Después de someterse a la JEP, el mayor general (r) Torres Escalante solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta por la jurisdicción ordinaria.
Categoría: Falsos Positivos
La primera versión en la JEP con presencia de las víctimas se da en cumplimiento del Auto 080 de 2019. La persona —la hermana de un joven ejecutado extrajudicialmente— estuvo presente en una sala alterna, desde donde observó en tiempo real la versión del compareciente. La diligencia fue presidida por magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP y en ella participó el representante legal de la víctima. Después de escuchar una primera versión sobre los hechos, la víctima pudo transmitir sus preguntas, a través de su representante.
En este combate murió Norberto Enrique de la Cruz Payares, quien fue señalado como presunto miembro de las AUC. La víctima vestía pantalón militar camuflado y portaba un fusil con tres proveedores, siete cartuchos y un celular que sería de una de las víctimas.
El órgano de control busca determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario norteamericano The New York Times, sobre la presunta implementación de una política al interior del Ejercito Nacional, que podría ser similar a la que desencadenó los llamados ‘falsos positivos’.
En el fondo, esta macabra política es la representación dogmática de las ejecuciones extrajudiciales y la firme intención de darle la espalda a las garantías de no repetición, favorecer la impunidad, hacer completamente trizas los acuerdos, entorpecer la función de las altas cortes y establecer una gobernanza a fin de los sectores económicos y políticos que representa el statu quo.
Se siguen conociendo evidencias de ejecuciones extrajudiciales – o falsos positivos- cometidas en Colombia. En esta oportunidad los 152 casos…
Ya son 11 los informes que ha recibido la Sala de Reconocimiento en el marco del caso 003, denominado «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado», a partir del informe No.5 de la Fiscalía General de la Nación.
La JEP es nuestro juez ahora, por mandato constitucional, con respecto a lo que sucedió en el conflicto. Es mi juez natural. Como lo he hecho con la Fiscalía, estoy presto a colaborar y a declarar. Si me requieren, allá estaré.
Como medida de satisfacción de los derechos de las víctimas, el informe recomienda que se promueva la realización de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y perdón y restablecimiento de la dignidad y buen nombre de las víctimas, previamente concertados con ellas.
Incluso, deja en entredicho su posible comparecencia ante la Comisión de la Verdad, tras señalar que irá “siempre y cuando oigan y anoten” lo que dice, “entonces va a ser muy difícil que esté allá”.