Los escándalos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han pasado desapercibidos entre los de muchas otras instituciones del Estado, pero no por esto son menores. Esta entidad se ha visto envuelta en una crisis gigantesca ocasionada por la corrupción, y es esta misma situación la que hace que no estén cumpliendo a cabalidad su tarea: proteger a los colombianos en peligro.
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En los últimos 5 años la UNP ha sido protagonista en desfalcos millonarios por irregularidades en contratos, gastos injustificados y una deficiente operación interna. Aunque desde dentro de la institución se han hecho esfuerzos para solventar los problemas de corrupción, estos están lejos de estar solucionados para la UNP, sobre todo aquellos que tienen que ver con presupuesto.
Líderes y escoltas, ¿además de amenazados, mal protegidos?
Aquí les presentamos un panorama de por qué es importante la UNP en nuestro país y por qué está en problemas.
¿Cómo funciona la UNP?
La UNP es la entidad estatal encargada de la seguridad de cualquier ciudadano colombiano que solicite protección. Esta institución no está relacionada de manera directa con la Policía ni con el Ejército, y esto quiere decir que las tres no comparten información, recursos ni efectivos. La UNP trabaja con sus propios escoltas y su propio armamento, y su operación no depende en ningún nivel de otras instituciones.
Quienes solicitan protección a la UNP, por lo general, son personas que no tienen suficientes recursos para contratar escoltas privados o para adquirir vehículos que puedan destinarse para su propia protección. Estas personas, al verse amenazadas o en situaciones de riesgo, acuden al Estado para buscar que este les pueda garantizar el derecho a la a vida, y muchas veces también el de sus familias.
Dentro de los hombres y mujeres que solicitan protección a la UNP hay líderes sociales, sindicalistas, políticos, defensores de Derechos Humanos y líderes comunitarios, entre otros perfiles de personas reconocidas públicamente en Colombia. En muchos casos estos hombres y mujeres llegan a hacer la solicitud de protección no como una medida preventiva, sino como respuesta a una amenaza o a un atentado en su contra.
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Para que la UNP asigne medidas de seguridad a una persona (que no siempre son necesariamente escoltas y vehículos blindados), es la misma persona la que debe solicitar la protección. Esto comienza con un proceso de reunir documentos personales y llenar un formulario en el que se pide a la persona que diligencie sus datos y que describa detalladamente su situación de riesgo.
Toda esta papelería deberá radicarla en las oficinas de la UNP, donde será estudiada por evaluadores de riesgo. Los evaluadores establecen si el riesgo de la persona es ordinario, extraordinario o extremo.
Tiene que transcurrir un “tiempo estimado de tres meses” para que se responda una solicitud. Tres meses en los que cualquier cosa puede suceder.
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No es solo que este sea el tiempo que la UNP se vaya a tardar en procesar la documentación, es que son tantas las solicitudes que les llegan que cada solicitud tarda tiempo en si quiera leerse. Luego de los tres meses, se le dará un esquema o no a la persona que lo solicita de acuerdo a lo que hayan analizado e investigado los funcionarios de la entidad.
Los esquemas son de chaleco antibalas con botón de pánico y celular y con escoltas y vehículos blindados si hay más riesgo.
Del otro lado de la UNP están los hombres y mujeres que trabajan como escoltas en la entidad. Hay que entender que esta institución funciona como una empresa y terceriza la contratación de algunos sus empleados. Para que un escolta pueda trabajar en la UNP debe presentarse a convocatorias y cumplir con una serie de evaluaciones y requisitos, o estar en eso de “la rosca”.
Los problemas de la institución
Los problemas de la UNP empiezan donde han empezado grandes escándalos nacionales recientes: en la corrupción. Incalculables pero millonarias sumas de dinero de la UNP fueron acaparadas por particulares a través de contratos, coimas y otras argucias. Esto desencadenó una serie de situaciones que han hecho que, aún hoy, la UNP tenga grandes deudas.
Tan grandes que el déficit de presupuesto que tiene en este momento la UNP es de 270 mil millones de pesos:
Todo se destapó en 2015. Ese año la Fiscalía abrió una investigación contra Julián Marulanda, quien en ese periodo ocupaba el cargo de secretario de la UNP. La investigación buscaba determinar hasta qué punto Marulanda había usado su posición dentro de la institución para favorecer a particulares por medio de contratos y coimas. Marulanda tenía a su disposición 8 mil millones de pesos anuales para hacer contrataciones a terceros.
En ese entonces también se conoció un documento de la Contraloría que dejó muy mal parada a la UNP. El memorando advertía que en la entidad había sobrecostos de por lo menos 14.000 millones de pesos en cosas que fueron registradas en las facturas de la UNP como “pagos y gastos”.
Otra gran irregularidad que conocimos es que en 2014 la institución compró 1.669 armas de manera oficial. 1.669 armas cuando ese año no había más de 600 escoltas de planta trabajando para la UNP. Y todo este armamento tuvo un valor aproximado de 6.000 millones de pesos.
El año pasado fue nombrado un nuevo director para la UNP, Pablo Elías González. González heredó una entidad endeudada: ya en septiembre del año pasado la UNP tenía una carencia de 50 mil millones de pesos para terminar con sus gastos operativos del año.
