Deberán responder por extorsión a un auxiliar de la Policía Nacional en Medellín

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Camilo Andrés Quiroz Restrepo, de 26 años de edad, y Cristian Higuita Vallejo, de 21 años, fueron afectados con una medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación como presuntos responsables de extorsión agravada consumada y tentativa de extorsión agravada.

Los hechos investigados ocurrieron en el barrio Belén Rosales de la capital antioqueña, el pasado 7 de agosto, cuando varios hombres retuvieron a un auxiliar de policía quien al parecer pretendía vender 5 papeletas de cocaína rosada. La víctima fue conducida hasta un establecimiento comercial donde fue obligado a fotografiarse con el alcaloide que portaba y con 15 cigarrillos de marihuana que llevaban los captores.

Minutos después, los victimarios le exigieron la suma de 10 millones de pesos a cambio de no publicar en las redes sociales las fotografías y de no revelar su condición de miembro de la Fuerza Pública. Ante la carencia de dinero, el policía bachiller fue conducido hasta su casa de donde sustrajo un televisor para entregarlo como pago extorsivo. El aparato estaba valorado en la suma de $ 1 900 000.

Según la denuncia formulada por el uniformado, varios días después recibió algunas llamadas telefónicas en las que le exigieron una pistola o 2 millones de pesos en efectivo para no publicar las fotografías.

Este miércoles 21 de agosto en un centro comercial del occidente de Medellín, Quiroz Restrepo e Higuita Vallejo fueron capturados por el Gaula de la Policía Nacional cuando se aprestaban a recibir un paquete que simulaba contener el dinero exigido ilícitamente. Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados.

Según el policía bachiller, la droga que pretendía negociar la encontró cuando realizaba labores de aseo en la guarnición policial donde presta el servicio militar obligatorio. En los próximos días la Fiscalía compulsará copias para que se le investigue por el punible de tráfico de estupefacientes.

La medida de aseguramiento fue proferida por el Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías.

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