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Hasta el momento, haciendo un balance frívolo entre ganadores y perdedores, van ganando los grupos ilegales y van perdiendo los ciudadanos de a pie, los buenos bellanitas. En ceros están la Administración Municipal, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación y el Gobierno Nacional, que ni con el envío del Ministro de Defensa Guillermo Botero pudo acabar con la confrontación armada, que no solo se recrudece, sino que va para largo.

Ahora, le corresponde a Rodrigo Suárez Castaño, director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, decidir si acepta o no la modificación de la licencia. Entretanto, los pobladores de las zonas aledañas al río Cauca están en alerta y adportas de repetir la historia reciente con la compuerta de Hidroituango, que solo les dejó una grave tragedia ambiental cuyos efectos aún se siguen sintiendo.

El proceso investigativo fue desarrollado en los últimos 6 meses por unidades de la Seccional de Investigación Criminal quienes sostuvieron un enfrentamiento con integrantes de las AGC en la vereda La Miranda, del municipio de Sopetrán, al momento de la captura.

Según lo establecido en las investigaciones, el arsenal bélico iba a ser enviado a un grupo de las AGC o Clan del Golfo que delinque en los municipios antioqueños de Ciudad Bolívar, Salgar y Tarso; poblaciones del Suroeste antioqueño donde serían utilizadas para la distribución de estupefacientes, la extorsión y los homicidios selectivos.

Andrés Mauricio, de 30 años de edad, fue atacado justo cuando llegaba al lugar donde tenía cultivos agrícolas. Familiares, conocidos y allegados manifestaron que Rojas, quien pertenecía a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no había manifestado que tuviera amenazas.