectores de la institucionalidad: Congreso, Asamblea y Concejos Municipales de Medellín y el Área Metropolitana, deberían nombrar una comisión accidental para tratar el tema del conflicto urbano. Y de ser necesario, también podría plantearse la creación de una Consejería Nacional  para La Paz Urbana que haga parte de un Ministerio para las Ciudades.

Si esta apuesta es exitosa en el Medellín Metropolitano, sería un proceso replicable al resto del país. El objetivo es claro: eliminar la violencia y la criminalidad de la cotidianidad de las ciudades, de su vida pública y privada, para poder devolverle a la sociedad la seguridad y la participación, la cual es el embrión básico de la democracia.

El Medellín metropolitano es fuertemente dominado por la criminalidad, ya es hora de parar. Debe aprovecharse la coyuntura del postconflicto para discutir una nueva forma de encarar la realidad urbana, un verdadero postconflicto debe cerrar todas las puertas de la violencia y guerra, tanto en el campo como en la ciudad.

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Imagen tomada de www.eluniversal.com.co

Federico Gutiérrez podría retomar, ampliar y liderar la propuesta de la creación de una Comisión Local para el Post Conflicto, y a través de ella generar e implementar los Diálogos Urbanos Metropolitanos para la Paz. Atrevidamente, desde Análisis Urbano le decimos: no desaproveche la oportunidad que le ofrece la historia para quedar en ella como el alcalde que por fin dio inicio a un verdadero proceso de paz en el Medellín metropolitano, esto sí sería un verdadero premio a la innovación en la ciudad.

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