Colombia, 12 agosto de 2021.- Nuevos incidentes que ponen en riesgo la seguridad de Alberto Tejada, han sido denunciados este…
Categoría: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Dos paramilitares de las AGC intimidaron a la comunidad de la Zona Humanitaria Las Camelias, Territorio Colectivo de Curvaradó. Es…
El viernes 5 de julio a las 3:00 p.m. tres paramilitares de las AGC ingresaron a la comunidad No Hay…
Pero el problema no radica, únicamente, en la cantidad de uniformados en la zona o las dificultades de acceso al terreno, pues tal como lo ha denunciado la Comisión de Justicia y Paz, es probable que los agentes de la Fuerza Pública conozcan los movimientos de las AGC que se han dado recientemente.
La comunidad recordó que desde 2006 en Curvaradó fueron creadas tres zonas humanitarias, entre ellas El Tesoro y Las Camelias. Son áreas delimitadas e identificadas, habitadas por población civil y donde está prohibida la entrada a fuerzas armadas de cualquier bando.
Los líderes Enrique Cabezas y Guillermo Díaz fueron amenazados de muerte, junto con otros reclamantes de tierras de Curvaradó y habitantes de las Zonas Humanitarias de Nueva Esperanza y Pueblo Nuevo en Jiguamiandó, alertó la Comisión.
Marina es viuda y madre de tres hijos y, además, a su cargo está la crianza de dos nietas. Ante las amenazas la señora Marina Gómez teme por su vida y la de los miembros de su núcleo familiar.
El pasado 15 de julio vencieron los cinco meses establecidos por el Gobierno nacional en el decreto 288 de 2018 para la entrada en funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado (UBPD).
Adrián junto con su padre desde hace tres años, tiempo en que regresó al territorio, se sumó al liderazgo de su padre en la reclamación de tierras en Curvaradó y el territorio colectivo de La Larga Tumaradó en donde su familia habitó desde hace más de 30 años.
En la comunicación elevada a la Fiscalía del CPI se documentan casos de los últimos cuatro periodos de gobierno: los dos de Álvaro Uribe y los dos de Juan Manuel Santos, en los que se han identificado patrones en los asesinatos, amenazas, atentados y campañas de estigmatización contra defensoras y defensores.