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De acuerdo con la investigación, estas personas hoy afectadas con medida de aseguramiento serían quienes se encargaban de la planeación y ejecución del hurto de motocicletas, compra y venta de municiones, así como la venta y distribución de sustancias alucinógenas con los cuales se financiaba esta estructura criminal.

Hasta el momento se desconocen los móviles, circunstancias y responsables de este hecho de sangre que enluta a la familia de líderes sociales, sindicales, comunales, indígenas y defensores de derechos humanos que han sido asesinados salvajemente desde que se firmó el acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno colombiano en noviembre de 2016.

Argumentan que en su lucha y compromiso por la defensa del territorio y los intereses del pueblo, “mantienen su accionar militar permanente contra el Ejército y la infraestructura trasnacional, logrando afectar la economía de la oligarquía y acertando varios golpes contra el Ejército invasor y a las bandas paramilitares”.

En principio se dijo que el Epl era el autor de este acto ilícito, pero días después, el 16 de enero, el Eln admitió ser el responsable de la neutralización del helicóptero y el secuestro de sus tripulantes. Joya, Quiceno y Díaz serán sometidos a exámenes médicos en las próximas horas.

Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.