Colombia, 8 septiembre de 2021.- Carlos* dice que es un chamán. Por redes sociales todos los días lo contactan personas de México y Estados Unidos que quieren curarse de hechicerías, combatir duendes, acabar maldiciones, contactar a personas muertas y defenderse de fuerzas oscuras. Son clientes que en verdad creen en las supersticiones y están dispuestos a pagar en dólares lo que el brujo pida. En Colombia podría ser demandado por estafa agravada, pero dice que tiene cómo probar que es un brujo bueno y que no engaña a nadie, porque voluntariamente lo buscan y ha curado a muchos. “Yo presto un servicio”, asegura. Se ofrece en internet como el maestro “Blocksberg”, el que “arregla la suerte” de quien sea. Y no pocos lo siguen y recomiendan. No tiene denuncias encima, aunque ya estuvo en la cárcel.
Tiene 28 años, es bachiller y reside en la comuna 13, de Medellín. Es casado y padre de dos hijos. No diremos su nombre real ni mencionaremos el lugar donde vive para proteger su identidad. Con otros cinco como él trabaja en un apartamento de tres cuartos que tiene diferentes escenografías, luces, afiches, telones, fondos y vestimenta con la que se caracterizan como chamanes. Hasta cambian su voz para parecer hechiceros. Los bandidos del barrio se enteraron de lo que hacen y les están cobrando “vacuna”, como le dicen a la extorsión. Pero primero lo supieron los policías, “la peor banda que hay”, opina Carlos*.
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Fue hace dos años. Carlos* no supo cómo descubrieron lo que hacía, porque es muy discreto. Dos agentes del CAI lo visitaron en su casa. “Alguien les dijo, pero no sabían dónde quedaba la oficina, por eso fueron a mi casa. Yo trabajaba en otra parte, no en el lugar que estoy ahora. Requisaron y no encontraron nada. Me preguntaron que dónde tenía la brujería, yo les dije que no sabía nada de eso. Me dijeron que si no les entregaba $500.000 no me iban a dejar a tranquilo, que me iban a hacer encanar. Yo se los di para evitar problemas y no darle larga al asunto. Pero como a los 20 días volvieron y esa vez me pidieron $800.000. Yo les dije que no tenía toda esa plata y les di otros $500.000”, contó el Chamán.
Tres semanas después, los policías regresaron, pero Carlos no les dio nada. Les argumentó que él no estaba haciendo nada ilegal, que mientras no hubiera denuncias, investigaciones de la Fiscalía en su contra o una orden de captura, no lo podían detener y menos acosar de esa forma, que lo que ellos estaban haciendo era un cobro extorsivo porque en Colombia lo que no está prohibido, permitido está y que, además, no tenían pruebas. Esas palabras lo metieron en un lío enorme.
Los agentes cada vez que lo veían en la calle lo llamaban para una requisa. “Yo trato de no salir para que no me molesten. Una vez les di chico y me llevaron hasta el CAI y de ahí hasta un calabozo en la estación de Belén, que porque me encontraron dizque un celular robado. Receptación decía el tombo ese que era el delito. Obvio no me encontraron nada, pero me dijeron que si no les daba plata me encanaban. Que amure el de los tombos a lo bien. Allá me dejaron amaneciendo. No les di nada. Al otro día me soltaron, pero qué pesadilla esos señores”, añadió Carlos*.
Una semana después lo abordaron, le pidieron dinero y como tampoco les entregó nada, lo trasladaron al búnker de la Fiscalía, en el barrio Caribe. Esta vez le aplicaron porte de estupefacientes. “Son expertos en falsos positivos. Y, ¿quién alega? Uno se defiende y les dice a los fiscales que eso es mentira, pero nada, va para dentro. Es la palabra de esos señores contra la de uno. Le arman la podrida al que sea. Pagué abogado y todo. Eso fue para el Día de la Madre. Quedé libre y los denuncié en la Procuraduría. Me los gané de enemigos. Me tocó cambiarme de barrio. Me hicieron la vida imposible. Los policías son más peligrosos que los bandidos, lo encochinan a uno cuando quieren y si pueden, hasta lo matan a uno y lo legalizan. No hay muerto que se defienda”, puntualizó Carlos*.
Un teniente del Ejército era el comandante de una pequeña base militar que fue instalada en una vivienda de la calle 41B sur, cerca de la I. E. Monseñor Víctor Wiedeman, en el barrio Pradito del corregimiento San Antonio de Prado. Jóvenes del barrio El Limonar 1, ubicado apenas a unas cuadras de la base, eran capturados por el oficial y sus hombres, quienes los trasladaban a la Fiscalía.
