Hasta el momento, haciendo un balance frívolo entre ganadores y perdedores, van ganando los grupos ilegales y van perdiendo los ciudadanos de a pie, los buenos bellanitas. En ceros están la Administración Municipal, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación y el Gobierno Nacional, que ni con el envío del Ministro de Defensa Guillermo Botero pudo acabar con la confrontación armada, que no solo se recrudece, sino que va para largo.
Categoría: Gobierno nacional
Se trata de un acuerdo fiscalmente responsable y cuenta con un consenso sostenido por la realidad. De los 4,6 billones de pesos que exigían las comunidades indígenas del Cauca, se concertó asignar $832.148 millones, un 17,5 %, monto que previamente estaba contenido en el plan de inversión para la región del Cauca.
Estas comunidades mingueras junto con las autoridades tomaron la decisión de accionar en el marco de las vías de derecho para reflexionar y analizar de fondo las diferentes problemáticas que los aquejan dentro de los territorios, no solamente a los pueblos indígenas sino a las organizaciones sociales y procesos populares del país.
Con esta consideración en la carta política del país, el Gobierno Nacional busca garantizar las máximas penas posibles a quienes los cometan sin ningún tipo de concesión. También se busca evitar el uso de los niños y niñas en la guerra al desincentivar estos crímenes, pues no serían objeto de tratamientos especiales en eventuales acuerdos de paz.
Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, dijo que deben de existir verdaderas garantías para continuar con la minga al recordar que desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz, han sido asesinados 117 líderes indígenas, 61 de los cuales se registraron, luego de que asumiera en 2018 la Presidencia de la Republica, Iván Duque Márquez.
“A esta hora acaba de ingresar el Esmad al campamento donde estaban concentradas las comunidades campesinas en el Cairo, Cajibio. Este es el cuarto día de agresiones por parte de la Fuerza Pública a los manifestantes”, señalaron los manifestantes a través de la cuenta de Twitter @MarchaPaCauca.
Asimismo, denunciaron todo tipo de agresión de parte de la Fuerza Pública, pues, para ellos, esto genera desarmonía y zozobra. También, se mostraron molestos con los medios de comunicación, puesto que, según ellos, están desinformando: “exigimos respeto a la verdad, y dignidad en la palabra, pues los medios masivos de desinformación, mienten y estigmatizan a las comunidades que nos encontramos movilizadas en la minga suroccidente”.
“En las ocho caravanas ejecutadas hasta hoy, se han movilizado un total de 1.256 vehículos de carga, 288 de pasajeros y 1.086 vehículos particulares, permitiendo el transporte a 3254 personas de esta zona como turistas que arriban a la región. Esto ha permitido que 12.060 toneladas de productos alimenticios (leche, ganado, verduras, perecederos, mercancías y elementos de construcción) lleguen y salgan de Popayán para el abastecimiento de almacenes, supermercados de grandes superficies de la zona así como de departamentos vecinos como Nariño y Huila”, explicó el coronel Rojas.
Las víctimas, en particular las 230.000 agremiadas en Fevcol, han lamentado que la estructuración y funcionamiento de la JEP no les hubieran garantizado derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El Gobierno espera que las modificaciones que propone a la Ley Estatutaria propicien la realización de esas garantías.
Aunque el presidente Duque disfraza como objeciones de inconveniencia los 6 temas planteados, no presenta ninguna razón para justificar los supuestos efectos económicos, sociales o políticos de su implementación, y en cambio retoma preguntas jurídicas que ya fueron resueltas en todos los casos de manera específica por la Corte Constitucional: