Asimismo, la Comisión manifestó que en 2018 en Colombia continúan una serie de desafíos con relación a la situación de seguridad en las zonas rurales donde persiste la violencia; violaciones de derechos humanos que se mantienen en la impunidad; el alto número de personas que continúan desaparecidas; la situación de desplazamiento forzado.
Categoría: Jurisdicción Especial para la Paz
Las camisetas blancas se comenzaron a juntar en el parque de los Deseos a eso de las 5:00 p. m.…
La Sala de Reconocimiento de la JEP, tras confirmar las medidas cautelares que se adoptaron en el 2018 sobre estos archivos, ordenó la conformación de una Mesa Técnica que determinara en qué condiciones están esos documentos y preservarlos.
En consecuencia con lo expuesto, el Eln convoca “a la sociedad colombiana a persistir en el camino de la solución política, a doblegar el belicismo de la derecha violenta, y a conformar unas mayorías nacionales que conquisten con la lucha ciudadana un futuro de paz, soberanía y equidad”.
Las víctimas, en particular las 230.000 agremiadas en Fevcol, han lamentado que la estructuración y funcionamiento de la JEP no les hubieran garantizado derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. El Gobierno espera que las modificaciones que propone a la Ley Estatutaria propicien la realización de esas garantías.
Por razones de inconveniencia el Gobierno Nacional hace objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de…
La Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) de la JEP avanza en el proceso…
Como medida de satisfacción de los derechos de las víctimas, el informe recomienda que se promueva la realización de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y perdón y restablecimiento de la dignidad y buen nombre de las víctimas, previamente concertados con ellas.
La otra noticia fue la respuesta negativa de las autoridades de Estados Unidos para mandar las pruebas solicitadas por la JEP para definir la extradición de Santrich.
A juicio de la Procuraduría la negativa de la Sección de Revisión amenazaba de forma clara derechos fundamentales al debido proceso y a la doble instancia, lo que obligaba a acudir a la tutela para conseguir el amparo ante el agotamiento de las vías ordinarias que permitieran proteger las garantías constitucionales.