Sebastián* es familiar de Carlos* y quiso relatarnos su historia. “Ellos patrullaban por los Limonares (barrios Limonar 1 y Limonar 2) porque esto estaba muy caliente. Y a nosotros nos gustó que vinieran, porque la gente le tiene más respeto al Ejército. Pero fue peor la cosa. Hubo un pacto entre esos manes, los de los combos, y esto se calmó. Pero como el teniente tenía que mostrar resultados, nos montó la cacería. A mí me capturó y me llevó para el búnker. Allá me encontré a un policía que hacía la ronda por acá y le dije que me ayudara, que él sabía que yo no era de ningún combo. Me respondió que no podía hacer nada, pero me dijo que el Ejército no puede capturar a nadie, que me les metiera por ahí. Me dejaron allá por porte de armas de fuego, yo que ni con navajas ando. No sirvieron ni las súplicas ni el defensor público que me puso la Defensoría. Me dieron cuatro años por ser primera vez y estuve de buenas, entre comillas, porque me dieron casa por cárcel. Yo soy del barrio Limonar 1 y fueron los del otro lado los que me dieron dedo, les dijeron a los soldados que yo era de un combo. Yo no ando en esas cosas, sí me fumaba unos cigarros en la esquina, pero nada más. A los tres años quedé libre. Eso fue en 2014 que me armaron ese falso positivo y desde eso no puedo ver un militar porque me escondo”, recordó Sebastián*.
En el barrio Kennedy, jurisdicción de la comuna 6, Doce de Octubre, en el noroccidente de Medellín, carrera 78, cerca del colegio que lleva el nombre del barrio, hay una plaza de vicio por la que a diario pasa una patrulla de la Policía. Los uniformados se acercan una vez a la semana, ingresan, reciben su parte y se van. Por eso, la única vez que se realizó un operativo en el lugar lo hizo el CTI de la Fiscalía, con el apoyo del Ejército. La Policía no se apareció por allá ni para apoyar. Esa vez, el primero de abril de 2019, los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación tumbaron puertas y se subieron por los techos. Hallaron mucha droga y armas de fuego, pero no encontraron a nadie adentro; igual se llevaron a dos muchachos que estaban afuera, los reseñaron y los ingresaron a una celda. No tenían nada que ver en el asunto, pero la Fiscalía se encargó de recopilar elementos materiales probatorios, evidencia física e información suficiente para imputarles el delito de venta de estupefacientes en entornos escolares. “Los mismos duros de la plaza dicen que esos pelaos no tenían nada que ver. Que la Fiscalía los encochinó, se consiguieron unos testigos falsos y con eso los acusaron. Ahora los pelaos están encanados por estar en el lugar equivocado y caer en manos de las autoridades de este país, que son más peligrosas que los mismos paracos”, dijo don Julio*, vecino de esa vivienda, a la que todavía llegan jóvenes a comprar vicio y por la que todos los días pasa de largo una patrulla de la Policía, que solo se detiene una vez a la semana.
Aunque ha sido costumbre -un hábito ilegal-, que funcionarios del Ejército, Policía, Fiscalía, Sijín y CTI (estos dos últimos encargados de adelantar investigaciones judiciales) inventen resultados operacionales, como el descubrimiento de armas de fuego abandonadas por un combo, el hallazgo de laboratorios para la elaboración de estupefacientes en medio de una zona boscosa en la que no había nadie o la captura de personas inocentes -esta, la más grave, pues afecta la libertad y el buen nombre del implicado-, prácticas deleznables que deben parecer la consecuencia de una diligencia positiva para justificar así la permanencia en esas instituciones y ganar ascensos o permisos, solo recientemente se han disparado las denuncias por estas metodologías repudiables, principalmente por víctimas que se han atrevido a delatarlos. Estos montajes, acciones ilícitas conocidas con el nombre de falsos positivos judiciales, no son más que patrañas ideadas por agentes del Estado que afectan derechos fundamentales en desarrollo de procesos penales respaldados en motivos infundados.
Falsos positivos judiciales para todo
Hay multivariedad de falsos positivos judiciales, por ejemplo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo hace mención en su sitio web de los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento. Se asegura allí que las víctimas de estas prácticas son civiles que participan activamente en la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas. Con los montajes judiciales se logra obstaculizar el trabajo de los defensores y de paso se criminaliza y deslegitima el trabajo en defensa de los derechos de las víctimas. A estos civiles los señalan de ser presuntos desmovilizados de las Farc.
