Van 116 líderes sociales asesinados en Colombia durante 2026; 27 desde el inicio del Gobierno de La Espriella
CORPADES señala que uno de los argumentos utilizados para justificar la reducción de algunos esquemas es que las amenazas denunciadas no han sido plenamente investigadas o esclarecidas por la Fiscalía General de la Nación.
Colombia, 27 septiembre de 2026.- El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos continúa siendo una grave preocupación en Colombia. En lo corrido de 2026 se han reportado 116 casos, según los registros de organizaciones como Indepaz, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) y Sumapaz, entre otras.
Del total registrado durante el año, 27 asesinatos han ocurrido desde el pasado 7 de agosto, fecha en la que comenzó el Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella.
Ante este panorama, CORPADES advierte sobre la gravedad de la situación y denuncia que, mientras continúan los asesinatos de personas que ejercen liderazgo social y defienden los derechos humanos, persisten fallas institucionales relacionadas con su seguridad y protección.
Relación de los 27 líderes y lideresas sociales asesinados
De acuerdo con la información recopilada por Indepaz, estos son los líderes y lideresas sociales asesinados desde el pasado 7 de agosto:
- Wilber Ferney Martínez Sana: asesinado el 13 de agosto en Itagüí, Antioquia.
- Ferney Pacho: asesinado el 16 de agosto en Páez, Cauca.
- Sandra Milena Martínez Cortés: asesinada el 15 de agosto en Cartagena del Chairá, Caquetá.
- Gregorio Arcila Certiga: asesinado el 17 de agosto en Risaralda, Caldas.
- Ángel Oswaldo Martínez Sabino: asesinado el 18 de agosto en Uribia, La Guajira.
- Bertulfo Acalo Alos: asesinado el 22 de agosto en Piendamó/Caldono, Cauca.
- Deiby Bernavi Arboleda Cárdenas: asesinado el 27 de agosto en Anorí, Antioquia.
- Diego Mappe: asesinado el 27 de agosto en La Macarena, Meta.
- Francisco Melenje: asesinado el 27 de agosto en La Macarena, Meta.
- Jhon Cerquera: asesinado el 27 de agosto en La Macarena, Meta.
- Manuel España: asesinado el 29 de agosto en Argelia, Cauca.
- Héctor Bastidas Ibarra: asesinado el 29 de agosto en Samaniego, Nariño.
- Cirlady Gómez: asesinada el 30 de agosto en Jamundí, Valle del Cauca.
- James Flor: asesinado el 1 de septiembre en Cajibío, Cauca.
- María Ovidia Palechor: asesinada el 1 de septiembre en Cajibío, Cauca.
- Alejandra Moreno Paz: asesinada el 4 de septiembre en Santiago de Cali, Valle del Cauca.
- María Mercedes Díaz Perdomo: asesinada el 8 de septiembre en Venadillo, Tolima.
- Ernesto Gómez: asesinado el 5 de septiembre en Mongua, Boyacá.
- Jacob Guacheta Zambrano: asesinado el 10 de septiembre en Morales, Cauca.
- William de Jesús Giraldo: asesinado el 12 de septiembre en Remedios, Antioquia.
- Magnelley Pállares Franco: asesinado el 15 de septiembre en Tibú, Norte de Santander.
- Roxxy Vanessa Astaiza: asesinada el 17 de septiembre en Popayán, Cauca.
- Carmelina González Díaz: asesinada el 17 de septiembre en Rosas, Cauca.
- Carlos Andrés Muñoz Ocampo: asesinado el 19 de septiembre en Marinilla, Antioquia.
- Julián Rodríguez: asesinado el 22 de septiembre en Barrancabermeja, Santander.
- Gabriel Pacheco Díaz: asesinado el 24 de septiembre en Villagarzón, Putumayo.
- Esneider Zambrano: asesinado el 25 de septiembre en Puerto Parra, Santander.
CORPADES denuncia desmonte de esquemas de protección
Ante este panorama, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) lanzó una nueva denuncia sobre el manejo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las decisiones relacionadas con los esquemas de seguridad de personas amenazadas en Colombia.
La organización sostiene que la UNP está desmontando y reduciendo medidas de protección sin estudios técnicos rigurosos ni análisis de riesgo acordes con las amenazas existentes. Además, denuncia el incumplimiento de órdenes judiciales que establecen medidas destinadas a salvaguardar la vida de personas en situación de riesgo, entre ellas líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Para CORPADES, la crisis humanitaria que atraviesa el país no ha recibido una respuesta institucional proporcional a su gravedad. La ONG asegura que, pese al cambio en la dirección de la UNP, persisten la negligencia, la irresponsabilidad y las deficiencias en el manejo de la seguridad y protección de personas amenazadas.
