De cara a la Asamblea General de la OEA, diversas organizaciones civiles afirman que será clave exigir que los Estados miembros desarrollen e implementen políticas públicas para abordar de forma integral los delitos cometidos contra defensores, periodistas y líderes sociales.
Categoría: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
“El poco esclarecimiento a estos crímenes potencian y habilitan ciclos de violencia, que coartan la capacidad de las personas en defender derechos y la capacidad de los colectivos de articularse y, en últimas, atentan contra los principios más fundamentales del estado de derecho”, resalta la directora del Cejil.
La audiencia de Colombia en la CIDH fue solicitada por 18 organizaciones sociales, que serán representadas durante la intervención por abogadas y abogados de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -OFB, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar y la Corporación Jurídica Libertad -CJL, en la ciudad de Sucre, Bolivia.
Una vez la CIDH corra traslado del informe a la víctima y sus representantes, la Fundación dará respuesta a los requerimientos de la Comisión de acuerdo con la normativa interamericana, la cual requiere que presenten su posición sobre el envío a la Corte.
A su turno, el presidente Iván Duque Márquez invitó a la modernización del sistema y solicitó fortalecer los mecanismos para una mayor transparencia y claridad en la selección de los casos, con el fin de entregar mejores garantías a las personas que acuden al SIDH para proteger sus derechos.
Igualmente solicitan a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –Oacnudh-, en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
Tanto Duque como Gómez son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, por lo que las demandantes han solicitado darle a su caso un trámite prioritario, o “per saltum”, de conformidad con el reglamento interno de la Comisión.
Los violentos ataques resultaron traumáticos por su carácter inesperado, abrupto y sin sentido para los familiares de los 48 normalistas…