Bogotá, 10 diciembre de 2021.- .- El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró este viernes que de ser necesario objetará un artículo de una ley anticorrupción que tramita el Congreso y con el que se busca aumentar las penas de injuria y calumnia contra funcionarios públicos, lo que según asociaciones de prensa abre la puerta a sanciones por la labor periodística.
«Cualquier propuesta, cualquier intención de limitar la libertad de prensa debe ser objetada, como lo mismo debe ser en el caso de pretender limitar la libertad de expresión de nuestra sociedad», dijo Duque durante un acto de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
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Por ello, invitó a los conciliadores del proyecto en el Congreso a «encontrar una solución que permita conservar las normas anticorrupción importantes contenidas allí» y se pueda «retirar ese artículo que poco o nada tiene que ver con el contexto».
La enmienda, que ya fue aprobada en segundo debate por la Cámara de Representantes, contempla penas de prisión de 60 a 120 meses y multas millonarias a quien «mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia».
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que esa iniciativa es un ataque a la libertad de prensa.
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Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para «erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa».
Canahuati, director ejecutivo del grupo Opsa de Honduras, dijo que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido, «es una herramienta para callar a medios y periodistas».
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Igualmente, la SIP y otras organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) consideran que esto abre la puerta a «sanciones y represión como la que existe en Venezuela o Nicaragua» contra los periodistas que investigan a los trabajadores públicos y políticos.
EFE
