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En su concepto a la JEP, el ente de control señaló que el incidente de verificación de incumplimiento permite establecer que Velásquez Saldarriaga de manera reiterativa y no justificada ha incumplido la obligación de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, sin que haya justificado de forma válida, personal o a través del abogado asignado por el sistema de defensa, su renuencia a comparecer ante los llamados de la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Se trata de un acuerdo fiscalmente responsable y cuenta con un consenso sostenido por la realidad. De los 4,6 billones de pesos que exigían las comunidades indígenas del Cauca, se concertó asignar $832.148 millones, un 17,5 %, monto que previamente estaba contenido en el plan de inversión para la región del Cauca.

“Todos estos factores llevan a que se eleve el nivel de riesgo de las comunidades campesinas, líderes y lideresas sociales, miembros de las Juntas de Acción Comunal y defensores de derechos humanos, lo que dificulta poder llevar a cabo su labor. El panorama no es alentador, por eso es importante reconocer el quehacer de los líderes y lideresas, que a nivel nacional están siendo perseguidos, estigmatizados y asesinados”, añade el texto.

Tal realidad se vive alrededor de un terreno en litigio desde hace 30 años y sobre el cual se llegaron a algunos acuerdos hace 9 años en reuniones realizadas en la zona, donde el Estado Colombiano, se comprometió a realizar los trámites pertinentes para que finalmente estos terrenos pasaran a manos indígenas y aclarar las situaciones que se habían generado entre campesinos, colonos e indígenas.

A renglón seguido, hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que a su vez exija “lo pertinente para atender este hecho violatorio del derecho internacional de los derechos humanos, ya que estamos ante delitos atroces como desaparición forzada, asesinato y quizá una masacre”.