“Estas personas así estén dentro de la ilegalidad, ejercen su trabajo de manera honesta y en el momento de ser desalojados sin una alternativa para sostener a su familia, por las pocas oportunidades y su bajo nivel de formación, la necesidad y la indolencia de la alcaldía al desalojarlos, sin ofrecer una alternativa de reubicación, podría incrementar el flagelo de la delincuencia”.
El caso generó indignación, y la misma Policía tuvo que aclarar que el comparendo aún no se hace efectivo y que los jóvenes podrían salvarse de tener que pagar una multa cuando las autoridades evalúen el caso.
Este decreto reglamentario al Código de Policía y Convivencia, que es una norma de naturaleza administrativa, no penal, dota a la Policía de las herramientas necesarias para confiscar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte en el espacio público y evitar así; que los jíbaros se camuflen en la autorización de la dosis mínima para inducir a niños y jóvenes al consumo de drogas.
“Hubo varios hallazgos preocupantes: el incumplimiento de las normas, la falta de documentación, la violación del espacio público. Vamos a seguir realizando este tipo de controles. Son espacios que son patrimonio público y los ciudadanos no pueden hacer lo que quieran en ellos”, dijo Andrés Felipe Tobón Villada, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.
Este jueves 25 de enero los venteros informales del centro de Medellín realizarán una manifestación pacífica desde el Parque San Antonio hasta la Alpujarra...