Gobierno ordena eliminar esquemas de protección sin justificación para reducir el gasto público
De la Espriella ordenó revisar los esquemas de protección de la UNP y retirar los que no estén justificados, como parte de su política de austeridad.
Bogotá, 16 de octubre de 2026 – El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una revisión de los esquemas de protección personal financiados por el Estado colombiano, con el propósito de retirar aquellos que no cuenten con una justificación suficiente. La decisión forma parte de las medidas de austeridad anunciadas por su Gobierno para reducir el gasto público.
Durante una visita al Ministerio del Interior, el mandatario cuestionó la asignación de algunos esquemas de seguridad y sostuvo que estos recursos deben destinarse exclusivamente a personas que realmente los necesiten.
De acuerdo con la información publicada por la agencia EFE, De la Espriella fue enfático al señalar que no permitirá que se mantengan beneficios de protección sin el debido sustento.
«No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario», manifestó el presidente.
La revisión estará relacionada con el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad adscrita al Ministerio del Interior que se encarga de evaluar los riesgos y coordinar medidas de seguridad para personas amenazadas por sus actividades políticas, sociales, periodísticas o de defensa de los derechos humanos.
El jefe de Estado aseguró que la misión de esta entidad «se ha desnaturalizado» y cuestionó que, en algunos casos, las denuncias de amenazas puedan dar lugar a la asignación de protección estatal sin una justificación suficiente.
«Eso se volvió una moda en este país», afirmó el mandatario, quien también utilizó las expresiones «payasada» y «vagabundería» para referirse a las situaciones que considera injustificadas.
Los esquemas administrados por la UNP pueden incluir escoltas, vehículos blindados y otros recursos de seguridad, dependiendo del nivel de riesgo establecido para cada beneficiario. Entre las personas protegidas se encuentran líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos expuestos a amenazas relacionadas con sus actividades.
Pese a los recortes anunciados, De la Espriella aseguró que el Gobierno continuará garantizando la protección de quienes enfrenten riesgos que justifiquen estas medidas, independientemente de sus posiciones políticas.
«Cuando se trata de proteger a los colombianos no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado», expresó el presidente.
La revisión de los esquemas también fue presentada como parte de una estrategia para mejorar el manejo de los recursos públicos. Durante su intervención, el mandatario pidió eliminar gastos innecesarios tanto en el Ministerio del Interior como en las entidades que dependen de esa cartera.
En materia de relaciones políticas, De la Espriella reclamó transparencia en los vínculos entre el Ejecutivo y el Congreso. Advirtió que no permitirá el intercambio de contratos, cargos o recursos estatales a cambio de apoyos políticos y aseguró que los posibles casos de corrupción o favoritismo serán objeto de medidas gubernamentales.
Aunque la orden de revisar los esquemas ya fue anunciada, el presidente no precisó cuántos podrían ser eliminados, cuánto tiempo tomará el proceso ni cuál sería el ahorro económico esperado.
A.U.
Este artículo incluye datos e información recopilada a partir del reporte original publicado por la agencia internacional de noticias EFE, el 16 de octubre de 2026.