La Fiscalía no le solicita al juez de control de garantías la captura, no hace la indagación previa y simplemente con base en testimonios de falsos excombatientes y el uso de archivos de inteligencia traídos de otros procesos o inventados realiza los arrestos que luego, de alguna manera, justificará ante el juez. Esos falsos testimonios son preparados o coaccionados por fiscales con el único objetivo de señalar a los involucrados como terroristas.
También hay falsos positivos para cobrar recompensa. El pasado 30 de junio se hizo pública la noticia de los supuestos abusos que habría cometido Ismael Darío Lopera Tangarife, alias Manolo o el monstruo de Santa Cruz, señalado de sobrepasarse con varios menores de edad del Centro Infantil Pequeños Exploradores del barrio Santa Cruz, nororiente de Medellín. El 10 de julio de 2021, el juez 15 de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y fue enviado a un pabellón especial de la cárcel de Valledupar. El 19 de agosto, el juez 26 penal del circuito de Medellín le negó la libertad. Lopera Tangarife, de 53 años, presuntamente aprovechó que era el auxiliar de nutrición en el jardín infantil para agredir sexualmente al menos a seis menores de edad. La captura se dio atendiendo una orden emitida por un juez y fue notificada por parte de agentes de la Policía cuando Ismael Darío Lopera Tangarife se presentó en la estación de Santa Rosa de Osos, Antioquia.
(Leer: Marcha Patriótica denuncia nuevos casos de falsos positivos judiciales en Antioquia)
Sin embargo, oficiales de esa institución trataron de ocultar la entrega y hacer creer que se trató de una captura, presuntamente para cobrar la recompensa de $50 millones que ofreció la Alcaldía de Medellín. El alcalde Daniel Quintero, el presidente Iván Duque y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia, anunciaron que alias Manolo había sido capturado el 8 de julio en medio de un operativo.
Según el general Pablo Ferney Ruiz Garzón, excomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el exjefe de la Seccional de investigación criminal, coronel Carlos Yair Morales, su subalterno, fue quien le entregó un informe indicando que se había realizado la captura de alias Manolo. El alcalde Quintero aseguró que por este hecho se entregaría la recompensa de $50 millones ofrecida, pues se afirmó que fuente humana ayudó a su presunta captura en desarrollo de un mega operativo.
La argucia tenía dos objetivos, el primero era mostrar un resultado positivo: la captura de un odiado abusador de niños, acción que no representa una retaliación sangrienta de bandas criminales de la ciudad y sí muchos aplausos y felicitaciones por parte de la comunidad, además de reconocimientos, ascensos, permisos y vacaciones. La segunda, cobrar la recompensa. Policías, militares y fiscales, mal pagos ellos, se dejan comprar por el dinero de las mafias a cambio de dejarlas traficar. Y para demostrar que sí trabajan, llevan inocentes al búnker de la Fiscalía.
En enero de 2020, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que destinaría $5.000 millones para recompensas, con el objetivo de capturar integrantes y cabecillas de combos, homicidas, fleteros y ubicar armas de fuego y estupefacientes. Por cada información se entregaron hasta 10 millones de pesos. Como todo salió bien en 2020, para este año 2021 la cifra ascendió a 20 millones de pesos y a $40 millones para información sobre feminicidios. De ese fondo saldría el dinero para pagar la recompensa de $50 millones al delator de alias Manolo, como se lo indicó la Sijín al alcalde, que en consecuencia anunció que se entregaría el dinero correspondiente. Pero un video dañó los planes y sembró la duda sobre la certeza y seriedad del programa de recompensas, que repartió 311 millones de pesos en 2020 y que a junio de este año había entregado $300 millones.
No obstante, hace una década ya ocurrían hechos similares. En 2011 se entregaban en el comando de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá recompensas con dineros que proporcionaba la Administración Municipal, pero la sombra de los falsos positivos obligó a terminar con ese programa. El pago se hacía todos los lunes y el objetivo era premiar a quienes ayudaban a las autoridades con la difícil tarea de encontrar a los delincuentes. Ataviados con gafas, capuchas y hasta guantes, los colaboradores se acercaban a una taquilla de madera y por allí recibían los fajos. “Gástese la platica bien gastada, en la cuota de un apartamento, por ejemplo”, les decía el entonces comandante de la Policía Metropolitana, general Yesid Vásquez Prada.