Según la organización, el desmonte de esquemas y la reducción de medidas de seguridad no corresponden a situaciones aisladas, sino que están afectando a integrantes del movimiento social y a personas amenazadas en distintas regiones de Colombia.
CORPADES también cuestiona la orientación que estarían tomando algunas de estas decisiones y advierte que podrían estar afectando particularmente a sectores que actualmente se encuentran en la oposición y que estuvieron vinculados o respaldaron al anterior Gobierno de Gustavo Petro.
En ese sentido, la ONG denuncia lo que considera un intento de golpear y amedrentar a personas relacionadas con el anterior Gobierno, así como a una parte del liderazgo social colombiano, mediante decisiones que, según la organización, terminan debilitando sus condiciones de seguridad y protección.
Análisis de riesgo que desconocen la realidad territorial
CORPADES advierte que en la Unidad Nacional de Protección (UNP) continúan aplicándose procedimientos implementados durante la dirección anterior, particularmente en lo relacionado con la evaluación y clasificación del nivel de riesgo de las personas amenazadas.
Según la organización, estos análisis no reflejan adecuadamente las condiciones de violencia que enfrentan numerosas comunidades en el país, ni tienen en cuenta de manera suficiente los contextos territoriales y el aumento de las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“Lo burocrático en la UNP choca con la realidad sociopolítica de Colombia. La vida de una lideresa o líder social no puede ser reducida a una casilla de trámite administrativo”, enfatizó CORPADES.
La ONG sostiene que la desprotección de los líderes sociales puede comenzar mucho antes de que se materialice una agresión. En ese sentido, cuestiona las decisiones administrativas que, según denuncia, desconocen o subestiman las amenazas, reducen las medidas de seguridad y terminan dejando expuestas a personas que enfrentan situaciones de riesgo.
Para CORPADES, esta situación adquiere especial gravedad en Colombia debido a los altos niveles de violencia que afrontan quienes ejercen liderazgo social y trabajan en la defensa de los derechos humanos.
Desprotección sistemática de personas amenazadas
CORPADES advierte que las situaciones denunciadas no corresponden a hechos aislados, sino que hacen parte de lo que la organización identifica como un desmonte sistemático de esquemas de seguridad, una situación que estaría afectando a cientos de personas que cuentan con medidas de protección en Colombia.
Según la ONG, bajo la actual dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se están reduciendo o retirando medidas de seguridad sin estudios rigurosos del nivel de riesgo, sin una valoración adecuada del contexto territorial y sin consultar previamente a las personas afectadas.
CORPADES señala que uno de los argumentos utilizados para justificar la reducción de algunos esquemas es que las amenazas denunciadas no han sido plenamente investigadas o esclarecidas por la Fiscalía General de la Nación.
La organización cuestiona este criterio y advierte que más del 90 % de las amenazas contra líderes sociales permanecen en la impunidad, mientras que algunos de estos casos terminan escalando hasta convertirse en homicidios.
Para CORPADES, condicionar la continuidad o el alcance de las medidas de protección al avance o resultado de una investigación judicial desconoce la realidad del riesgo que enfrentan las personas amenazadas y puede dejarlas expuestas precisamente cuando requieren mayores garantías para proteger su vida e integridad.
CORPADES cuestiona a Didier Blanco y exige intervención de los organismos de control
CORPADES también cuestiona la actuación de la Procuraduría General de la Nación y de los demás organismos de control encargados de vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales y garantizar la protección de los derechos humanos.
La organización denuncia que la Unidad Nacional de Protección (UNP) continúa desconociendo órdenes judiciales relacionadas con medidas de seguridad y señala al actual director de la entidad, Didier Blanco, por las decisiones adoptadas durante su administración.
Según CORPADES, la llegada de Blanco a la dirección de la UNP no ha significado un cambio frente a prácticas que la organización ya cuestionaba durante la administración anterior. La ONG denuncia que persisten los incumplimientos de fallos judiciales y las decisiones orientadas a reducir o desmontar esquemas de seguridad de personas que ejercen liderazgo social y enfrentan amenazas.
Ante esta situación, CORPADES reclama una intervención efectiva de los organismos de control para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y evitar que decisiones administrativas relacionadas con los esquemas de protección incrementen la vulnerabilidad de quienes se encuentran en situación de riesgo.
Finalmente, la organización dirigió un mensaje al presidente Abelardo de La Espriella, a quien le recordó que la defensa de la vida y la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos también deben ocupar un lugar central dentro de las responsabilidades de su Gobierno.
A.U