SANTA MARTA, MAGDALENA (15 MAR 2024) – En un importante avance en la protección de los derechos de los menores, la Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Santa Marta, Magdalena, ha conseguido que un juez de control de garantías ordene medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de una mujer de 22 años. La acusada está presuntamente implicada en el abuso sexual de un menor de edad, específicamente su sobrino de 4 años, en hechos que conmocionaron a la comunidad del barrio Pastrana en noviembre de 2023.
La investigación detalla que la procesada habría aprovechado los momentos en que se encontraba sola con el menor para cometer los actos vejatorios. La denuncia fue presentada por la abuela paterna del niño, lo que desencadenó una serie de investigaciones por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional. La captura de la acusada se efectuó en vía pública de Santa Marta el 1 de febrero de 2024.
Durante las audiencias preliminares, la mujer no aceptó los cargos imputados de actos sexuales con menor de 14 años agravado. Como resultado, y por decisión del juez, deberá cumplir la medida impuesta en la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, asegurando que permanezca bajo custodia mientras avanza la investigación.
Este caso resalta el firme compromiso de las autoridades judiciales y policiales en la lucha contra el abuso sexual infantil en Colombia, marcando un precedente en la acción decidida contra aquellos que atentan contra la integridad de los más vulnerables. Además, refuerza la importancia de la denuncia y la cooperación ciudadana en la detección y prevención de estos delitos.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