Consecuencias que pueden ser violentas
Los escándalos financieros y de corrupción del a UNP, en últimas, le han hecho incumplir su misión de proteger a los ciudadanos en peligro. No es solo que se hayan robado un dinero o que hayan dejado a alguien sin escoltas, es más bien un escenario en el que el dinero destinado por el Estado colombiano para proteger a sus ciudadanos en situaciones de riesgo terminó en los bolsillos de particulares.
Es tal la magnitud del problema que la misma UNP lo reconoce. Un documento interno de esta institución, del 2018, dice que cuentan con un “presupuesto insuficiente para el funcionamiento misional de la entidad”, cuya consecuencia es “insuficiencia de personal calificado para adelantar las actividades del proceso de evaluación de riesgo”.
Todo esto, de acuerdo a la misma UNP, es una afectación a los derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la libertad de quien solicita medidas de protección.
Sin suficientes recursos por la corrupción atravesada, los métodos de protección que ofrece la UNP han demostrado ser en ocasiones obsoletos. Por ejemplo, el formato que cada persona debe llenar para buscar protección, y la matriz que determina el riesgo fueron dos insumos creados por los ministerios del Interior y de Justicia hace 7 años, y no se han cambiado desde entonces.
Otra situación, según nos describieron algunos líderes sociales amenazados que consultamos para la elaboración de este texto, es que los botones de pánico y los chalecos antibalas pueden no son suficientes para la protección: el chaleco “porque con chaleco o no a uno lo cogen o le disparan a la cabeza, y también porque si uno sale con chaleco es más fácil que lo reconozcan”, y el botón de pánico “porque se demora mucho la alguien en llegar”.
Incluso, una lideresa contó la historia de que una vez, en una situación en la que se vio en riesgo, utilizó el botón de pánico. Dos policías llegaron casi a los 20 minutos, cuando ya la situación estaba en orden. “Lo único que hicieron los policías fue decirme que llevara la denuncia a la Fiscalía”, contó la lideresa. Todo esto ha generado desconfianza en algunas personas, que a pesar de estar en riesgo ya prefieren no solicitar protección a la UNP.
El otro problema radica en la manera en la que la UNP maneja la información de quienes solicitan medidas de protección. En cada solicitud deben estar los datos personales de la persona que quiere las medidas, y en el formato se deben llenar de manera precisa y coherente, esto de hecho es una exigencia para que se reciba la solicitud.
No obstante, la UNP, a manera interna, no maneja herramientas que les permitan clasificar la información de, por ejemplo, la proveniencia de los solicitantes. Esto no solo desorganiza el proceso para la asignación de esquemas de protección, sino que lo hace mucho más lento.
Hay que sumarle a esto una situación preocupante: de acuerdo con denuncias que nos llegaron de distintos lugares, es posible que haya una red dentro de la UNP que vende armas o información sensible y personal a personas externas a la institución. De ser esto cierto, la UNP estaría en un contrasentido profundo porque podrían algunos de sus miembros estar dando ayuda a las personas o grupos que atacan a quienes ellos deberían proteger.
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No da abasto
Aunque son grandes los problemas de la UNP, no se puede decir que todos sus empleados sean corruptos o que tengan alguna responsabilidad en la tormenta en la que está metida la UNP. De hecho, es tanto el trabajo que se hace dentro de esta institución que es muy posible que muchos hechos delictivos dentro de ella pasen inadvertidos.
Para ilustrar esta situación, no hay, sino que enunciar que el director de la UNP está firmando hasta 500 documentos cada semana para autorizar que se ponga, se aumente o se quite un esquema de seguridad a una persona.
Pero antes de que estos papeles lleguen al director para su aprobación, las solicitudes deben pasar por un equipo de apenas 200 evaluadores que tienen la titánica tarea revisar miles de solicitudes cada mes. En enero de este año, por ejemplo, a la UNP llegaron casi 4 mil solicitudes de protección.
Además de la corrupción y de la falta de plata, es así de simple: los trabajadores de la UNP no dan abasto.
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Y no es solo el personal de las oficinas de la UNP el que está sufriendo. Los escoltas de la UNP se ven enfrentados a un país que tiene muchos más amenazados de los que puede proteger: en este momento hay 6.600 escoltas contratados por la UNP, y desde 2015 han llegado más de 143 mil solicitudes de protección.
Para rematar, este año el trabajo se multiplica para la UNP por las elecciones regionales. Si cada candidato le solicita en esquema de seguridad, la UNP tendrá 12 mil solicitudes nuevas que recibir y que responder.
Esto termina en que la proporción de escoltas de la UNP y la gente en situación de riesgo sea desastrosa.
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Tanta carga laboral y condiciones difíciles han ocasionado huelgas en los últimos tiempos impulsadas por trabajadores de la UNP. La última fue a finales de enero pasado cuando los trabajadores de la UNP exigieron “salarios justos”, mejores condiciones laborales y sacar la corrupción de la institución.
Mientras tanto, miles de colombianos siguen esperando poder estar a salvo.