Antioquia, Colombia, 25 octubre de 2022. Desde hace más de tres años venimos advirtiendo lo que está ocurriendo en la subregión del Suroeste y a nadie de la institucionalidad le ha importado las denuncias ciudadanas, los informes periodísticos, las investigaciones, las masacres, el asesinato de líderes sociales, los desaparecidos, desplazados, ni que las comunidades estén amedrantadas. En otras palabras, no interesa a las autoridades que los grupos armados ilegales manden en todo el territorio y a casi todos sus habitantes.
Cabe recordar que en el artículo publicado el 1 de octubre y titulado: “Al oído del presidente Petro: Suroeste, bajo fuego contra la población”, mostrábamos que en esta zona los grupos armados aprovechan corredores estratégicos hacia el departamento del Chocó y el océano Pacífico (los antiguos corredores de Betania, Hispania y Salgar siguen siendo los que comunican a los municipios del Suroeste por medio de caminos comunitarios y vías terciarias) para controlar el tráfico de sustancias ilícitas, robar ganado, extorsionar, reclutar niños por la fuerza, lucrarse de la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de maderas, cometer homicidios, amenazar, desplazar forzadamente a la población, actuar con violencia sexual contra las mujeres, desaparecer a algunas víctimas para imponerse y generar miedo entre los habitantes, y hasta es probable que hayan instalado laboratorios para el procesamiento de cocaína.
“LOS MUCHACHOS DE CIUDAD BOLÍVAR” ANUNCIAN VIOLENCIA EN EL TERRITORIO
Por medio de un video que circula en diferentes redes sociales, un grupo de sujetos autodenominados “Los muchachos de Ciudad Bolívar”, anuncia una serie de acciones violentas. Entre ellas hablan de iniciar una campaña de la mal llamada “limpieza social”, además de asesinatos selectivos contra varias personas que supuestamente tendrían relación con otras organizaciones criminales. El mencionado video ha encendido las alarmas en todo el Suroeste antioqueño.
LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA SE EXPANDE
Susurran habitantes de esta subregión que cada día aumentan las extorsiones, las amenazas, los secuestros, el tráfico de armas y drogas, las restricciones a la movilidad, y la imposición de pautas y normas de comportamiento. Todo eso lo ejecutan integrantes de los actores armados que controlan realmente la zona, dejando a la Policía y al Ejército como convidados de papel.
INICIA LA COSECHA CAFETERA
Es necesario recordarles a las autoridades que la temporada de recolección de café, y según los anuncios oficiales, inició en la primera semana de octubre y se extenderá hasta diciembre. No solo es la oportunidad para que miles de recolectores y sus familias fortalezcan sus ingresos; es también la temporada donde se incrementa todo tipo de violaciones a los derechos humanos de los habitantes del Suroeste y de los que llegan a apoyar la recolección del grano.
En los meses de octubre, noviembre y diciembre llega una población flotante aproximada de 80.000 personas, que se distribuye en los municipios cafeteros de la subregión para participar de la cosecha cafetera. Entre los municipios más frecuentados por los recolectores de café están Ciudad Bolívar, Salgar, Betania, Hispania, Andes y Jardín.
LA ALERTA TEMPRANA ADVIERTE SOBRE EL RIESGO EN ÉPOCA DE COSECHA CAFETERA
La Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo advierte sobre el riesgo existente en estos municipios con la llegada de esta población flotante. El consumo de sustancias psicoactivas se incrementa, generando disputas por las rentas ilícitas de los actores armados dueños de las plazas de vicio. Muchas de ellas estarían ubicadas estratégicamente en fincas cafeteras, cuyos propietarios son amenazados con pena de muerte o destierro si se oponen al negocio criminal de la droga, el alcohol adulterado y la prostitución.
En estas plazas de la droga se comercializa grandes cantidades de marihuana, bazuco, heroína, cocaína, tusi, éxtasis, metanfetaminas, popper y LSD, entre otras, ¿Por dónde entran las sustancias alucinógenas? ¿Las autoridades no las ven pasar? ¿Nómina paralela criminal?
En julio del 2022, la ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano publicaron el mapa sobre actores armados ilegales instalados en el departamento de Antioquia.
Este mapa aún busca que las autoridades ubiquen algunos escenarios de riesgo en los territorios, principalmente aquellos relacionados con el poder armado de grupos ilegales que se han apostado en todos los municipios del departamento y que tienen en crisis las condiciones del orden público.
CIUDA BOLÍVAR EN RIESGO PERMANENTE
En este municipio se ha identificado la presencia de las AGC, sectores de la Oficina del Valle de Aburrá, La Cabaña y otras estructuras ilegales armadas locales, cuyo interés por el control social, territorial, de corredores estratégicos y rentas ilegales, es una de las razones que ha impulsado, al menos, tres masacres en el municipio en los últimos años.
Ahora que la vía que comunica al Suroeste de Antioquia con Quibdó y Chocó viene mejorando, el municipio de Ciudad Bolívar se ha vuelto más vulnerable frente a la incursión de grupos armados externos. Por ejemplo, se habla insistentemente de incursiones armadas por parte de las llamadas Fuerzas Armadas Mexicanas, grupo armado ilegal que opera en Quibdó.
