El 12 de febrero, desde la Cárcel La Picota, ubicada en Bogotá, 310 reclusos agrupados en el Comité de Presos por la Verdad, enviaron una carta al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) donde confluyen la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de desaparecidos y la Comisión de la Verdad —cuyo presidente es el padre Francisco de Roux—, planteando el deseo de aportar a la verdad para que la conciliación nacional sea completa, ya que, según ellos: «Sin duda, es absolutamente indispensable no guardar más en secreto cómplice los hechos de violencia y guerra interna, las circunstancias propias de los mismos, los nombres de actores participantes sin consideración de su sexo, raza, estirpe, oficio o condición económica, social o profesional, y de los sitios geográficos a donde todo tuvo lugar, lo mismo que el origen de las fuentes de financiación, obviamente sin dejar de lado su naturaleza, todo lo cual derivó y sigue derivando tragedias, muerte y lágrimas, desplazamientos, y atroz injusticia. Pensamos particularmente en la necesidad de la verdad y en el dolor de las víctimas del conflicto».
Es variopinta la composición del recién formado Comité de Presos por la Verdad y eso hace más interesantes los planteamientos del escrito enviado a tres organismos clave del esquema de justicia transicional trazado en el acuerdo final. En este participan personas privadas de la libertad que son o han sido miembros de las FARC, el ELN, el EPL, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y algunos miembros del ejército.
También llama la atención que aparece firmando Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como alias Tom o Carlos Chata, exjefe de la Alianza Criminal del Norte o Línea 60 de la Oficina del Valle de Aburrá, entre otros. Mesa varias veces ha enviado cartas al Gobierno nacional y a los medios de comunicación planteando su disposición para aportar a la construcción de la paz urbana y la justicia restaurativa.
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Siendo importante todo lo que se plantea en la comunicación y quienes la suscriben, ya que puede ayudar a la reconciliación nacional, para el caso de Antioquia, y en especial para el Valle de Aburrá y Medellín, ver firmando a alias Tom es de suma trascendencia por varias razones. La primera, demuestra que personas como él y otros jefes criminales que han estado en la jerarquía de la Oficina del Valle de Aburrá, conocida como la Oficina de Envigado, sí han tenido participación directa en el conflicto armado colombiano, en este caso en el conflicto urbano. La segunda razón es que ellos sí estuvieron enlazados a empresarios, militares, políticos, policías, entre otros, para actuar contra lo que consideraron el enemigo interno: insurgencia, movimiento social, partidos políticos de izquierda o centro y opositores al status quo.
La tercera razón demuestra la existencia de la Oficina del Valle de Aburrá y se refuta de plano con esto la afirmación del Gobierno nacional al tratar de borrar de un plumazo la existencia de esta estructura paramafiosa que tiene más de tres décadas de existencia. Eso ocurrió en la Directiva Permanente N.º 15 de 22 de abril (Ministerio de Defensa Nacional) donde el Gobierno reclasifica las llamadas Bacrim en Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO) desconociendo la existencia del paramilitarismo y quedando explícito en la Ley 1908 de 2018, pese a que la Justicia norteamericana reconoce la existencia de la Oficina.
En concreto, La Oficina del Valle de Aburrá ya no está en el lenguaje del Gobierno, la desaparece y solo habla de las Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (ODÍN) como unos grupos que están delinquiendo en barrios, comunas y corregimientos de Medellín y el resto del Valle de Aburrá.
La cuarta razón es que la disposición de Juan Carlos Mesa a participar activamente en los tres espacios refuerza la existencia de las víctimas del conflicto urbano y por ende debe servir como un llamado para que ellas, las víctimas, soliciten la inclusión de una parte de los miembros de estructuras paramafiosa como la Oficina para que ayuden a la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la no repetición en el Medellín metropolitano y el resto de Antioquia.
La ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano hacen el llamado urgente a las víctimas del conflicto urbano y a las organizaciones sociales y de derechos humanos para que se sumen a la petición de las víctimas que le piden al Sistema Integral valorar disposición del Comité de Presos por la Verdad de Colombia.
La paz en Colombia es una necesidad urgente, pero debe ser una paz completa, donde todos se incluyan solo así la reconciliación nacional será posible y podría servir como muro de contención que evite la propagación, la conquista y la consolidación del crimen trasnacional con rostro mexicano y brasilero a lo largo de la geografía colombiana.
Apunte Urbano
En Antioquia hacen presencia poderosas estructuras del crimen urbano-rural como Los Caparrapos, AGC, Oficina del Valle de Aburrá, las disidencias de las FARC, además de la insurgencia del ELN; solo en Medellín y el resto del Área Metropolitana se sabe de la presencia de 2 de estas estructuras criminales, unas 500 bandas podrían girar en torno a ellas, muchas les obedecen y son sus satélites, otras prestan su servicios criminales a una y otra.
La Oficina del Valle de Aburrá, conocida también como la Oficina de Envigado, controla mayoritariamente a las bandas citadinas y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —bautizadas como El Clan del Golfo por el Gobierno nacional de Colombia—, organización paramafiosa que ocupa sitios clave de la periferia, sin embargo, también hay bandas independientes como La Agonía, Los Triana, Los Mondongueros, El Mesa, entre otras.
Además, la presencia del crimen trasnacional es una realidad que cada día se evidencia más.
¿Qué pasará cuando AGC, Los Caparrapos, La Oficina, Las Disidencias, Las organizaciones independientes tomen la decisión de aliarse o sumarse al cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, al Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) o la Familia Do Norte (FDN)?
