El Consejo de Estado debe decidir esta semana entrante si Ángela María Robledo sigue en la Cámara de Representantes o si procede la demanda en su contra por doble militancia; es decir, por pertenecer a un partido y tener curul por otro.
Por esta razón, exigen, entre otras, que se “desmonten las políticas públicas y leyes del despojo consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional, Ley de ZIDRES, Reforma Tributaria, Reforma de la Ley 160 de 1994 y la reglamentación de la Consulta Previa”.
Se remitieron, particularmente, a la decisión que en 2014 adoptó el entonces presidente, Juan Manuel Santos, quien devolvió al Congreso el proyecto de ley que permitía la reelección del auditor general de la República. Santos devolvió al Congreso la norma por razones de inconveniencia, por considerar que la reelección de altos funcionarios del Estado afectaba el sistema de pesos y contrapesos.
La denuncia toma fuerza ya que Lombana es la encargada de investigar los procesos a los funcionarios con fuero constitucional, en el que está el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Enfatizó que tales objeciones “no tocan, no afectan nada, de lo que se puede considerar por parte de los excombatientes como algo que los pusiera en inseguridad”.