ZUT del EGC arrancarán en 2026 con suspensión de órdenes de captura
La definición de las ZUT y la suspensión de órdenes de captura marcan, así, un punto de inflexión en la política de paz del Gobierno, en medio de un debate nacional que combina expectativas, escepticismo y la urgencia de resultados concretos para las víctimas y los territorios má
Gobierno suspende órdenes de captura al estado mayor del EGC
Colombia, 28 diciembre de 2025.- El Gobierno colombiano definió que las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) destinadas a los integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) funcionarán hasta el 31 de diciembre de 2026, como parte del proceso de Paz Total impulsado por el Ejecutivo. La decisión quedó consignada en la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025.
Según el documento oficial, las ZUT estarán ubicadas en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó, y en Tierralta, en Córdoba. Estas zonas permitirán la ubicación gradual y progresiva de los combatientes, teniendo en cuenta el estado avanzado de las conversaciones sociojurídicas y los compromisos de tránsito a la vida civil y al sometimiento a la justicia.
La Presidencia de la República explicó que estas áreas buscan facilitar la implementación de acuerdos orientados al desescalamiento del conflicto, siempre bajo la vigencia plena del Estado Social de Derecho y sin afectar las funciones de las autoridades locales. La delimitación geográfica de las ZUT se mantendrá bajo reserva y será objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.
Las Zonas de Ubicación Temporal comenzarán a operar a partir del 1 de marzo de 2026, tras los acuerdos alcanzados en las conversaciones que el Gobierno y el EGC adelantan en Doha, Catar, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países facilitadores.
Suspensión de órdenes de captura y garantías jurídicas
En paralelo, el Gobierno expidió la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, firmada por el consejero comisionado de Paz, José Otty Patiño Hormaza, mediante la cual se ordenó la suspensión de las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, contra los integrantes del estado mayor del EGC.
La medida cobija a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, José Gonzalo Sánchez Sánchez, Orozman Orlando Osten Blanco, Elkin Casarrubia Posada y Luis Armando Pérez Castañeda, cuyos nombres fueron suministrados por un representante del grupo armado y aceptados bajo el principio de confianza legítima, con el objetivo de facilitar su desplazamiento hacia las ZUT.
La resolución instruye al Ministerio de Defensa a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad humana y jurídica durante el traslado de los integrantes del EGC, así como la protección de los derechos de la población civil. Además, asigna a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) la tarea de seguimiento, monitoreo y verificación de las zonas, como parte de un mecanismo tripartito.
Contexto internacional y debate político
Estas decisiones se producen en un contexto complejo, marcado por la reciente designación del EGC como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos, anunciada el 16 de diciembre por el secretario de Estado Marco Rubio. Según Washington, el grupo obtiene sus principales ingresos del narcotráfico, especialmente de cocaína.
La designación coincidió con un momento de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el cruce de declaraciones entre ambos gobiernos.
Pese a las controversias, sectores sociales y organizaciones como CORPADES consideran que estos avances con el EGC podrían convertirse en una hoja de ruta para otros procesos de diálogo y sometimiento en distintas regiones del país. No obstante, advierten que el éxito de la Paz Total dependerá de una mayor voluntad política, liderazgo directo del presidente Gustavo Petro y coherencia en todos los escenarios de negociación.
La definición de las ZUT y la suspensión de órdenes de captura marcan, así, un punto de inflexión en la política de paz del Gobierno, en medio de un debate nacional que combina expectativas, escepticismo y la urgencia de resultados concretos para las víctimas y los territorios más golpeados por la violencia.
A.U.