Protegidos por la UNP siguen muriendo asesinados en Colombia, ¿es una farsa?
Proteger la vida exige actuar con criterios preventivos, humanos y territoriales, especialmente en regiones donde ejercer liderazgo político o social, practicar el periodismo o defender los derechos humanos implica desafiar estructuras criminales y violencias históricas.
Medellín, Antioquia, Colombia, 13 mayo de 2026.- La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social –CORPADES– y la Agencia de Prensa ANÁLISIS URBANO denunciamos públicamente a la Unidad Nacional de Protección -UNP- por sus procedimientos poco éticos y más administrativos que reales para salvaguardar la vida de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y actores políticos de oposición en Colombia.
La UNP, que debería ser una entidad idónea y confiable, encargada de garantizar efectivamente los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las poblaciones objeto de prevención y protección, se ha convertido en una fachada burocrática que termina poniendo en mayor riesgo a las personas amenazadas por estructuras armadas ilegales en el país.
Cuando la UNP reacciona, si es que lo hace, el protegido ya está muerto. Su protección es de papel: insuficiente, precaria y a medias. Una negligencia institucional que facilita la tarea de los mercenarios y deja en evidencia el fracaso del Estado colombiano en su obligación de proteger la vida de quienes hoy están bajo amenaza.
La farsa de la UNP
La tragedia de la concejal Mileidy Villada pone de relieve una dolorosa realidad: en Colombia, denunciar amenazas no garantiza protección efectiva. La Unidad Nacional de Protección -UNP- convirtió la prevención en un trámite burocrático y no en una verdadera política de salvaguarda de la vida. Cada vez son más frecuentes las denuncias en todo el territorio nacional sobre desmontes, reducciones o desmejoras de esquemas de seguridad, aun cuando persisten contextos evidentes de riesgo para concejales, líderes de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas amenazadas.
Lo más preocupante es que muchos de los análisis de riesgo de la UNP terminan dependiendo de la supuesta ausencia de resultados investigativos por parte de la Fiscalía o de reportes policiales y militares que minimizan las amenazas. Es decir, si no hay capturas, investigaciones avanzadas o pruebas “suficientes”, el riesgo pareciera desaparecer administrativamente, aunque las intimidaciones continúen en la realidad. La propia Corte Constitucional advirtió, en la sentencia T-111 de 2021, que la UNP vulnera derechos fundamentales cuando adopta decisiones excusándose, principalmente, en que no hay avances en las denuncias penales por las amenazas e intimidaciones de las que ha sido objeto el protegido.
Incluso, la Corte Constitucional ha ido más allá y ha señalado que el hecho de que la Policía u otras autoridades no aborden adecuadamente la situación concreta de una persona amenazada no puede entenderse como ausencia de riesgo, sino que podría constituir un factor adicional de gravedad por la invisibilización institucional del caso. En otras palabras, la falta de resultados del Estado no puede convertirse en argumento para desproteger a las víctimas.
En el caso de Mileidy Villada, las advertencias existieron. Ella denunció amenazas y, aun así, la respuesta institucional habría sido limitada a un chaleco antibalas y un botón de pánico. Tras el asesinato, nuevamente apareció el libreto de siempre: autoridades reconociendo que el esquema era insuficiente, cuando ya era demasiado tarde. La Corte Constitucional también reiteró, en la sentencia T-457 de 2024, que la UNP no puede reducir o negar medidas desconociendo el contexto de violencia y las alertas tempranas sobre el territorio donde ejercen liderazgo social las víctimas. El Alto Tribunal recordó que minimizar el riesgo bajo el argumento de que en la zona “todo está bien” o de que los grupos armados tienen otros intereses constituye un análisis deficiente y contrario al deber reforzado de protección que tiene el Estado frente a líderes sociales, actores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas.
Lo que empieza a evidenciarse es un patrón institucional mucho más grave: la utilización del debido proceso como herramienta de desprotección. La UNP cumple formalmente con entrevistas, revaluaciones, comités técnicos, resoluciones y recursos administrativos, pero termina utilizando esos mismos procedimientos para desmontar esquemas, reducir medidas o neutralizar decisiones judiciales favorables. Se cumple con la forma, pero se vacía de contenido la protección real y efectiva de la vida.
El libreto se repite una y otra vez. Un líder social, líder de oposición, periodista o defensor de derechos humanos logra, mediante tutela, que le restablezcan un esquema de seguridad. La UNP acata formalmente el fallo, pero pocos días después ordena una nueva revaluación exprés. El resultado casi siempre es el mismo: reducción del esquema bajo el argumento de que “no existen nuevos hechos”, “la Fiscalía no registra avances”, “la Policía no reporta novedades” o “el contexto territorial ha mejorado”. Cuando la víctima vuelve al juez constitucional, muchas veces la nueva tutela es rechazada por temeridad, pues aparentemente se trata de los mismos hechos, las mismas partes y las mismas pretensiones. Así, la acción de tutela termina convertida en una victoria efímera frente a una maquinaria administrativa diseñada para cumplir sin proteger.
CORPADES y ANÁLISIS URBANO: en la mira de la desprotección estatal
En las últimas semanas, la UNP ha emitido resoluciones que desmejoran los esquemas de seguridad de integrantes activos y amenazados de CORPADES y de la Agencia de Prensa ANÁLISIS URBANO, pese a que continúan vigentes los factores de riesgo y las amenazas que originalmente obligaron a solicitar la protección del Estado. Se trata de una práctica sistemática en la que, aunque la propia entidad reconoce la existencia de un riesgo extraordinario, la presencia de estructuras criminales y la persistencia del conflicto armado y urbano en distintas regiones del país, termina concluyendo, de manera paradójica, que la persona amenazada ya no requiere las mismas medidas de protección.
La estrategia parece repetirse: mediante entrevistas, matrices, informes institucionales y revaluaciones administrativas, la UNP construye escenarios artificiales de tranquilidad que desconocen la realidad que viven diariamente líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y actores políticos de oposición. Mientras las comunidades siguen confinadas por el miedo y continúan las amenazas, las extorsiones y los asesinatos selectivos, la entidad produce análisis que describen territorios en calma y riesgos supuestamente disminuidos. Es un país imaginario del que la UNP no despierta, ni siquiera cuando vuelven a sonar las balas que asesinan a quienes el Estado tenía el deber constitucional y convencional de proteger.
El país no puede seguir normalizando una protección reactiva, precaria y burocrática. La función de la UNP no es esperar a que ocurra un atentado para concluir, después de la tragedia, que el riesgo sí era extraordinario. Proteger la vida exige actuar con criterios preventivos, humanos y territoriales, especialmente en regiones donde ejercer liderazgo político o social, practicar el periodismo o defender los derechos humanos implica desafiar estructuras criminales y violencias históricas. Mientras el procedimiento siga siendo utilizado para relativizar amenazas y desmontar esquemas, cada reducción injustificada seguirá siendo una ruleta rusa institucional. Y cada asesinato de una persona amenazada dejará de ser una tragedia inevitable para convertirse en la consecuencia previsible de un Estado que decidió proteger a medias.
A.U.