(La Agencia de Prensa Análisis Urbano publica este trabajo con la autorización de la revista mexicana Proceso)
Bogotá, Colombia, 2 gosto de 2022.- El gobierno del presidente colombiano Iván Duque, que llegará a su fin este 7 de agosto, es uno de esos casos en los que la propaganda oficial y la percepción ciudadana hablan de dos países no sólo diferentes, sino antagónicos.
En uno de ellos, el del discurso de Duque, Colombia “es el Silicon Valley de América Latina”.
En el otro, el de los datos comprobables, Colombia es un país en el que un plan para llevar internet a las escuelas rurales acabó en un desfalco de 70 mil millones de pesos (16.5 millones de dólares) y en la caída de la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, a quien Duque reubicó en otro cargo.
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Es cierto que Duque, un joven gobernante que llegó a la política cuatro años antes de convertirse en presidente, debió lidiar con la pandemia del covid-19, con un país polarizado y con la enorme sombra de su mentor político, el ultraderechista exmandatario Álvaro Uribe, a quien debe el cargo.
Pero al saliente presidente de Colombia también le pasó la cuenta su estilo personal de gobernar, en el que no tienen lugar ni las críticas ni las rectificaciones pues, como él mismo ha dicho, su mayor defecto “es ser perfeccionista”.
Los colombianos, sin embargo, no perciben a un gobierno que aspira al perfeccionismo, sino a un presidente desconectado de los ciudadanos al que, según la encuesta Invamer, reprueban de manera abrumadora en temas como lucha contra la pobreza, la inseguridad y la corrupción y al que han ubicado como el mandatario colombiano con más altos niveles de rechazo desde que se hacen encuestas, hace 28 años. Al término de su gestión, siete de cada 10 colombianos rechazan la gestión de Duque.
Un exfuncionario de la presidencial Casa de Nariño que pidió la reserva de su nombre dijo a Proceso que al saliente presidente también lo dañó su abigarrada ideología conservadora, en la que “concibe al Estado como garante de un orden policiaco-militar destinado a preservar, primero, la libertad económica y, después, todas las demás”.
Como senador (2014-2018), Duque era el rostro amable del partido de Uribe –repleto de halcones rabiosamente antiizquierdistas— y, ya como presidente, se transformó, según su exfuncionario, en un hombre “duro, petulante, a la defensiva y siempre tenso”, lo que lo llevó a rodearse solo de incondicionales que se convirtieron en “un comité de aplausos”.
El saliente presidente colombiano, quien este lunes 1 de agosto cumple 46 años, dejará un país más pobre, más violento, más desigual y con mayor producción de cocaína que el que recibió hace cuatro años, pero él hace malabares estadísticos para construir una realidad alternativa que, según los estudios de Invamer, a pocos colombianos convence.
Según datos de la Comisión Económica para América Latrina y el Caribe (Cepal), Colombia fue el país de la región dende más aumentó la pobreza en 2020, el año más crítico de la pandemia. Llegó a 39.8%, 8.1 puntos porcentuales más que el año previo.
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Y aunque la recuperación económica en 2021 fue significativa, con un crecimiento del PIB del 10.6% tras una caída de -6.8% en 2020, la pobreza apenas se redujo en 3.2 puntos porcentuales. En cambio, el patrimonio de los “superricos” llegó a 17 mil 100 millones de dólares, un 31% más que el año previo, de acuerdo con la Cepal.
La abogada y columnista de la revista Cambio, Ana Bejarano, afirma que Duque gobernó para las elites económicas de este país “y lo hizo muy mal, pésimo, por su pequeñez como persona, como mandatario, por su incapacidad, su falta de preparación, su temperamento obstinado y mezquino y su falta de sentido de la realidad”.
En su discurso del pasado 20 de julio ante el Congreso, Duque dijo que redujo “a sus mínimos históricos” los homicidios, lo cual es falso.
Según datos del Ministerio de Defensa, en 2021 se registraron 14 mil 159 homicidios en el país, la cifra más alta de los últimos ocho años y 9.5% más alta que la de 2018, cuando Duque llegó al poder. Entre enero y junio de este año ocurrieron seis mil 818 homicidios, 413 más que en el primer semestre de 2018.
