El presidente Iván Duque sostuvo que no debe quedar duda de que todas las personas que genuinamente han abandonado el camino de la violencia y se mantienen en su proceso de reincorporación recibirán el apoyo y las garantías del Estado. “Pero quienes reincidan en las actividades criminales deberán recibir todo el peso de la ley”, proclamó.
Categoría: Acuerdo Final de paz
La recaptura de Santrich ha generado diferentes reacciones en distintos sectores políticos del país, lo que evidencia una vez la extrema polarización en la que se encuentra Colombia en el tema del Acuerdo Final de Paz firmado entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.
Hay que resaltar que, en marzo pasado, en el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la oficina del alto comisionado y el secretario general de las Naciones Unidas, subrayaron con preocupación que luego de la firma del acuerdo de paz hayan sido asesinado 85 excombatientes de las Farc. Hoy, la cifra ha aumentado en casi 90 asesinatos y la Misión de Verificación de la ONU sigue haciendo el mismo llamando: “Estas situaciones generan un serio riesgo para la estabilidad del proceso de paz, lo que ha llevado a algunos excombatientes a abandonarlo”, sentenció el informe.
En conclusión, las promesas de una vida mejor suenan muy lejanas para los habitantes de la Colombia que aún vive la violencia o migran por necesidad. Por eso el CICR recomienda que es muy importante que el Estado “tenga una presencia integral, más allá del pie de fuerza, en las regiones donde más se lo necesita.
Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, dijo que deben de existir verdaderas garantías para continuar con la minga al recordar que desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz, han sido asesinados 117 líderes indígenas, 61 de los cuales se registraron, luego de que asumiera en 2018 la Presidencia de la Republica, Iván Duque Márquez.
Asimismo, la Comisión manifestó que en 2018 en Colombia continúan una serie de desafíos con relación a la situación de seguridad en las zonas rurales donde persiste la violencia; violaciones de derechos humanos que se mantienen en la impunidad; el alto número de personas que continúan desaparecidas; la situación de desplazamiento forzado.
En consecuencia con lo expuesto, el Eln convoca “a la sociedad colombiana a persistir en el camino de la solución política, a doblegar el belicismo de la derecha violenta, y a conformar unas mayorías nacionales que conquisten con la lucha ciudadana un futuro de paz, soberanía y equidad”.
Argumenta el Eln que “la mentira como arma de guerra la dirigen a destruir mediática y políticamente a la oposición política y a la protesta social. Esta práctica perversa originó los falsos positivos, los falsos testigos, los montajes judiciales y todo tipo de ataques distorsionados contra los contradictores y adversarios”.
La cifra fue dada a conocer en medio de una marcha de protesta que realizaron los campesinos de esa región del país. Los labriegos agremiados en Ascsucor caminaron este lunes 4 de marzo por la Troncal de occidente entre La Apartada y Montelíbano, para exigir al Estado que cumpla con los compromisos adquiridos con el acuerdo de paz.
Maritza Quiroz era reclamante de tierras y lideraba diversos procesos sociales en defensa de los Derechos Humanos de los campesinos y las personas más vulnerables. Participó de la firma del pacto de Santa Marta y era muy activa en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- del Acuerdo Final de paz.