“No obstante los constantes desafíos -como los actuales- que enfrenta el proceso de paz, hoy más que nunca es indispensable que las instituciones, los colombianos y las colombianas continúen trabajando para preservar los avances alcanzados por el Acuerdo de Paz”, concluye la comunicación.
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La junta nacional ampliada del sindicato de trabajadores de la Rama Judicial decidió sumarse al paro nacional convocado por centrales obreras y organizaciones sociales.
Concluyó entonces la Corte que “la conciliación hizo parte de una serie de actos jurídicos que carecían de validez, no porque no pudieran suscribirse en determinada fecha, o no tuvieran la virtualidad de autocomponer disputas laborales, sino porque el consentimiento del trabajador estaba viciado”. Es decir, el dinero que recibió como indemnización fue más una presión final en un entorno de discriminación constante.
El mandatario municipal, César Suárez Mira, quien enfrenta un proceso penal por falsificar su diploma de bachiller, es uno de los más cuestionados por su falta de mano dura con los grupos criminales que operan casi libremente en la segunda ciudad más poblada del departamento.
Se remitieron, particularmente, a la decisión que en 2014 adoptó el entonces presidente, Juan Manuel Santos, quien devolvió al Congreso el proyecto de ley que permitía la reelección del auditor general de la República. Santos devolvió al Congreso la norma por razones de inconveniencia, por considerar que la reelección de altos funcionarios del Estado afectaba el sistema de pesos y contrapesos.
Arias es el hijo de Ricardo Arias Mora, precandidato a la Alcaldía de Bogotá, quien, además, está imputado por detrimento público por más de $28.000 millones, debido a la compra que hizo del nuevo edificio del Fondo Nacional del Ahorro.
El coronel Barrera aseguró que las autoridades establecieron ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien aporte información que permita esclarecer los casos y dar con el paradero de los responsables.
Desmiente uno a uno cada punto y termina concluyendo: «Con absoluta falta de lealtad institucional y en evidente actitud de desacato, el Sr Martínez Neira concluye su misiva calificando de “inconveniente” el contenido de dicha sentencia de la alta Corte y efectuando un llamado al Presidente de la República a que la irrespete e incumpla. Sin duda alguna, tras acabar el acuerdo de paz con un alzamiento insurgente de 54 años de duración, es ahora el sr Martínez en el que se declara rebelde al orden constitucional».
Este es un pueblo pequeño, “pero el río siempre nos había dado para vivir y comer”, asegura Astrid Johana Loaiza Tabares, de 29 años, habitante de la zona, quien conmovida recorre la orilla del Cauca y recuerda que hace unos meses tuvo que abandonar su casa por el problema en Hidroituango. “Antes mi esposo se rebuscaba la vida en una mototaxi, pero ya no tenemos de qué vivir porque la gente se ha ido del pueblo. Todo se volvió más incierto, porque hoy el río parece una quebrada y los peces se están muriendo. Ahora sí no vamos a tener de qué vivir”.
En su mayoría, han sido del género masculino: 83.65%; al femenino pertenecían el 14.18%. Y el 1.55%, de la población LGBT. Sin embargo, se encontró que los victimarios se ensañaron con los cuerpos de las mujeres. De este universo, al menos en un 18,4% de crímenes se deformaron los cuerpos, unas veces, con violencia sexual. Y las amenazas contra las defensoras de derechos humanos tenían contenido agresivo de índole sexual y amenazas contra sus hijos e hijas.