Hasta el momento, haciendo un balance frívolo entre ganadores y perdedores, van ganando los grupos ilegales y van perdiendo los ciudadanos de a pie, los buenos bellanitas. En ceros están la Administración Municipal, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación y el Gobierno Nacional, que ni con el envío del Ministro de Defensa Guillermo Botero pudo acabar con la confrontación armada, que no solo se recrudece, sino que va para largo.
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Mediante interceptación de comunicaciones y labores investigativas, se estableció que entre los meses de febrero y marzo de 2017, Palacio Tapias habría ordenado la muerte de Jhonatan David Moreno Corrales, Alirio Moya Uribe, Edwin Alberto Zapata Gutiérrez y Cristian Camilo Porras Romaña.
Su pareja salió un momento antes de la acción sicarial. Cuando regresó de la tienda encontró un corrillo de personas rodeando el cadáver de Dubián. Fue entonces cuando informó de quien se trataba.
Ocurrió en el barrio Las Flores. Sicarios motorizados ingresaron al sector y dispararon contra los presentes, ocasionando la muerte de dos jóvenes que aún no han sido identificados.
Posteriormente, fue evacuado en un helicóptero de la aviación del Ejército Nacional, medicalizado y acondicionado para esta clase de emergencias. Al llegar a Urabá fue conducido en una ambulancia a una clínica de la región, en donde fue intervenido quirúrgicamente y a esta hora, bajo custodia de las autoridades, se recupera.
Esta persona, quien se ocultaba en una finca de la vereda Piedras Blancas, es requerida por el Juzgado Municipal de Garantías Número 3 de Medellín, por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación y porte de armas de fuego. Fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para su proceso de judicialización.
Este grupo armado organizado estaba conformado por alias el Venezolano, alias Waipapi, alias el Niche, alias Pupi, alias el Enano, alias Sandra, alias el Indio, alias Rosney, y alias Jeiller, entre otros, quienes eran los encargados de la distribución al menudeo de las diferentes sustancias estupefacientes en el casco urbano.
En canecas plásticas, e impermeabilizadas, los uniformados sacaron los 587 bloques los cuales, se presumen, pretendían ser sacados hacia Centro América, y permanecían allí debido a la fuerte ofensiva desplegada en la zona en contra de las estructuras del narcotráfico.
Esta es la primera sentencia condenatoria que se le impone al señalado cabecilla paramilitar después de su extradición a Estados Unidos, el lunes 23 de abril de 2018.
De acuerdo con el testimonio de los sobrevivientes, los policiales fueron atacados con granadas de fragmentación y armamento de corto y largo alcance, cuando se dirigían a cumplir una misión a la Base Antinarcóticos de la región de Urabá.