CORPADES alerta sobre crisis en esquemas de protección por negligencia de la UNP
Por estos hechos, CORPADES responsabiliza directamente al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros…
La UNP le entregó un vehículo defectuoso al líder social Jesús Antonio Álvarez. ¿Qué puede esperar un líder social si el mismo Estado que debe protegerlo lo abandona a su suerte? En estas condiciones, ¿cómo hablar de garantías, de Paz Total y de defensa de la vida en Colombia? La negligencia de la UNP es una forma de violencia que, de no corregirse de inmediato, seguirá cobrando vidas de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas
Medellín, Colombia, 2 febrero de 2026.- La Unidad Nacional de Protección (UNP), creada para salvaguardar la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, atraviesa hoy una crisis profunda de credibilidad. No solo ha venido desmontando y desmejorando esquemas de seguridad en todo el país, sino que ahora suministra vehículos en mal estado, inoperables y peligrosos, convirtiendo los mecanismos de protección en factores adicionales de riesgo. Esta práctica irresponsable se traduce en una vulneración directa al derecho fundamental a la vida y en una forma silenciosa de abandono estatal.
El caso del líder social y defensor de derechos humanos Jesús Antonio Álvarez, actualmente en Tierralta, Córdoba, territorio sumamente peligroso por la presencia de actores armados, expone con crudeza esta situación. El 23 de diciembre de 2025, la UNP le asignó un vehículo que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad y que presentaba fallas técnicas severas. A pesar de las advertencias, fue obligado a utilizarlo, hasta que el automotor quedó varado en una vía despoblada de San Pedro de Urabá, en Antioquia, una de las zonas más riesgosas del país, dejando completamente expuestos al protegido, a su familia y a su esquema humano de seguridad.
Lo más grave no fue solo la entrega del vehículo defectuoso, sino la respuesta institucional posterior: la aseguradora, la empresa rentadora y la propia UNP se negaron a autorizar su sustitución, a pesar de existir contratos millonarios financiados con recursos públicos precisamente para garantizar contingencias de este tipo. La negligencia se tradujo en una situación de riesgo inminente para un líder social que, además, carece de recursos propios para resolver su movilidad o asumir reparaciones.
Desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) se radicaron denuncias, se activaron canales institucionales y se solicitó intervención urgente de instancias nacionales. Ninguna entidad respondió. Este silencio no es anecdótico: revela una práctica estructural de indiferencia frente a la vida de quienes defienden derechos humanos en los territorios más golpeados por la violencia. En lugar de protección efectiva, se impone la lógica de la desprotección administrativa, donde el trámite reemplaza la urgencia y la burocracia desplaza la obligación constitucional de garantizar la vida.
El caso de Jesús Antonio Álvarez se suma a una larga cadena de antecedentes que evidencian que estas prácticas no son nuevas ni excepcionales, sino estructurales y persistentes. Uno de los más emblemáticos es el de Henry Torres Torres, líder de comunidades negras del Cauca, quien denunció reiteradamente que su esquema de protección incluía vehículos en mal estado, con fallas mecánicas constantes que comprometían su movilidad y seguridad en territorios de alto riesgo. La respuesta de la UNP incluyó una contradenuncia, señalando que Torres daba mal manejo al vehíclo. El líder presentó acción de tutela para que la cambiaran la camioneta. Fue la única manera de lograr ese cambio.
Otro caso significativo es el de Rubiela Benítez, lideresa social en Arauca, quien también reportó que la UNP le asignó vehículos sin condiciones mínimas de funcionamiento. Le entregaron una camioneta blindada, que no tenía blindaje.
Igualmente, el líder social Osmar Terry, integrante de Fumapaz, denunció que los automotores entregados dentro de su esquema de protección presentaban fallas reiteradas y nunca fueron sustituidos de manera oportuna, afectando gravemente su labor territorial y comunitaria en zonas de alta conflictividad.
Un ejemplo colectivo especialmente grave es el de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), organización que opera en Norte de Santander y cuenta con ocho vehículos convencionales y dos blindados. Su coordinador, Guillermo Quintero, indicó que uno de los carros blindados debía ingresar constantemente al taller por fallas automotrices y que al otro le fallaban los frenos, poniendo en riesgo la vida de quienes lo ocupaban. Además, denunció que la UNP intentó reemplazar uno de los vehículos blindados por otro en condiciones deplorables, sin garantías mínimas de seguridad.
A estas falencias mecánicas se suman problemas estructurales en la provisión de combustible. Haiber Antonio Mejía, vocero de los Guardianes del río Cauca y presidente de la Red Departamental de Veedurías de Antioquia, ha señalado que los sistemas de abastecimiento de gasolina de la UNP son insuficientes y deficientes. En la práctica, los recursos entregados alcanzan, en el mejor de los casos, para quince días, aunque deberían cubrir un mes completo, lo que limita gravemente la movilidad de los protegidos y los expone a mayores riesgos.
Este último caso le ha ocurrido con frecuencia al periodista, líder social, defensor de derechos humanos y director de la Agencia de Prensa Análisis Urbano, Luis Fernando Quijano Moreno, a quien no solo han intentado desmejorar su esquema de seguridad: la UNP también le ha asignado vehículos defectuosos y el recurso de la gasolina no alcanza para el trabajo que tiene que realizar en las regiones.
Estos antecedentes, sumados al caso actual de Jesús Antonio Álvarez, demuestran que no se trata de errores aislados ni de fallas técnicas fortuitas, sino de un patrón sistemático de negligencia institucional que convierte los esquemas de protección en escenarios de vulnerabilidad. En un país donde continúan los asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados contra líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, estas prácticas no solo son irresponsables: son potencialmente letales.
Por estos hechos, CORPADES responsabiliza directamente al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, al gestor Jhapson Velasco Velasco y al funcionario Faider Garcés, por cualquier atentado o daño que pueda sufrir Jesús Antonio Álvarez y su familia. La exigencia es clara: sustitución inmediata del vehículo defectuoso, activación real de protocolos de contingencia, auditoría integral a los contratos de renta y aseguramiento, e investigaciones disciplinarias y penales contra quienes, por acción u omisión, han puesto vidas en peligro.
Señor GUSTAVO PETRO URREGO, Presidente de la República de Colombia by Análisis Urbano Medellín
¿Qué puede esperar un líder social en Colombia si el mismo Estado que debe protegerlo lo abandona a su suerte? ¿Cómo hablar de garantías, de Paz Total y de defensa de la vida, cuando los esquemas de protección se convierten en una fuerte e inminente amenaza? La negligencia institucional ya no es solo una falla administrativa: es una forma de violencia orgánica que, de no corregirse de inmediato, seguirá cobrando vidas.
A.U.