El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, permitió afectar el componente armado y financiero de los grupos armados organizados. En una semana de operaciones fueron capturadas 111 personas, destruida maquinaria pesada avaluada en 10.000 millones de pesos y ocupados bienes que superarían los 2.400 millones de pesos.
Las comunidades indígenas en Ricaurte exigieron la presencia inmediata de organismos de protección de los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y entidades del Estado como la Fiscalía, para que se brinden las garantías necesarias de protección de los derechos humanos para la población Awá y para que no se repitan estos repudiables hechos.