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El proceso es adelantado por fiscales e investigadores de las Seccionales de Medellín y Antioquia, con al apoyo de funcionarios de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, con sede en Bogotá.

Para el Ministerio Público resulta prioritario que la JEP defina no solo cuál es el camino de la pérdida de la libertad de Velásquez Saldarriaga y a quién corresponde expedir las órdenes de captura para su comparecencia, sino también el procedimiento para el cumplimiento de las sanciones propias que le impuso esa jurisdicción especial, ante su renuencia a ofrecer verdad y reparar a las víctimas.

La comunidad añadió que en lo que va corrido de 2019 en el Suroeste, y muy especialmente en los municipios de Andes y Jardín, se ha despertado una ola de violencia que deja como consecuencia 2 homicidios, más de 10 indígenas amenazados de muerte, 2 menores de edad heridas por balas perdidas y la amenaza a través de un panfleto a las autoridades del Cabildo Mayor Indígena del Resguardo Karmata Rúa (Cristianía).

“El menor herido recibió los primeros auxilios por los enfermeros de combate en una base militar cercana y posteriormente fue evacuado en un helicóptero militar medicalizado y acondicionado para atender esta clase de emergencias”, indicó el Ejército en el escrito.

En este sentido, agregó que “el presunto manejo de los dineros en efectivo hace que las pesquisas para ubicar y rastrear la posible comisión de conductas irregulares sean aún más difíciles, sin embargo, existen pruebas que podrían comprometer la responsabilidad del Senador Antonio del Cristo Guerra De la Espriella, en su probable intención de servir a los intereses de la multinacional, a través de un posible tráfico de influencias de servidor público”.