El alto tribunal reconoce que el fenómeno de la minería ilegal está asociado a otros problemas estructurales del país como la desigualdad, la falta de educación, la explotación sexual, la pobreza y el conflicto armado. Reconoce que esta práctica es común para la financiación de los grupos armados al margen de la ley y, por ello, lo difícil que es erradicarla.
“De forma alarmante, en varias partes de Colombia el conflicto armado está tan vivo como siempre. Cientos de miles de personas en todo el país aún no han visto diferencia alguna en sus vidas desde que se firmó el acuerdo de paz.”
Las declaraciones oficiales del Ministerio del Interior, con relación al reporte presentado por la ONU, indican que solo se ha confirmado que catorce de estos asesinatos corresponden a líderes sociales, mientras que los otros diez están en proceso de verificación.
Recordemos que Sepúlveda fue condenado en 2015 por los delitos de concierto para delinquir agravado, espionaje, violación de datos personales, acceso abusivo a un sistema informático y uso de software malicioso