En días recientes presenciamos un forcejeo mediático entre las autoridades administrativas del municipio y la fuerza pública, por un lado, y algunos medios de comunicación y periodistas en torno a denuncias repetidas de las comunidades de varias veredas, de manera creciente, sobre la presencia de grupos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en tales territorios. Las primeras, negando esas versiones y los segundos, confirmándolas basados en afirmaciones categóricas, aunque temerosas, de esos voceros de la comunidad.
Por Arturo Montoya Ramírez
Antioquia, Colombia, 22 septiembre de 2022.- En días recientes presenciamos un forcejeo mediático entre las autoridades administrativas del municipio y la fuerza pública, por un lado, y algunos medios de comunicación y periodistas en torno a denuncias repetidas de las comunidades de varias veredas, de manera creciente, sobre la presencia de grupos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en tales territorios. Las primeras, negando esas versiones y los segundos, confirmándolas basados en afirmaciones categóricas, aunque temerosas, de esos voceros de la comunidad. No es necesario tomar partido en esta discusión para hacer algunas consideraciones en torno al asunto, así como contrastar algunos hechos para acercarnos a un criterio responsable sobre los mismos sin pretender ser jueces en la controversia.
Los hechos más recientes corresponden a las publicaciones que viene haciendo el periodista Oscar Castaño Valencia, ex director de Hora 13 Noticias de Teleantioquia, recogidas y ampliadas con sus propias investigaciones del investigador del conflicto urbano Luis Fernando Quijano, director de la ONG CORPADES y su Agencia de Prensa Análisis Urbano sobre lo que viene ocurriendo en veredas de nuestro municipio y otras de Cocorná y San Francisco, unas próximas al corredor de la mal llamada autopista Medellín-Bogotá y otras más cercanas al casco urbano de El Carmen.
Aseguran los periodistas que “…lo evidente es que sectores de la institucionalidad refutan sin argumentos, atacan sin estudiar realmente la problemática y se tapan unos con otros en “Pomposos consejos de seguridad” donde el mutuo elogio parece ser la constante”.
Y refuerzan sus argumentos recordando “que el 11 de febrero del 2022, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño presentó ante la sociedad el informe Nuevos órdenes, viejas disputas, el cual expone la situación de violencia entre los años 2018-2021 que viene intensificándose en los diferentes municipios de la región; la fuerte presencia y el fortalecimiento de estructuras paramafiosas y otros grupos más pequeños que tiene azotada esta zona de Antioquia.
Este informe también fue puesto en duda por la institucionalidad en lo local, departamental y nacional”. (El Cañón del Melcocho, otro corredor estratégico por el que las AGC se mueven como quieren hacia Cocorná, San Francisco y Carmen de Viboral: Análisis Urbano 2022-09-07)
Como respuesta a estas denuncias el alcalde John Fredy Quintero se pronunció, primero en redes sociales mostrando su extrañeza por tales publicaciones; pues, a su decir, las primeras averiguaciones no le confirmaban esa presencia criminal y el personero municipal le ratificaba que no había recibido denuncias en ese sentido. Anunciaba el alcalde la realización de un consejo extraordinario de seguridad, como en efecto se hizo, para analizar la situación. Después del mismo se emitieron unas conclusiones negando esa presencia y anunciando reforzamiento del accionar de las autoridades para evitar el deterioro de las condiciones de seguridad.
El Portal Primero Oriente trae las conclusiones de ese consejo de seguridad y en la misma nota agrega: “Al finalizar el consejo, se dio a conocer que este miércoles 7 de septiembre fueron capturadas 5 personas por el Gaula Militar Oriente en los Cañones del Río Melcocho, quienes se estaban haciendo pasar por una organización criminal organizada para atemorizar a la población y cometer ilícitos. Finalmente se habló de 4 denuncias que han recibido líderes sociales locales, las cuales, según las autoridades, no tienen relación con su trabajo comunitario.” (Descartan presencia de AGC en el Carmen de Viboral. Primero Oriente.com. Septiembre 8, 2022)
Contrastadas estas versiones cabe la pregunta a las autoridades. ¿Las comunidades pueden estar tranquilas porque quienes están haciendo presencia armada, atemorizando a la población, ejerciendo control territorial y social no son las AGC sino otros grupos delincuenciales que se hacen pasar por éstas? ¿Las amenazas a 4 líderes sociales no insinúan cierto grado de sistematicidad, prendiendo las alarmas y obligando a tomar medidas concretas de protección?
Por lo menos para los periodistas Castaño y Quijano las amenazas no son tan despreciables: “Hoy reiteramos que lo denunciado sobre el Carmen de Viboral y otros municipios del Oriente son reales. Aportaremos nuevas evidencias que encontramos, haremos que se muestre quiénes o quién quiere tapar la realidad sobre lo que ocurre, ¿Omisión o complicidad?”.
Si uno les da credibilidad a las versiones de estos periodistas revestidos de toda la autoridad profesional, ante los lectores eso no tiene trascendencia; lo que sí nos incumbe a todos es que un mandatario, responsable de la defensa de todo su territorio y del total de la población bajo su jurisdicción, subestime o, peor aún, descarte de manera ligera unas señales que podrían significar riesgo de muertes, desplazamientos, usurpación de tierras y todas las atrocidades que conocemos. La responsabilidad del periodista llega hasta hacer de caja de resonancia de la voz de las comunidades que anuncian tales riesgos. La responsabilidad del mandatario empieza ahí y se prolonga hasta la defensa de la vida con todas las herramientas institucionales y para eso no se pueden descartar esas alertas tempranas.
El periodista Castaño llega hasta explicar la actitud de los alcaldes en defensa de algunos aspectos de la vida municipal como la recuperación económica, sin llegar a justificarla: “Oriéntese, Periodismo de Opinión entiende el temor de los mandatarios en reconocer el accionar de grupos armados en sus territorios, dado el restablecimiento económico de sus municipios y las nuevas oportunidades prediales con el bum en la venta de predios. Sin embargo, si no se hace nada estamos condenados a repetir la historia de hace apenas dos décadas cuando los ilegales desplazaron a la institucionalidad y a los habitantes de gran parte del Oriente Antioqueño”.
Al respecto, es claro que el primer bien que debemos cuidar, el que debe garantizar el estado en todos sus niveles es el de la vida; cuando ésta está en riesgo, nada, ninguna otra consideración puede anteponerse a la garantía de su pervivencia. Es por esto por lo que, siguiendo el llamado que algunos iniciamos en comunicaciones anteriores, dirigidas algunas al mandatorio local y otras al gobierno nacional, solicitamos un Puesto de Mando Unificado, PMU, para el oriente antioqueño, no sólo para nuestro municipio por la movilidad que muestran estos grupos. En él, no solo las autoridades, también las comunidades pueden entrar a construir las condiciones de seguridad que se requieren en cada territorio para garantizar, primero el bien supremo de la vida, pero, además, las condiciones para desarrollar sus actividades económicas y vivenciales.
Coletilla: Al cierre de esta columna logré respuesta de un líder de los territorios en mención y me confirma ese accionar de grupos criminales organizados, entre ellos, el llamado “Clan de Oriente”, supuestamente conformado por los sucesores de Ramón Isaza, el otrora jefe paramilitar azote de esa zona cercana al corredor de la Medellín -Bogotá.
Artículo públicado en el portal de noticias Orientese