Tan duro como Maduro
Además de los malos resultados en seguridad, en el ámbito social y en equidad, un amplio sector del país le reprocha a Iván Duque el autoritarismo y menosprecio por las garantías individuales que mostró, especialmente, en las protestas sociales del año pasado, cuando cientos de miles de colombianos salieron a las calles a exigir comida, empleo y educación y él respondió con una violenta represión que dejó decenas de muertos.
En otros países latinoamericanos, incluso gobiernos de centroderecha como el de Sebastián Piñera en Chile (2019) y Guillermo Lasso en Ecuador (2022) han respondido con diálogo a las demandas sociales que se expresan masivamente en las calles. En Colombia no. Sólo cuando las protestas se transformaron en estallido y cuando la comunidad internacional le exigió parar la represión, él ofreció, en medio de su tozudez, una “conversación nacional”.
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Ana Bejarano afirma que la reacción de Duque frente a la protesta social “lo asemeja a autócratas latinoamericanos de izquierda, como Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) y Daniel Ortega (presidente de Nicaragua)”, que han reprimido a sangre y fuego las manifestaciones en su contra con el argumento de que se trata de complots de la derecha y el imperialismo yanqui para derrocarlos.
La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) verificó que, en medio del estallido social que vivió Colombia del 28 de abril al 31 de julio de 2021, la policía y civiles armados amparados por la fuerza pública asesinaron a 44 manifestantes. Además, ONG reportan que hay aún 72 manifestantes desaparecidos.
La misma ACNUDH constató que en las protestas contra Nicolás Maduro en 2017 la fuerza pública y “colectivos” armados al servicio del régimen venezolano asesinaron a 46 manifestantes.
Para la abogada y maestra en derechos humanos, Juliana Bustamante, los datos de la ACNUDH demuestran que la magnitud de la represión ocurrida en Colombia en 2021 se equipara a la que vivió Venezuela cuatro años antes.
Bustamante, quien es directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, sostiene que “hay una cantidad de coincidencias” entre Duque y Maduro, en especial “en lo que el presidente colombiano tanto critica al presidente venezolano. En 2017, cuando era senador, Duque llamó a Maduro “dictador” y lo acusó de desatar una “represión homicida” contra los venezolanos que exigían su dimisión.
Ya como presidente, Duque no sólo justificó la represión de 2021, sino que, según un informe de organismos de derechos humanos presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI), “la alentó con un discurso beligerante y guerrerista en el que estigmatizaba a los manifestantes como vándalos y terroristas urbanos financiados por las mafias del narcotráfico y la izquierda”.
Bustamante dice que en esas protestas se registraron más de cinco mil casos de abusos policiacos, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía, y a pesar de los expedientes judiciales que se abrieron por esos hechos “no hay, hasta hoy, ninguna condena”.
La ACNUDH señaló que “la gran mayoría de las protestas fueron pacíficas” y que las tensiones disminuyeron “cuando hubo diálogo entre las autoridades (locales, como en el caso de Bogotá) y los manifestantes”.
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Duque sigue sosteniendo que, más que motivadas por la severa crisis social que provocó la pandemia, las protestas eran parte de un “plan terrorista” de la izquierda para derrocarlo, una tesis que la comunidad internacional no creyó. La Unión Europea y Estados Unidos condenaron la matanza de civiles.
El saliente presidente ha atribuido las protestas en su país, en Chile y en Ecuador a ciudadanos que actúan “por odio o por resentimiento” debido a que “han vivido durante una época reciente una lluvia de desinformación”.
¿Un demócrata?
El presidente Duque se autoproclama en forma reiterada como un defensor de la democracia, las libertades, la ley y el orden, y convirtió en cruzada personal la caída del régimen de Maduro, a quien en un discurso en la frontera común, en febrero de 2019, le vaticinó que le quedaban “pocas horas” en el cargo.
Aferrado al poder y a costa de la pobreza de la gran mayoría de venezolanos, Maduro ha resistido la presión y las sanciones internacionales. En los comicios legislativos de hace dos años, plagados de irregularidades, logró recuperar el Congreso, al cual controla junto con el Poder Judicial.
La abogada Ana Bejarano dice que es un hecho que en Venezuela no existe la división de poderes. Pero afirma que en Colombia, donde se supone que esa separación existe, Duque logró controlar el Congreso a través de “la mermelada” (como se llama en este país al intercambio de puestos y contratos públicos por votos) y “puso a sus amigos” a cargo de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y hasta la Defensoría del Pueblo (comisión de derechos humanos).
