La OIA le reitera a los organismos del Estado que “los territorios indígenas son de paz y que la presencia de cualquier grupo armado legal e ilegal desequilibra la armonía de los territorios y amenaza con el buen vivir de los pueblos indígenas, victimas históricas del conflicto armado y el Estado Colombiano”.
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La comunidad hizo un llamado público a las fuerzas armadas del país, “quienes de manera inconsulta han hecho tránsito por los territorios resguardados desde el pasado 4 de abril, en el resguardo Rio Murindó y solicitamos que dichas movilizaciones se hagan en coordinación con la Guardia Indígena y el Cabildo Mayor, para evitar que nuestros Sitios Sagrados se vean afectados en su integridad y cuidado, además de evitar un posible hecho victimizante con la población indígena”, se lee en el comunicado.
Estas comunidades mingueras junto con las autoridades tomaron la decisión de accionar en el marco de las vías de derecho para reflexionar y analizar de fondo las diferentes problemáticas que los aquejan dentro de los territorios, no solamente a los pueblos indígenas sino a las organizaciones sociales y procesos populares del país.
“Es hora de que juntos hagamos un llamado al Estado Colombiano, para que este importante afluente, hoy amenazado por Hidroituango, sea declarado igual que el Rio Atrato, como un río Sujeto de Derechos, para que desde todas las instancias públicas e instituciones del Estado se garantice su cuidado, protección y defensa”, exclama la OIA en el texto.
Finalmente, la OIA destaca que la Minga “ha sido, es y seguirá siendo nuestra manera propia y legítima de exigibilidad de nuestros derechos, para no callar ante los crímenes cometidos contra nuestros pueblos y contra nuestra madre tierra. Exigimos la libertad y la vida para nuestro río Cauca. Los pueblos indígenas de Antioquia, somos los ríos, somos las montañas, somos el río Cauca”.
Finalmente, la Organización Indígena de Antioquia invita al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las Personerías municipales para que sumen los esfuerzos necesarios para garantizar la vida de María Evalina Iságama, así como la de las demás autoridades indígenas amenazadas de muerte.
“Es una minga pacífica que esperamos dejar en todos los corazones de los antioqueños, pero también de todos los colombianos. Un mensaje claro por el respeto a la vida, a la unidad y a la resistencia”, añadió Ana Teresa.
El hecho se registró el pasado sábado 24 de noviembre en la comunidad indígena Jaidezabi, del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, donde también resultó herido en la cabeza un niño Embera que se encuentra fuera de peligro, entre tanto, Jumí Domicó, fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad de Medellín, donde permanece bajo pronóstico reservado.
En Colombia, en 2018, 3.643 personas han sido reportadas como desaparecidas, de las cuales han aparecido vivas el 2.7% y el 37% muertas. Según reportes de Medicina Legal, en el país han desaparecido 73.000 personas (27.229 menores de edad) entre 2008 y 2018.
La zona del Atrato Medio antioqueño, ha sido olvidada históricamente por el Estado colombiano y que la oferta institucional, llega escasamente a los cascos urbanos de estas dos poblaciones, por lo que las comunidades indígenas están sometidas históricamente al flagelo de la guerra, lo que las hace vulnerables y victimas históricas del conflicto armado.