Asesinatos de líderes sociales en Colombia llegan a 126, según CORPADES: Antioquia registra nuevos casos
En medio de este panorama, CORPADES también ha cuestionado las decisiones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) relacionadas con la reducción y el retiro de esquemas de seguridad asignados a personas amenazadas.
Antioquia, Colombia, 12 octubre de 2026.- La violencia contra los líderes sociales en Colombia continúa cobrando vidas. De acuerdo con el seguimiento de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), durante 2026 han sido asesinados 126 líderes sociales en el país, de los cuales 37 corresponden al periodo transcurrido desde el 7 de agosto, fecha de posesión del presidente Abelardo de la Espriella.
Los casos recientes de Juan Esteban Urán Cano, en Medellín, y Luis Albeiro Serna, en Puerto Berrío, ambos en Antioquia, se suman al preocupante panorama de violencia contra quienes ejercen labores de liderazgo comunitario y social en diferentes regiones del territorio nacional.
Juan Esteban Urán Cano, de 36 años, era presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Artex, en el municipio de Itagüí. Murió durante un intento de hurto ocurrido en la avenida La Playa, en el centro de Medellín, pese a que, de acuerdo con la información conocida, no tenía ninguna participación en el hecho delictivo.
Su fallecimiento generó rechazo entre organizaciones sociales y líderes comunitarios, mientras CORPADES solicitó a las autoridades esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida y establecer las responsabilidades correspondientes.
El segundo caso corresponde a Luis Albeiro Serna, líder comunitario e integrante de la Coordinadora Agraria, Étnica y Campesina de Colombia, Nodo Magdalena Medio (CORSOMOSTIERRA), asesinado el 11 de octubre de 2026 en el barrio El Gaitán, del municipio de Puerto Berrío, Antioquia.
Su muerte provocó nuevas expresiones de rechazo frente a la violencia que afecta a quienes participan en procesos organizativos, agrarios y comunitarios en el Magdalena Medio.
En lo corrido de 2026, Antioquia registra 19 líderes sociales asesinados. A escala nacional, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) contabiliza 126 casos, de los cuales 37 se han registrado desde el pasado 7 de agosto, fecha de posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta 124 líderes sociales asesinados durante el mismo año, incluidos 35 desde el 7 de agosto. La diferencia entre ambos registros es de dos casos.
La diferencia de dos casos entre ambos seguimientos se relaciona con los asesinatos de Félix Estrada, líder social y empresario que perdió la vida el 2 de octubre en Yondó, Antioquia, y Edgardo Javier Restrepo Fernández, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San José, en la localidad Suroriente de Barranquilla, asesinado durante un ataque sicarial ocurrido la noche del 23 de septiembre de 2026.
Estos dos hechos forman parte del balance presentado por CORPADES y explican la diferencia respecto al registro de Indepaz, de acuerdo con la información suministrada por la organización.
Frente a la persistencia de estos asesinatos, Leonardo González Perafán, director de Indepaz, ha insistido en las consecuencias que tiene la pérdida de liderazgos para las comunidades y sus procesos organizativos.
“Cada liderazgo que se pierde debilita procesos comunitarios construidos durante años. La protección de quienes trabajan por sus comunidades tiene que traducirse en garantías reales en los territorios”, expresó González Perafán.
En medio de este panorama, CORPADES también ha cuestionado las decisiones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) relacionadas con la reducción y el retiro de esquemas de seguridad asignados a personas amenazadas.
La organización denunció que la entidad estaría desmontando medidas de protección sin estudios técnicos suficientes, sin evaluaciones rigurosas de riesgo y, en determinados casos, desconociendo órdenes judiciales, situaciones que, a su juicio, incrementan la vulnerabilidad de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Para CORPADES, las fallas en la protección no se limitan a las consecuencias de un ataque armado. También pueden originarse en decisiones administrativas, evaluaciones deficientes de riesgo y reducciones de medidas de seguridad que no consideran las condiciones reales de amenaza en los territorios.
La corporación sostiene que estas situaciones no serían hechos aislados, sino parte de una problemática que estaría afectando a cientos de personas beneficiarias de esquemas de protección. Cuestiona que algunas reducciones se realicen sin estudios suficientemente rigurosos, sin incorporar los contextos territoriales y sin consultar previamente a quienes enfrentan las amenazas.
Otro de los aspectos señalados por CORPADES es que, en determinados casos, la falta de avances de la Fiscalía en las investigaciones sobre amenazas estaría siendo utilizada como argumento para reducir las medidas de seguridad.
La organización advierte que este criterio desconoce los elevados niveles de impunidad y sostiene que más del 90 % de las amenazas contra líderes sociales permanecen sin esclarecimiento judicial, una situación que, según su análisis, no debería traducirse en una disminución de las garantías de protección.
Ante este escenario, CORPADES reclama el cumplimiento inmediato de los fallos judiciales relacionados con medidas de seguridad, la realización de estudios técnicos de riesgo con enfoque territorial, la prevención de reducciones arbitrarias de esquemas y el fortalecimiento de la vigilancia por parte de los organismos de control.
La corporación también considera indispensable que las decisiones sobre protección respondan a las condiciones de riesgo de cada persona y no estén determinadas exclusivamente por criterios administrativos o presupuestales.
“Proteger no es una opción, es una obligación”, enfatizó CORPADES, al reiterar que la seguridad de los defensores de derechos humanos y de quienes ejercen liderazgos sociales requiere acciones concretas y voluntad institucional.
Los 126 asesinatos registrados por CORPADES y los 124 documentados por Indepaz reflejan, desde sus respectivos seguimientos, la persistencia de la violencia contra los liderazgos sociales en Colombia. Ambas cifras ponen de manifiesto la importancia de fortalecer las garantías de seguridad, avanzar en el esclarecimiento de los crímenes y proteger a quienes desarrollan procesos comunitarios en los territorios.
A.U.
Nota de redacción: Este artículo de Análisis Urbano incorpora datos de los seguimientos sobre asesinatos de líderes sociales realizados por CORPADES e Indepaz, así como denuncias y análisis públicos de CORPADES relacionados con las medidas de protección de la UNP. Las cifras, declaraciones y valoraciones se atribuyen a las respectivas organizaciones.