Texto completo de la carta enviada por El Comité de Presos por la Verdad, Capitulo la Picota.
Centro Penitenciario La Picota, Bogotá DC, febrero 12 de 2019
Señores
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR: Jurisdicción Especial para la Paz; Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; Unidad para la Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas
Respetados Magistrados y Magistradas, Comisionados y Comisionadas y Directora de la Unidad citada:
Nosotros, los abajo firmantes, reclusos del Centro Penitenciario La Picota de Bogotá DC, quienes hemos perdido nuestra libertad por haber sido miembros de grupos alzados en armas, de grupos de autodefensas, de los llamados paramilitares y de otras organizaciones al margen de la Constitución y la ley igualmente enmarcadas dentro de los mas de cincuenta años de duración del conflicto interno de Colombia, respetuosamente les manifestamos a ustedes nuestro deseo de contribuir a la paz total de la nación, acogiéndonos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, toda vez que hemos sido autores, testigos, y/o participantes activos de la guerra fratricida que tanto dolor, penas y víctimas le ha causado a nuestra sociedad a lo largo y ancho de nuestro territorio patrio.
Para nadie es un secreto que el conflicto armado interno siempre fue y sigue siendo mucho más amplio que la antigua confrontación del Estado con las FARC-EP. Los Acuerdos de La Habana (paz suscrita entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP), fueron lo suficientemente amplios y realistas como para reconocer este insoslayable hecho que ponemos de manifiesto, tanto así que, por esta mismísima razón, consideramos que no habrá conciliación completa, mucho menos reparación integral a las víctimas, si no damos a conocer públicamente el actuar delictual integral con responsabilidad individual y colectiva de nuestra parte, todo ello derivado de la intestina e histórica conflagración nacional que ya es hora de resolver definitivamente.
Sin duda, es absolutamente indispensable no guardar más en secreto cómplice los hechos de violencia y guerra interna, las circunstancias propias de los mismos, los nombres de actores participantes sin consideración de su sexo, raza, estirpe, oficio o condición económica, social o profesional, y de los sitios geográficos a donde todo tuvo lugar, lo mismo que el origen de las fuentes de financiación, obviamente sin dejar de lado su naturaleza, todo lo cual derivó y sigue derivando tragedias, muerte y lágrimas, desplazamientos, y atroz injusticia.
Pensamos particularmente en la necesidad de la verdad y en el dolor de las víctimas del conflicto.
Estamos convencidos que nuestra obligación en este momento de la vida nacional es aportar sin temor, a la historia de Colombia y a la solución del conflicto, contribuyendo con confesiones, develaciones y señalamientos, sin escatimar nuestra responsabilidad; sin dejar de lado, eso sí, la verdad de a puño que por circunstancias que colectiva e individualmente pondremos de presente, muchos de los abajo firmantes no solo hemos sido victimarios sino víctimas. Ya tendrán ustedes, respetados destinatarios de esta misiva, la oportunidad de ponderar y juzgar debidamente lo que acá se afirma.
Distinguidos magistrados y magistradas, comisionados y comisionadas, señora Directora: Debemos repetirlo una y otra vez por ser una decisión tomada a consciencia por todos y cada uno de nosotros: De cara a las víctimas y a la sociedad, queremos aportar verdades, algunas ya conocidas, otras que han venido estando guardadas por mucho tiempo y que no se conocen en estrados judiciales ni extrajudiciales, para hacer realidad la reconciliación buscada, la reparación y la no repetición.
Debemos anticipar que, en distintas cárceles del país hemos adelantado contactos con reclusos que han perdido la libertad por razones de igual naturaleza a la nuestra, y que están interesados en tomar la misma iniciativa que hoy nosotros ponemos en conocimiento del SIVJRNR y de nuestros conciudadanos (cárceles: Centro Penitenciarioa Regional de Alta Seguridad de Cómbita; Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad La Tramacua de Valledupar; Centro de Reclusión Rodrigo de Bastidas de Santa Marta; Cárcel Modelo de Barranquilla; Penitenciaría de El Bosque de esa misma ciudad; Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí y Cárcel Bellavista de Bello, entre otras).
Es nuestra pretensión, como igualmente la de ellos, acudir voluntariamente a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, acogernos a la Jurisdicción Especial para la Paz, y algunos, a concurrir igualmente a la Unidad para la Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas, con las debidas garantías de distinto orden. Lo anterior, porque garantías serias y coherentes de parte de la Comisión de la Verdad y la JEP para los actores del conflicto (presos y en libertad), generarían un proceso de verdad y reparación sin antecedentes en la historia nacional.
Como primer paso, desde ahora mismo, invitamos al señor Presidente de la Comisión de la Verdad Francisco de Roux Rengifo SJ, y a su equipo de trabajo, a hacer presencia en este Centro Penitenciario lo más pronto posible, en donde encontrarán la mayor acogida y nuestra total voluntad de aportar a la construcción de la paz total definitiva, nuestro fervoroso reconocimiento a la inmensa tarea que viene adelantando con sus colegas a lo largo y ancho del país, y nuestro deseo de que se escuche de viva voz nuestro compromiso individual, el de cada uno de nosotros, con la verdad, las víctimas, la reparación y la no repetición, y con la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Unidad ya varias veces aludida.
De nuestra consideración,
El Comité de Presos por la Verdad de Colombia, Capítulo La Picota
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