Había informantes que cada 30 días reclamaban entre uno y tres millones de pesos que guardaban en las medias, en una tula o en las partes íntimas. Con eso compraban carro o arreglaban la casa. Pero, ¿cuánta información suministraban que cada mes iban por plata?, ¿cuántas capturas ayudaron a realizar?, ¿todo en la Metropolitana se lograba con informantes pagos?, ¿el personal de inteligencia era -ha sido- así de incompetente? ¿Todas las informaciones eran reales? El general Vásquez decía que si una mamá entregaba a su hijo también iba por la recompensa. El entonces jefe de la Sijín, coronel Miguel Ángel Botía, afirmaba que gracias a las delaciones remuneradas se conseguía capturar en un 80 % a los autores de homicidios. En agosto de 2011 se habían entregado 280 millones de pesos en recompensas. Toda la información referente a las recompensas tiene una reserva legal de 20 años, según el artículo 5 de la Ley 1097 de 2006. Lo particular del tema es que la Sijín también destinaba un presupuesto de $40 millones mensuales para recompensas. ¿Cuáles entregaban, las de la Alcaldía o las de la Policía? ¿Por qué nuestras fuentes dicen que en efecto se entregaban recompensas, pero no pasaban de trescientos mil pesos?
Ya contamos en este portal que en junio de ese año 2011 fue capturado Jeison Smirt Velásquez Pino, alias el Rolo, excabecilla de la banda La Sierra, de la comuna 8. El tipo se había escapado en octubre de 2010 de la cárcel El Pedregal. El exgeneral Vásquez Prada anunció que se pagó la recompensa de $20 millones, pero no hubo informante. ¿A quién le entregaba la Sijín sus informes sobre trabajos de inteligencia y pago de recompensas que diera cuenta del dinero que ellos entregaban y del que entregaba la Alcaldía y de la efectividad de esta estrategia?
La Sijín, el CTI e inteligencia militar anuncian cada cierto tiempo capturas o incautaciones que resultan ser falsas o que siendo ciertas resultan ser ilegales, por lo que a las pocas horas quedan en libertad los implicados. Qué daño les hacen a estas personas inocentes.
Todos somos sospechosos
La Convención Americana sobre Derechos Humanos indica en el artículo 8 que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Asimismo, el texto del artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que toda persona acusada de un delito “tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.
La presunción de inocencia está consagrada igualmente en la Constitución Política de Colombia, artículo 29, inciso cuarto: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa…”.
Es lo que está escrito. Pero es bien sabido por todos que otra cosa bien distinta es la que sucede en el país: toda persona es culpable hasta que no demuestre más allá de toda duda que es inocente. Claro está, unos son más sospechosos que otros, por ejemplo, los habitantes de los barrios pobres, los defensores de Derechos Humanos, los integrantes de las juntas de acción comunal, los líderes sociales, los cantantes de rap, las personas que tienen tatuajes, los feos, los negros, las mujeres que usan falda corta, descaderados y mucho maquillaje, el travesti, el que está parado en la esquina, los taxistas, los petristas, los de izquierda, los desmovilizados y otros muchos. Cualquiera de ellos puede terminar en un calabozo de una estación de Policía o de la Fiscalía, sin pruebas. Y si es joven, con mayor razón.
El señalado, cargado de duda por un agente del Estado, vive un infierno mientras es llevado hasta el “término del proceso rodeado de plenas garantías procesales”, como dice la norma constitucional. Sin embargo, muchas veces el sospechoso ni siquiera es presentado en un proceso, pero sí es privado de su libertad, encerrado, humillado y vejado en una celda, por decisión unánime de un agente de Policía.
Si el legislador, los jueces, los policías, los militares y los fiscales no pueden presumir la culpabilidad de nadie, ¿por qué ocurren tan a menudo los falsos positivos judiciales en Colombia?
Involucrado un investigador de Análisis Urbano
Hace cuatro años, la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación aseguró que tenía pruebas contundentes para acusar A Mauricio Adolfo Asprilla Martínez, de 40 años de edad, representante legal y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Belén Zafra – Sucre, comuna 16 de Medellín, por presuntamente realizar reuniones con miembros de una de las bandas criminales que operan con protección oficial en Belén.
Asprilla Martínez desde el año 2008 venía realizando actividades de investigación con la corporación Corpades y desde 2013 con la Agencia de Prensa Análisis Urbano.
Corpades puso en conocimiento de las autoridades el contubernio entre la banda criminal y algunos miembros de la Policía que son cercanos a esa agrupación ilegal.
