La Procuraduría exhorta a las autoridades locales a dar cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la Circular 01 del 2019, para la puesta en funcionamiento de todos los mecanismos de prevención necesarios, que permitan anticiparse a cualquier daño social y ambiental por causa de esta nueva emergencia en Hidroituango
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Finalmente, solicita a la Fiscalía General de la Nación que cumpla con la Directiva 002 de 2017 de la misma entidad e investigue el homicidio de Samuel Andrés Gallo, “tomando como primera hipótesis que el móvil del delito fue por su labor de liderazgo”.
En el proceso también figuran las copias del expediente que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el capitán Merchán Prieto a quien un juez dejó en libertad pese a la oposición de la Procuraduría que considera que la conducta cometida por el oficial obligaba a su reclusión en un centro carcelario por el peligro que representa para la víctima teniendo en cuenta “el grado de autoridad que ostenta”.
Este viernes 1 de febrero, luego de la visita de la Ministra y de recibir la comunicación de MinJusticia, la Sección de Revisión de la JEP comenzó a estudiar el asunto y tomará una decisión oportuna conforme a la ley. Así va el asunto.
Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
El propósito de estas mesas de trabajo es elaborar diagnósticos y hacer seguimiento a la situación general del país en lo relacionado con amenazas a líderes sociales, con el objetivo de que el Estado ponga en marcha acciones de protección en todo el territorio nacional.
En lo que tiene que ver con víctimas de los pueblos étnicos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES- elaboró una línea de tiempo desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, que identificó más de 350 líderes y lideresas sociales asesinados. Sólo en 2018 el reporte fue de 53 líderes sociales étnicos asesinados (20 afrodescendientes y 33 indígenas).
El ente de control como garante del orden jurídico y del patrimonio del Estado y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios de lucha contra la corrupción de la ONU y la OEA solicitó que para el caso de Guido Nule Marino el estudio de su petición de libertad incluya todas las exigencias del caso, las normativas y los requisitos aplicables para conceder el beneficio.
“Yo insisto: si el ELN quiere avanzar en movilización, desarme y reinserción, bienvenido, pero tiene que ser sobre las dos premisas claritas: tiene que liberar a todos los secuestrados y tiene que poner fin a los actos criminales. De lo contrario, van a tener siempre la capacidad ofensiva, sancionatoria y disuasiva del Estado para enfrentarlo sin contemplación”, advirtió el Jefe de Estado.
El concepto médico es uno de los medios de prueba que el juez debe considerar para fundamentar su decisión, y es el funcionario judicial quien debe velar porque las condiciones de reclusión sean compatibles con el estado de salud del detenido.