Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
Categoría: Defensores de Derechos Humanos
“Ese perro me garroteó”, habría alcanzado a decir Silvia Maritza. Sin embargo, como lo confirmó su hermana Estomina Ramírez, las amenazas que había recibido Maritza llevaron a que tomara fuerza la teoría del asesinato mediante golpiza.
“Yo insisto: si el ELN quiere avanzar en movilización, desarme y reinserción, bienvenido, pero tiene que ser sobre las dos premisas claritas: tiene que liberar a todos los secuestrados y tiene que poner fin a los actos criminales. De lo contrario, van a tener siempre la capacidad ofensiva, sancionatoria y disuasiva del Estado para enfrentarlo sin contemplación”, advirtió el Jefe de Estado.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde su conformación ha sufrido los ataques, persecución y violación de sus derechos humanos por parte de todos los actores del conflicto, incluyendo la Fuerza Pública, situación que ha denunciado reiteradamente y por la cual cuenta con medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los cadáveres presentaban señales de haber sido amarrados de las manos y tenían varios impactos de proyectil de arma de fuego en las cabezas.
Según las Farc, con estos dos casos asciende a 84 el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre la Farc y el Gobierno Nacional. Para Marcha Patriótica e Indepaz, la cifra es de 92 homicidios, perpetrados en 48 municipios.
Frente al atentado, las autoridades tienen dos hipótesis. La primera está relacionada con el caso de Marta Díaz y en el que está involucrado el exesposo de Dignoris, el expolicía Alis Eduardo Acosta Cantero, quien habría participado en la supuesta farsa del atentado y quien fue demandado por violencia intrafamiliar por la propia Dignoris.
Luis Tarazona era minero artesanal, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y administrador de una mina de carbón. En 2018 han sido asesinados cuatro integrantes de Ascamcat. Su esposa aseguró que Tarazona no había recibido amenazas.
Los bandidos amenazaron con llevarse al pequeño si no aparecía Hernán Prieto. Los hombres armados rodearon la finca en motocicletas por varias horas esperando que saliera Hernán.
Luego de mencionar lo que sucede en el Bajo Cauca, el pasquín da un salto y se refiere a diferentes personas a las que declara objetivo militar y que desde Medellín “están trabajando para la guerrilla y caparrapos bajo el disfraz de líderes sociales y defensores de derechos humanos”.