Hasta el momento, las autoridades colombianas han iniciado procesos sancionatorios a más de 15 empresas por no cumplir con las normas establecidas para estos fines.
El ente acusador les imputó cargos en audiencias preliminares realizadas en diciembre de 2018, cuando fueron afectados con medida de aseguramiento por un juez pena municipal. Desde esa fecha se encuentran privados de la libertad en la cárcel distrital.