Como se recordará, desde el 10 de marzo estas acciones de vías de derecho se vienen realizando en coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, el Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU, el Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC, organizaciones sociales y procesos populares.
Luego de la explosión, el Ministerio de Defensa informó que los indígenas no permitieron que el CTI y la SIJIN realizarán las labores de exploración técnica.
Aunque las autoridades hablan de una presunta indebida manipulación de explosivos, la comunidad indígena refiere que se trató de un atentado, tal vez con una granada u otro artefacto. La certeza la darán los resultados de los estudios realizados tanto en el lugar de los hechos como en los cadáveres de las víctimas, que fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en la ciudad de Cali.
Por tal razón, la Unidad Nacional de Protección le asignó un esquema de seguridad al líder indígena, que no lo acompañaba en el momento del ataque sicarial, situación que es investigada por la Fiscalía.
En la sede de la Personería de Bogotá, los diálogos, hacia el restablecimiento de los derechos, culminaron cerca de las 7:00 p.m. de este jueves 15 de noviembre entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena Embera Katio - Eyabida, Dóbida, Wounaan y Zenú de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién del Chocó