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Y esta inseguridad y falta de presencia del Estado seguirá por muchos años en estos municipios, en los que el control social lo imponen los grupos armados al margen de la ley.

Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, en Ituango, Valdivia, Tarazá y Cáceres (Antioquia), y los municipios de Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano (Córdoba) hay cerca de 12.000 hectáreas sembradas con coca. Estos municipios son vecinos y limítrofes y sus tierras son disputadas por grupos herederos del paramilitarismo (Caparrapos, Frente Virgilio Peralta, Frente Rubén Darío Ávila, Frente Julio César Vargas, Autodefensas Gaitanistas de Colombia), por el Eln y disidencias de las Farc.

De otro lado se conoció que la Séptima División del Ejército Nacional envió al lugar un pelotón del Batallón Rifles de la Brigada 11, quienes en conjunto con la Policía Nacional recorrieron el municipio desde las 8:30 de la noche, realizando controles y registros.

El exgobernador Alejandro Lyons reconoció haber recibido un pago por valor de $1.900 millones de pesos del representante de las entidades cooperantes, Jesús Eugenio Henao Sarmiento, a través de Sami Spath Storino.

Fernando Umbeiro, de acuerdo con inteligencia militar, era el jefe de finanzas de las AGC, misión que le fue encomendada desde el pasado mes de abril, luego de que fuera capturado en Turbo, Antioquia, otro hermano suyo, Ángel Eusebio. Alias Palillo pagaba la nómina de las estructuras criminales al servicio de las AGC y encargadas de custodiar a alias Otoniel y, también, era el encargado de lavar el dinero ilegal mediante la compra de fincas en Urabá.