Al 01de abril del año 2019 la ciudad reportó 162 homicidios, 22 más que en igual periodo de 2018. Sin necesidad de recurrir a un análisis profundo se podría demostrar que la desestabilización por parte de la ilegalidad paramafiosa continúa en los territorios afectando la seguridad y la tranquilidad de las comunidades. Violencia y criminalidad crecen, producto de la «guerra fría» que vive el crimen urbano representado en las dos líneas militares que tiene la Oficina del Valle de Aburrá —conocida como Oficina de Envigado—: la Línea 60 —Mayoritaria o Alianza Criminal del Norte— y la Línea 40 —Minoritaria o Confederación Criminal de Medellín—, que representan más del 90 % de las 350 bandas que se reparten el control de las comunas y los corregimientos en Medellín, sin contar las bandas del resto del área metropolitana y otras subregiones de Antioquia como Suroeste, Nordeste, Bajo Cauca, Norte y Occidente que también engrosan sus aparatos militares los cuales se encuentran bien dotados de armas, logística, hombres y recursos económicos.
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El impacto real de la guerra de las bandas de la Oficina se presenta en la parte occidental de Medellín, que comprende la zona 2-Noroccidental, la zona 4-Centrooccidental y la zona 6-Suroccidental; confrontación que está amparada por la nómina paralela que sustenta la protección oficial, pues en épocas de desestabilización criminal quienes reciben una buena tajada del botín son precisamente quienes desde la institucionalidad sirven a los intereses del crimen urbano. En estas zonas los homicidios van en aumento al igual que el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la extorsión, el pagadiario, el tráfico de drogas y el reclutamiento forzado.
La zona 2-Noroccidental comprende la comuna 5 (Castilla) —7 homicidios, 1 menos que en igual periodo de 2018—, la comuna 6 (Doce de Octubre) —6 homicidios, 2 más que en 2018— y la comuna 7 (Robledo) —15 homicidios, 5 menos que en 2018. En esta comuna se ve cómo la violencia se viene recrudeciendo a partir del fortalecimiento de Los Pesebreros, quienes venían perdiendo territorios y han recibido el apoyo militar, logístico y en hombres por parte de La Terraza.
La comuna 50 (San Sebastián de Palmitas), con cero homicidios, al igual que en el periodo de 2018, es el corregimiento más tranquilo de la ciudad de Medellín.
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La zona 4-Centrooccidental, alberga la comuna 11 (Laureles) —5 homicidios, uno más que en igual periodo de 2018—, la comuna 12 (La América) —17 homicidios, 12 homicidios más que en 2018—. Esta comuna en la actualidad recibe el impacto más fuerte de la confrontación armada. También se ubica en esta zona la comuna 13 (San Javier) —14 homicidios, 6 más que en 2018—. De esta comuna se podría decir que es el epicentro de la disputa armada. La América y San Javier viven de lleno el conflicto producto de la ofensiva de Los Pesebreros por recuperar los territorios que les fueron arrebatados por la Alianza Criminal del Norte a través de La Agonía y otras bandas ubicadas en las comunas ya mencionadas.
En esta zona se ubica el corregimiento de San Cristóbal (comuna 60) —11 homicidios, 6 más que en 2018—, que podría estar siendo irradiada por la lucha que hay en las comunas 7 y 13, aunque hay fuentes que le afirman a la Agencia de Prensa Análisis Urbano que el corregimiento estaría metido de lleno en la lucha militar al lado de Los Pesebreros y, por ende, de la Confederación Criminal de Medellín (Línea 40).
En la zona 6-Suroccidental se localiza la comuna 15 (Guayabal) —7 homicidios, uno más que en 2018—, la comuna 16 (Belén) —13 homicidios, 6 más que en 2018—. La comuna 16 es considerada una de las joyas de la corona de la guerra fría de Medellín; se augura que más temprano que tarde entrará la confrontación a esta desde la parte alta del corregimiento de Altavista y por la frontera con las comunas 12 y 13, además de Belén Rincón, Belén Las Violetas y la comuna 15.
El corregimiento de Altavista (comuna 70), se ubica en esta zona —14 homicidios, 6 más que en 2018—; al igual que la comuna 80 (San Antonio de Prado) —2 homicidio, 3 menos que en 2018—, el corregimiento Altavista que está entrando a la disputa, producto de la partición de la Unión Chivos y Pájaros. Los primeros estarían apoyados por la Confederación Criminal de Medellín y los segundos por la Alianza del Norte a través del crimen acantonado en buena parte de Belén y la llegada de refuerzos de las comunas 8 y 9 que llegan a dar soporte y a cambiar la estrategia para enfrentar a la Línea 40 y su punta de lanza, Los Chivos, y un sector de la banda de La Raya.
En la parte occidental de Medellín van registrados 110 homicidios, los 52 restantes se ubican en la parte oriental de la ciudad. Zona 1-Nororiental, donde se encuentra la comuna 1 (Popular) —3 homicidios, igual número en 2018—, la comuna 2 (Santa Cruz) —3 homicidios, 2 más que en 2018—, la comuna 3 (Manrique) —3 homicidios, igual número se registró en 2018), la comuna 4 (Aranjuez) —9 homicidios, uno menos que en 2018—. En la zona 3-Centrooriental se localizan la comuna 8 (Villahermosa) —8 homicidios, 2 menos que en 2018—, la comuna 9 (Buenos Aires) —5 homicidios, 3 más que en 2018—, la comuna 10 (Candelaria) —con presencia de 35 grupos de las Convivir, que al igual que en la otras comunas y corregimientos están divididas por la guerra fría y por ende reciben órdenes de las dos líneas de la Oficina del Valle de Aburrá; se han registrado 15 homicidios, 12 menos que en 2018—, y la comuna 90 (Santa Elena) —1 homicidio, y en el periodo de 2018 no registraron homicidios—. Zona 5-Suroriental alberga la comuna 14 (Poblado) —4 homicidios al igual que en 2018—.