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Bejarano, maestra en leyes de la Unidad de Harvard, recuerda que el fiscal general, Francisco Barbosa, amigo de Duque, designó un fiscal para el proceso penal por manipulación de testigos contra Uribe. Más que de acusador, el fiscal “hizo el papel de abogado defensor” del exmandatario, pero una jueza rechazó anular la causa.
“El daño institucional que ha hecho Duque tendrá efectos por varias décadas –asegura–: él y sus amigos se dedicaron a desmontar, pieza por pieza, el equilibrio de poderes, a anular los organismos de control y a cooptar al Estado. Sólo los jueces valientes han logrado parar en algo este desastre”.
La profesora de derecho de la Universidad de los Andes afirma que Duque carece de legitimidad para dar lecciones de democracia y libertades a otros países, lo que suele hacer junto con algunos expresidentes como el español José María Aznar, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el boliviano Jorge Quiroga y el colombiano Álvaro Uribe.
“Ellos –dice Bejarano– perciben la democracia de una manera unidimensional, la democracia del orden, del control, del apego a las reglas que les gustan, pero no desde el lado de la participación ciudadana, del respeto a la diversidad y a los derechos humanos. No. Es un concepto de democracia miope, incompleto y acomodado”. En ese sentido, asegura, “no son mejores que los izquierdistas a los que critican porque no hay ninguna evidencia que indique que esta derecha sea más democrática que la izquierda autoritaria”.
Duque, agrega la columnista de la revista Cambio, “ha violado la ley al intervenir en la campaña electoral (criticando propuestas del candidato izquierdista Gustavo Petro) y ha justificado bombardeos del Ejército a campamentos con civiles y menores de edad, y en la misma oficina de la Presidencia se han presentado casos de corrupción”.
Y a pesar de esto, “él se proyecta como un líder que defiende la democracia y el estado de derecho”. Bejarano cree, sin embargo, que “su debacle como presidente” no es por un asunto ideológico sino personal.
Un gobierno “transformador”
Al presentar el pasado 20 de julio su último informe de gobierno ante el Congreso, Duque dijo que hace cuatro años se propuso “transformar” a Colombia y agregó: “Hemos cumplido”.
También aseguró que tiene un “compromiso irrestricto con paz”, lo que le valió una rechifla de congresistas y gritos de “mentiroso”, “mentiroso”.
Lo cierto es que llegó al poder como enemigo de los acuerdos de paz con las FARC y durante su mandato omitió implementar puntos clave, como la reforma agraria, e intentó, sin éxito, quitarle atribuciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional creado para juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado.
Y apenas el mes pasado, una investigación periodística de Valeria Santos y Sebastián Nohra descubrió que funcionarios del gobierno de Duque participaron en el desfalco de unos 500 mil millones de pesos (119 millones de dólares) destinados a la implementación del acuerdo de paz, lo que Naciones Unidas exigió investigar.
El organismo también criticó “la ausencia de estrategias de seguridad” para los exguerrilleros desmovilizados. Durante el gobierno de Duque, fueron asesinados 241 firmantes de paz, uno cada seis días en promedio, así como 979 líderes sociales mayoritariamente involucrados en la implementación del acuerdo, casi cinco por semana, según datos de la ONG Indepaz.
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La triunfalista narrativa de Duque abarca todas las áreas de gobierno, desde la paz hasta el deporte –“hicimos de Colombia una tierra de atletas”, ha dicho–, pero los datos duros no le favorecen.
Según la Cepal, el índice de Gini –que mide la desigualdad de ingresos— subió 19 puntos durante el gobierno de Duque, lo que quiere decir que Colombia es hoy un país más inequitativo que el que recibió el saliente mandatario.
También es un país más inseguro que produce más cocaína que cuando el saliente mandatario llegó al poder. Entre 2018 y 2021, los cultivos de hoja de coca aumentaron de 208 mil hectáreas a 234 mil hectáreas, y la producción potencial de clorhidrato de cocaína se incrementó en 95 toneladas en ese lapso y llegó a 972 toneladas el año pasado, según mediciones de la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos.
Duque entregará el cargo este 7 de agosto al izquierdista Gustavo Petro, pero ha dicho que seguirá “defendiendo la democracia” y, además, le ha hecho varias recomendaciones a su sucesor sobre cómo gobernar al país.
El escritor Ricardo Silva Romero fue escueto: “Se va, bien ido, el presidente Duque”, escribió en el diario El Tiempo.
PROCESO
RC
