Desde el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de Lideresas, Líderes, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, manifiestan su preocupación “por el silencio y la persistente omisión del Estado colombiano, que parece, por la ineptitud, la connivencia y la complacencia, que sigue dando vida al paramilitarismo en todo el país”.
Añade el Nodo en un comunicado que, así como lo ha denunciado en otros informes, la presencia paramilitar se constata en los 125 municipios del departamento de Antioquia, “que más allá de estar allí, constituye la imposición de dinámicas sociales, económicas, políticas, la imposición de un cogobierno terror y violencia”.
Denuncia que el pasado 1 de octubre, en 10 departamentos, zonas urbanas y rurales de más de 70 municipios, amanecieron pintadas múltiples paredes, vías y vehículos con grafitis alusivos al grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC o Clan del Golfo. “Claramente se trató de una acción coordinada para sembrar terror y demostrar poder, acompañada con la persecución, la censura, la activación de un plan armado y sistemático con el que nos regresan a la violencia”.
Hace pública la organización su preocupación por las poblaciones sometidas ante la presencia paramilitar, pero también porque las personas que defendemos los derechos humanos hemos sido especialmente vulnerables. “La cifra de agresiones en nuestra contra en Antioquia siguen escalando; según el Observatorio sobre el Nivel de Riesgo a la Labor de los Defensores/as de DDHH de Antioquia de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, entre enero y Agosto del 2020 se han presentado en Antioquia más de 34 amenazas individuales, 17 Homicidios contra personas defensoras de derechos humanos, 12 amenazas colectivas, 11 desplazamientos forzados, 5 agresiones individuales, 4 atentados, 3 desapariciones forzadas contra líderes/as y cerca de 277 eventos de violencia contra la población”.
Dice el Nodo que la prolongación impune del paramilitarismo sigue siendo el principal factor de la violencia sociopolítica del país, “no percibimos una intención del Gobierno de Iván Duque, la Gobernación de Antioquia ni de las demás autoridades del Estado para contener o repeler la imposición de las armas contra la población”.
Como parte del movimiento de derechos humanos, el Nodo condena la omisión gubernamental que obliga a asistir a la repetición de la violencia sociopolítica y la dictadura de la muerte con la que se acalla las voces desesperadas que exigen con urgencia la paz.
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha documentado la AT 016-18, ATI 029-18, AT 002-19 y AT 004-2020 para demostrar el nivel de riesgo de existente para los municipios del Norte de Antioquia, así mismo, en el Bajo Cauca AT No. 020–19, ATI 009-2018, ATI 027-18, AT 031-18, ATI 003-19 y AT 045-2020; en Urabá AT N°048-18, AT 011-2018, AT 008-20, AT 014-20, en Medellín y Bello ATI 041-18, ATI 059-18, AT 039-29, AT N° 032-20, Nordeste la ATI 052-18, Occidente 017-18, y Suroeste la AT 044-20. Todas ellas denuncian la recurrente consumación de los niveles de riesgo y mencionan las dinámicas históricas de un paramilitarismo que durante décadas sigue desangrando al país con la total permisividad de los organismos del Estado.
“Desde la sociedad civil responsabilizamos al presidente Iván Duque y al Gobernador de Antioquia (e), Luis Fernando Suárez, por su evidente papel de omisión que fomenta la violencia sistémica, la violación y vulneración a los derechos humanos en cada rincón del país”, añade el Nodo en un comunicado.
Y puntualiza: “Hacemos un llamado de urgencia al Ministerio Público para que realice el control necesario a una institucionalidad que se sigue negando a atender una crisis humanitaria ampliamente advertida”.
