Corpades denuncia el asesinato de 82 líderes sociales en Colombia durante 2026 tras el crimen de Jader Durango
Para Corpades, el elevado número de asesinatos ha dejado al movimiento social colombiano en una situación de profunda vulnerabilidad.
Colombia, 19 julio de 2026.- El asesinato del líder social, defensor de derechos humanos, locutor y formador de jóvenes Jader Durango, ocurrido en zona rural del municipio de Tierralta, volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de quienes ejercen liderazgo social en Colombia. La ONG Corpades denunció que con este crimen ya son 82 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados durante 2026.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la organización informó que el homicidio ocurrió el 18 de julio en la vía que comunica las veredas La Sierpe y Murmullo, en jurisdicción de Tierralta, Córdoba.
Según la denuncia, Durango, de 42 años, hacía parte del colectivo de comunicación CASUP, donde era ampliamente reconocido por promover procesos de formación en locución, comunicación comunitaria y participación juvenil.
Su cuerpo fue encontrado con múltiples heridas que, de acuerdo con la información preliminar, habrían sido ocasionadas por arma de fuego.
«Con profundo dolor denunciamos el asesinato del líder social, locutor y formador de jóvenes Jader Durango… Seguimos reclamando garantías de seguridad y protección al Estado colombiano. ¿Hasta cuándo?«, expresó Corpades.
Corpades cuestiona la política de protección a líderes sociales
Tras el crimen, Corpades aseguró que el asesinato de 82 líderes sociales y defensores de derechos humanos durante 2026 evidencia, a su juicio, el fracaso de la política estatal de derechos humanos y protección implementada durante el denominado Gobierno del Cambio.
La organización sostuvo que el movimiento social y de derechos humanos terminó debilitado durante los últimos años y afirmó que, pese a tratarse de un gobierno que se presentó como cercano a los sectores sociales, no existió un acompañamiento suficiente para fortalecer las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.
Asimismo, advirtió que la falta de atención a las políticas de prevención, protección y seguridad para líderes sociales representó uno de los mayores errores del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según Corpades, permitir que el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) actuaran sin una dirección política centrada en la garantía de los derechos humanos contribuyó al deterioro del panorama de seguridad para quienes ejercen liderazgo social en los territorios.
Un fallo de la Corte Constitucional refuerza las preocupaciones
Corpades recordó que sus cuestionamientos coinciden con recientes decisiones de la Corte Constitucional, recogidas en un artículo publicado por El Espectador, del periodista Jhordan C. Rodríguez, titulado «El fallo que cuestiona cómo el Estado decide proteger a líderes sociales y periodistas«.
T-109-26 Sobre Los Estudios y Desmonte de Las Medidas de Proteccion. by Análisis Urbano Medellín
En ese trabajo periodístico se analiza cómo el alto tribunal revisó dos acciones de tutela relacionadas con la reducción o retiro de esquemas de protección otorgados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La Corte concluyó que la entidad no explicó de manera suficiente las razones para modificar las medidas de seguridad de un defensor de derechos humanos y de una lideresa social reclamante de tierras, por lo que ordenó restablecer provisionalmente ambos esquemas de protección.
Además, el alto tribunal advirtió que las deficiencias en la evaluación del riesgo no corresponden a casos aislados, sino que hacen parte de un problema estructural que ha venido identificando desde hace varios años.
Persisten las críticas al sistema de protección
El artículo de El Espectador también recoge las declaraciones de Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, quien afirmó que la UNP continúa sin aplicar plenamente los parámetros establecidos por la Corte Constitucional para la protección de personas en riesgo.
Según explicó, durante el año anterior fueron asesinadas más de 169 personas defensoras de derechos humanos, mientras que en los últimos tres años se registraron más de 167 atentados contra esta población.
La vocera señaló que estas cifras evidencian que el sistema de protección aún no reconoce el carácter permanente del riesgo que enfrentan líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas en distintas regiones del país.
El informe citado también concluye que, aunque la UNP mantiene esfuerzos para brindar protección, mientras no se corrijan las deficiencias estructurales del programa, su capacidad para responder eficazmente a las amenazas continuará siendo limitada.
Preocupación por el futuro del movimiento social
Para Corpades, el elevado número de asesinatos ha dejado al movimiento social colombiano en una situación de profunda vulnerabilidad.
La organización considera que buena parte del liderazgo social terminó debilitado y que algunas organizaciones perdieron capacidad de incidencia durante los últimos años, lo que representa un desafío adicional frente al nuevo escenario político que comenzará el 7 de agosto, cuando asuma la Presidencia Abelardo de la Espriella.
Finalmente, la ONG sostuvo que fueron pocas las organizaciones sociales y de derechos humanos que mantuvieron la denuncia permanente de asesinatos, masacres, confinamientos y presuntos casos de connivencia entre integrantes de la fuerza pública y actores armados ilegales.
Según Corpades, parte de esa situación obedeció a que varios líderes sociales y defensores de derechos humanos pasaron a ocupar cargos dentro del Gobierno Nacional, debilitando la capacidad independiente del movimiento para ejercer vigilancia y denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en Colombia.
Fuentes: Corpades, El Espectador, Corte Constitucional, Programa Somos Defensores.
A.U.