(En contexto: Investigadores del Gaula crearon falsos positivos judiciales)
Afortunadamente, el caso de Mauricio Asprilla tendrá un final feliz después de cuatro largos años de injusticia, final que pronto estaremos anunciando en Análisis Urbano, pues es un triunfo de la verdad contra los falsos positivos judiciales.
Catálogo de falsos positivos
Debe responder por su comportamiento quien quebranta la norma. Eso está claro. Sin embargo, las autoridades de Policía encontraron en el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, un catálogo de innumerables posibilidades para falsos positivos. Es así como muchos ciudadanos han terminado respondiendo por conductas que no han cometido.
Esa ley, conocida como el código de policía, es la primera en el país que somete a las personas naturales y jurídicas a medidas correctivas y al pago de elevadas sumas dinerarias por concepto de multa, con la creencia de que ese método es efectivo para regular comportamientos incorrectos y conservar así la convivencia pacífica entre los asociados. Decíamos que se le conoce como “código de policía”, porque su antecesor normativo, el decreto 1355 de 1970, también era llamado así, aunque ese articulado tampoco llevaba ese nombre. El artículo 193 del decreto se refería a las multas, que no superaban los mil pesos y que debían ser pagados al tesorero municipal, pero el multado podía manifestar que no tenía dinero y le conmutaban la multa por trabajo. Ahora no, cuando el policía toma el talonario lo hace con rigor totalitario, dictatorial, autoritario, con la intención de atemorizar, de dañar y no de proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de esta se derivan…
Uno de los objetivos de la norma vigente es determinar la actividad de policía como ese todo encargado de velar por el orden y la seguridad y definir algunas funciones de la Policía como institución. Sin embargo, algunos agentes de ese cuerpo policial convirtieron la Ley 1801 de 2016 en un inventario de falsos positivos con el que no solo intimidan sino que someten a los ciudadanos a excesivos trámites de difícil resolución y a procedimientos insufribles, ejerciendo una indebida coerción, poniendo en aprietos a la comunidad solo por hacer sentir que son una autoridad, convirtiéndose esta actividad policial en una flagrante violación a los derechos humanos y en un delito.
Un ejemplo de ello es el siguiente: Un policía aplica el artículo 35 de la mencionada ley y afirma en los hechos que un ciudadano lo trató de manera irrespetuosa, con vulgaridades, como lo indica el numeral primero. La medida correctiva correspondiente es una multa tipo 1 que puede ser compensada con la realización de un curso. Pero en el comparendo, el policía sanciona al ciudadano con el numeral 2 que hace referencia a una multa tipo 4, que equivale a 32 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, $969.094, una multa más gravosa que a todas luces afectará el bolsillo del administrado. Un falso positivo policial.
Y para terminar, lo que ha sido el infierno para muchas personas en Medellín. En el apartado “Convivencia”, del Informe sobre la situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín, realizado por la Personería de Medellín en alianza con el Colegio Mayor en el año 2019 (El informe de 2021 no se ha realizado porque el año aun no termina y en el del año 2020 no se incluyó esta información), esa entidad del Ministerio Público aborda el tema del traslado por protección.
El fin de semana -cualquier fin de semana-, un policía -cualquier policía- si así lo quiere, puede detener a un ciudadano y trasladarlo a un calabozo por 12 horas, que es el tiempo que permite la Ley 1801. Sin embargo, los policiales, que se creen los jueces del fin semana, pueden hacerle la vida imposible a un administrado cualquiera y encerrarlo en una celda por hasta 36 horas, bajo cualquier señalamiento, lo que se le ocurra. Seguramente el ciudadano lo denunciará en la Procuraduría posteriormente, pero antes habrá descendido a los mismos sótanos del infierno durante esas 24 o 36 horas, debido al poder que se les ha entregado a los agentes de la Policía.
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Los comandantes de Policía ordenan traslados a calabozos o al denominado Centro de Traslado por Protección, violando las normas, atentando contra los derechos humanos e impidiendo que los retenidos hablen con sus familiares o allegados. Es por esto que la ciudadanía no cree en la Policía y mucho menos en el Código de Policía, puesto que consideran que ese documento es utilizado por los uniformados para abusar de su investidura y sancionar cuando quieren y como quieren, violando derechos fundamentales como el debido proceso, la libertad, etc., lo que permite inferir que el espíritu preventivo del Código se desdibujó totalmente y es utilizado como una herramienta policial para sancionar, castigar y cobrar venganza, sin observar los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que inspiraron su promulgación.
