Bogotá, 16 febrero.- Al menos 257 personas de 101 familias se desplazaron forzadamente de la población colombiana de Ituango, en el departamento de Antioquia (noroeste), por amenazas contra su vida y el enfrentamientos entre grupos armados, según denunciaron hoy organizaciones sociales.
«La situación es aterradora; hay cientos de familias sufriendo en el pueblo (de Ituango) y otras cientos caminando porque los paramilitares para intentar evitar los desplazamientos amenazaron a la empresa de transporte», aseguró a Efe la defensora de derechos humanos Isabel Cristina Zuleta, que forma parte de la organización social local Ríos Vivos.
Contexto
Gobierno mira desde la barrera el incremento de los desplazamientos forzados en Ituango
Más de un centenar de familias de las zonas rurales de El Quindio, Quebrada del Medio, Las Arañas y El Alto del Limón se han desplazado desde el pasado domingo a la zona urbana de Ituango.
El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, quien dio las cifras, aseguró que «ese es el censo que tenemos preliminar, pero allí está el Ministerio Público para la toma de la declaración correspondiente y definir el censo definitivo».
Por su lado, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, escribió en su cuenta de Twitter que la situación de algunos caseríos de «Ituango es aterradora».
«Según nuestras fuentes en la zona, las disidencias están obligando a la población a desplazarse y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) amenazan con prender fuego a las viviendas de quienes se desplacen», añadió Vivanco.
DISPUTAS TERRITORIALES
Los paramilitares de las AGC (o Clan del Golfo) comenzaron a atacar el domingo a un grupo de disidencias de las FARC, el «Frente 18», que retornaban a un territorio de donde habían sido expulsadas por el Ejército, según narró Zulueta.
«A raíz de esos combates, las disidencias amenazaron a la población que tenían que desplazarse y salir del territorio como una forma de presión al Ejército para que llegara a la zona y menguara el ataque que estaban teniendo por parte de los paramilitares», explicó la defensora de derechos humanos.
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Ante estas amenazas, los paramilitares respondieron con nuevas intimidaciones a la población y aseguraron que quemarían las casas de quienes huyeran.
En Ituango actúan varios grupos armados que se disputan el territorio y compitiendo por controlar el avance de la minería y los títulos mineros, entre los que destacan dos disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, grupo surgido en 2006 de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la mayor banda criminal del país, y los Caparros, que son una escisión de estos últimos.
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La Unidad de Víctimas indicó que a raíz de este desplazamiento masivo, junto con la administración municipal, activaron el domingo el plan de contingencia para atender a los campesinos.
Agregó que también se articularán temas de seguridad y salud para propiciar el retorno de estas familias en el menor tiempo posible, cumpliendo los tres principios de seguridad y dignidad para el retorno de las familias.
Las familias desplazadas han recibido albergue en casas de amigos o conocidos y otros fueron enviados a un colegio de Ituango.
«ESTÁ PASANDO AÑO TRAS AÑO»
No es la primera vez que se produce un desplazamiento masivo en esta zona, como explicó Zuleta, quien dijo que «año a año, en la misma fecha, una y otra vez» ocurren choques armados e intimidaciones a la población «sin que nadie haga nada».
Más de 800 personas se desplazaron el año pasado por esta misma época, y en julio casi 100 personas, entre desmovilizados de las FARC y sus familiares, abandonaron el caserío Santa Lucía, en Ituango y se trasladaron a también población antioqueña de Mutatá, tras recibir amenazas y ser víctimas de la violencia.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), renombrado como Comunes y surgido de la desmovilización de la guerrilla, denunció en esa época que 11 de sus militantes fueron asesinados en Ituango.
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«Lo único que vemos año a año es el avance del paramilitarismo controlando cada vez más veredas (zona rurales)», denunció la activista, quien también ha sufrido las amenazas y el desplazamiento forzoso personalmente.
