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Dentro de la investigación disciplinaria se decretó, además, la práctica de diferentes pruebas entre ellas, la de recibirle declaración juramentada al concejal para que amplíe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentaron los hechos el día 28 de noviembre.

En la sede de la Personería de Bogotá, los diálogos, hacia el restablecimiento de los derechos, culminaron cerca de las 7:00 p.m. de este jueves 15 de noviembre entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena Embera Katio - Eyabida, Dóbida, Wounaan y Zenú de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién del Chocó

La zona del Atrato Medio antioqueño, ha sido olvidada históricamente por el Estado colombiano y que la oferta institucional, llega escasamente a los cascos urbanos de estas dos poblaciones, por lo que las comunidades indígenas están sometidas históricamente al flagelo de la guerra, lo que las hace vulnerables y victimas históricas del conflicto armado.

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- ratificar el llamado hecho a 31 miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -Farc- a presentar un informe detallado de las acciones realizadas para cumplir con las condiciones de acceso y permanencia en este sistema de justicia transicional. En concepto enviado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, el Ministerio Público pidió negar el recurso de reposición sustentado por 9 de los 31 integrantes del partido FARC, quienes se niegan a entregar el informe bajo el argumento de que no es la etapa procesal indicada para rendirlo. Los miembros de la Farc sobre los que se pidió negar el recurso son: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillos, Luis Oscar Úsuga Restrepo, Rodrigo Granda Escobar, Seuxis Paucias Hernández Solarte, José Benito Cabrera, Milton de Jesús Toncel Redondo y José Aldinever Sierra Sabogal. Para el Ministerio Público, la solicitud de la JEP se origina en las competencias de esta jurisdicción para verificar que los exmiembros de las FARC-EP cumplan progresiva y gradualmente los compromisos derivados del Acuerdo Final y las obligaciones fijadas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). La Procuraduría señaló que el nivel de contribución y cumplimiento de los compromisos adquiridos determina la magnitud de los beneficios para quienes se acogieron al sistema, razón por la cual la solicitud de la sala no se puede limitar a una etapa del proceso, dado que esa colaboración debe ser integral con todo el Sistema y en forma permanente. Sobre la ausencia de algunos exmilitantes de las Farc-EP en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, el Ministerio Público señaló que no constituye una falta a sus obligaciones con el sistema, siempre y cuando continúen adelantando las actividades individuales y colectivas que permitan llevar a cabo la implementación del Acuerdo Final y su proceso de reincorporación. En concepto de la Procuraduría el sometimiento a la JEP se fundamenta en la libertad individual y el libre ejercicio de los derechos de los comparecientes, siempre y cuando cumplan con los compromisos adquiridos.

La Personería de Medellín alertó a las autoridades para que estén vigilantes y aumenten los controles con las personas que quieren acceder a información...