Los datos sobre homicidios han sido tomados del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), sin embargo, algunas muertes violentas que se efectúan en la ciudad se podrían estar llevando los cuerpos para otros municipios o arrojándolos al río Medellín que desde hace décadas es receptor de la impunidad y la segunda morgue del Medellín metropolitano. Incluso la utilización de casas de tortura, algunas veces convertidas en casas de pique, dificultaría tener más claridad sobre el número de homicidios, ya que en la mayoría de los casos terminan en desaparición forzada.
El panorama violento que vive la zona Occidental es poco alentador, la institucionalidad no ha tenido en cuenta lo que significa esta parte de la ciudad para el crimen urbano, incluso el crimen rural y lo ella representa estratégicamente debido a la construcción y el desarrollo de los megaproyectos en la subregiones de Occidente y Urabá: Túnel de Occidente, Túnel del Toyo, explotación minera a gran escala, los puertos en el mar Caribe y el paso de la droga a través de corredores estratégicos del Valle de Aburrá a Urabá y posteriormente a Panamá como trampolín a Centroamérica y en concreto a México desde donde la reciben los carteles mexicanos para llevarla a Estados Unidos. Corredores estratégicos que se usan para el retorno de parte del dinero y las armas.
La criminalidad y la violencia no dan tregua y menos lo hará en este año electoral. No son solo los homicidios y las desapariciones forzadas que afectan la seguridad urbana; a esto se debe añadir el reclutamiento forzado que muestra tendencia a aumentar. Más de 40 % de los integrantes de los grupos armados son menores de edad. El caso del menor de 14 años que asesinó dos personas y dejó una más herida en Santa Lucía, La América, o el de los jóvenes menores de 13 años capturados en La Guayana o el anuncio del Fiscal General de la Nación quien afirmó que van 600 menores capturados en flagrancia son prueba de ello.
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Igualmente, los desplazamientos forzados intraurbanos, el aumento y el alza en las vacunas o la extorsión, el pagadiario, la explotación sexual, el contrabando, la corrupción y el tráfico de drogas —conocido como microtráfico—aumentan.
A la actual administración municipal, en cabeza de Federico Gutiérrez, a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Meval y a la Fiscalía General de la Nación se les alertó desde hace unos años desde la ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano la existencia de la guerra fría dentro de la Oficina del Valle de Aburrá. La bautizamos así porque las jefaturas de las líneas militares no se están disparando abiertamente, solo se cazan cuando alguno de ellos muestra vulnerabilidad en la seguridad. El atentado a alias Chicho; alias Paraco; los asesinatos de Jhon Camellete, alias Guerrero; y la desaparición forzada de alias Gomelo, quien acababa de salir de la cárcel y se encontraba en el municipio de Bello, así lo demuestran; sin embargo, es evidente que patrocinan la confrontación entre las bandas, utilizando la misma estrategia empleada después de la segunda guerra mundial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, patrocinar la guerra en muchos países de Asia, África y América Latina, además del asesinato selectivo.
Igualmente, se anunció desde 2017 y durante 2018 que la violencia y la criminalidad sacudirían buena parte de la ciudad. Las comunas más afectadas por la confrontación y que estarían detrás de esto serían 7 y 13; y la comuna 12 sería el próximo escenario de la confrontación irradiando la comuna 11. Paralelamente la comuna 60, corregimiento de San Cristóbal, sufriría el embate, al parecer ya no solo irradia el conflicto de sus vecinos, alias Toño, jefe militar en esta zona, habría entrado a participar de la confrontación por eso estarían aumentando las muertes violentas allí; además de que la comuna 16, el corregimiento de Altavista y la comuna 15 entraban al juego de la estrategia de la lucha por el poder hegemónico de la occidental. Todo se anunció y no se escuchó, la institucionalidad estaba embelesada con capturas, delaciones, decomisos y control de una parte del crimen urbano.
Con la alerta a las autoridades y a la ciudad metropolitana se presentó una posible solución para quitarle el ímpetu a quienes orquestaron la desestabilización de Medellín. Esta tampoco se atendió. ¿Quiénes deberían responder por omitir y no investigar y actuar?
También se señalaron los posibles escenarios que tendría la ciudad metropolitana. El primero fue si se daba un nuevo acuerdo en el crimen urbano. Algunos se apresuraron a decir que ya había un nuevo Pacto del Fusil; afirmación que quedó descartada por dos razones: (i) el Pacto del Fusil es un acuerdo entre AGC —o Clan del Golfo— y la Oficina del Valle de Aburrá, y que está vigente hasta el momento; (ii) la ola de violencia que sacude a Medellín muestra que no se ha presentado pactación alguna.
El segundo escenario futurible y no lejano sería la confrontación abierta entre las líneas militares de la Oficina. Esta podría acelerarse si se extraditan los jefes y los subjefes del crimen urbano que son representativos adentro de la Línea 60 y la Línea 40. Ya se pasó de los rumores a la afirmación de la directora Nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, Claudia Carrasquilla Minami, de que ya está listo todo para el inicio de las extradiciones a Estados Unidos.
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El estado del arte esbozado suficientemente permite mostrar cual es la cartografía criminal en la parte occidental de Medellín. Esa será la segunda parte de este informe y se centrará comuna por comuna, incluyendo los dos corregimientos. Mostrará cómo se encuentran las dos líneas militares, quiénes participan y para dónde apunta esta confrontación armada que está desestabilizando la ciudad.
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