En Ciudad Bolívar se presentaron en el 2021 un total de 46 homicidios. Este año van 16 casos confirmados (a 30 de septiembre). Sin embargo, las dudas crecen al no tener claridad de cuántas personas están desparecidas forzadamente. Es tan difícil denunciar en el municipio, que solo once personas se han atrevido a hacerlo: seis por amenazas de muerte y cinco por extorsión; estas víctimas no aguantaron la presión de los ilegales armados. También hay muchos casos que pasan como subregistros, por debajo de las estadísticas.
Masacres en Ciudad Bolívar
En junio del 2020, hombres armados, integrantes de las AGC, incursionaron en zona rural del municipio de Ciudad Bolívar y asesinaron a 4 personas identificadas como Indi Katerine Romero Restrepo, de 39 años; Eiser Alberto Vargas David, de 25 años; Juan David Correa Jaramillo, de 19 años; y Elkin Alonso Vargas Muriel, de 20 años.
El 15 noviembre de 2021 se confirma otra masacre ocurrida en el municipio de Ciudad Bolívar. Los hechos ocurrieron en la finca La Giraldo, situada en zona rural del corregimiento San Bernardo de los Farallones. En el hecho fueron asesinados Antonio María Molina Vélez, de 60 años; Patricia Galeano (esposa); y Juliana Molina Galeano (hija) de 22 años.
Las personas entrevistadas manifiestan su preocupación, pues diversos hechos son posiblemente muy conocidos por la institucionalidad; lo sospechoso es que no son contrarrestadas por planes como el “Plan Cosecha”.
Podrían existir algunos miembros de la fuerza pública que estarían facilitando la comisión de delitos y crímenes de los grupos armados ilegales. Por ejemplo, algunos integrantes de estos grupos, a pesar de que al parecer tienen orden de captura, transitan con gran facilidad por la zona, como si las autoridades se hicieran los de la “vista gorda”. ¿Omisión o complicidad, señores de la institucionalidad?
¿Qué está pasando en Ciudad Bolívar con las autoridades?
Para la criminalidad ha sido fundamental sacar provecho del Suroeste antioqueño, debido a su excelente ubicación estratégica, sus carreteras y corredores hacia el Chocó, y por su riqueza.
Como lo habíamos advertido en mayo del año 2020, el Suroeste se está convirtiendo en la nueva tierra paramilitar y mafiosa.
Integrantes de la llamada Oficina, las AGC, las bandas criminales, y posiblemente las Fuerzas Armadas Mexicanas, están sometiendo descaradamente a los finqueros. Los extorsionan y los obligan a instalar plazas de sustancias alucinógenas dentro de sus fincas. Pero nadie se atreve a denunciar, y los que denuncian son amenazados y desplazados. Estos hechos criminales serían conocidos por miembros de la Policía.
Contrario a lo que dicen “positivamente” las autoridades (reunidas en una especie de coro de aplausos en los mediáticos consejos de seguridad), la realidad otra. Los diferentes barrios y los puntos críticos no son atendidos con los planes de seguridad trazados, ni existen labores de inteligencia reales para frenar la ocurrencia de graves delitos contra la población.
Hemos repetido hasta el cansancio que la criminalidad pulula en Ciudad Bolívar y el resto del Suroeste, mas las autoridades solo responden con paños de agua tibia.
¿PARA QUÉ LAS ALERTAS TEMPRANAS DE LA DEFENSORÍA SI NO SON ATENDIDAS?
En la At 044-20 se describe el alto riesgo que se extiende hacia estos barrios del municipio de Ciudad Bolívar: Alférez, La Floresta, Pio XII, La Palma, Villa Manuela, Villa Josefina, La Cabaña, Olimpo, La Ermita, Chapinero, Obrero, La Cumbre, Independencia, Manzanillo, San Judas, La Estación, La Playa, Conrado Vélez, La Carmina y Calle Sexta. Estos corregimientos: Alfonso López (San Gregorio), San Bernardo de los Farallones, La Linda. Y estas veredas: La Linda, Bolívar Arriba, Manzanillo, La Carmina, San Miguel, Remolino, La Lindaje, La Hondura, Amaranto, Alfonso López, La Angostura, La Arboleda, Farallones, Los Billares, Buenavista, La Granja, La Sucia y Los Monos.
ALERTA TEMPRANA N° 044-20 by Análisis Urbano Medellín on Scribd
Todos estos territorios vienen siendo objeto de un plan expansionista de estos grupos armados.
Con la aparición de este grupo armado autodenominado “Los muchachos de Ciudad Bolívar”,se abre en el escenario nuevas confrontaciones por el control territorial. Lo explicado acertadamente en la Alerta Temprana llama la atención sobre nuevas y potenciales masacres, casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual, amenazas y homicidios selectivos planificados por los grupos en disputa.
El alto riesgo también se encuentran los municipios de Andes, Betania, Hispania, Jardín, Salgar, Titiribí, Venecia, Fredonia y Urrao. Por eso nos atrevemos a decir que el Suroeste permanece bajo fuego.
A.U.
