Colombia sigue perdiendo líderes y lideresas sociales: la deuda del Estado con quienes defienden los derechos humanos
El informe de la Fundación Sumapaz para Antioquia deja constancia de una continúa preocupación por estas macabras cifras, que obedecen a una sistematicidad en los hechos de violencia que se niegan a desaparecer…
Colombia, 2 agosto de 2026.- Colombia es el país del mundo en el que más líderes y lideresas sociales son asesinados. De todos los departamentos del país, Antioquia es el segundo con mayor número de casos. Desde CORPADES, la Fundación Sumapaz, Indepaz y otras organizaciones sociales no hemos guardado silencio frente a un tema tan trascendental que ocurre en el país como lo es la violencia política.
Por eso decimos abiertamente que el Gobierno de Gustavo Petro no le cumplió a los líderes y de ello dan cuenta cerca de 818 homicidios de personas defensoras de derechos humanos entre 2022 y 2026.
El informe de la Fundación Sumapaz para Antioquia deja constancia de una continúa preocupación por estas macabras cifras, que obedecen a una sistematicidad en los hechos de violencia que se niegan a desaparecer y que podrían incrementarse, pues persisten las dinámicas y los factores de riesgo en los territorios.
A ello se suma la preocupación por los obstáculos que enfrentamos quienes, tras ser amenazados, acudimos a la Unidad Nacional de Protección que continúa siendo una de las instituciones más cuestionadas por la demora, la burocracia y las deficiencias en la garantía efectiva del derecho a la protección.
Las cifras presentadas por el Reporte Sumapaz – Artículo 95.4, correspondiente al primer semestre de 2026, no constituyen únicamente un registro estadístico. Son el reflejo de una realidad que continúa golpeando a las comunidades, debilitando el tejido social y afectando la democracia en los territorios. Cada líder asesinado representa una organización debilitada, una comunidad silenciada y una oportunidad perdida para construir paz desde las regiones.
Durante el primer semestre de 2026 se documentaron 120 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Antioquia. Las amenazas individuales fueron la modalidad más frecuente, con 50 casos (41,7 %), seguidas por el desplazamiento forzado con 19 casos (15,8 %) y los homicidios con 16 casos (13,3 %). También se registraron 9 hechos de estigmatización, 3 hostigamientos individuales, 3 agresiones verbales, 2 agresiones físicas, 2 desapariciones, 2 secuestros y 2 casos de tortura, además de diversas agresiones con un solo registro, como afectaciones al ejercicio del liderazgo, hurto de información, perfilamiento, restricciones a la protesta social, restricciones a la libertad sindical y hostigamiento colectivo. En el plano territorial, las agresiones se concentraron principalmente en Medellín (45 casos; 37,5 %), seguida por Segovia (9), Ituango (8), Rionegro (7), Briceño (6) y Apartadó (6), con registros en 27 municipios del departamento.
Las cifras muestran además una concentración regional en el Valle de Aburrá, que acumuló 54 agresiones (45,0 %) del total departamental, seguido por el Oriente (16; 13,3 %), el Norte (14; 11,7 %), el Nordeste (11; 9,2 %) y el Suroeste (10; 8,3 %). En cuanto a las víctimas, los hombres representaron 54 casos (45,0 %), las mujeres 41 (34,2 %), los colectivos 18 (15,0 %) y las personas LGTBIQ+ 5 (4,2 %). Por perfil social, el sector comunal fue el más afectado con 42 casos (23,3 %), seguido por líderes y lideresas sociales (12; 10,0 %), sindicalistas (10; 8,3 %) y personas defensoras de derechos humanos (8; 6,7 %). Respecto al presunto agresor, en 50 casos (41,7 %) no fue posible establecer su identidad, mientras que 26 casos (21,7 %) fueron atribuidos a grupos armados sin identificar, 18 (15,0 %) a funcionarios públicos, 8 (6,7 %) al (EGC), 7 (5,8 %) a las disidencias del Frente 18 y 3 (2,5 %) a las disidencias del Frente 36, evidenciando la diversidad de actores involucrados en la violencia documentada.
El Reporte Sumapaz: Situación de Líderes, Líderesas, Sociales, Comunales y Personas Defensoras de Derechos… by Análisis Urbano Medellín
Durante los cuatro años del actual gobierno existieron importantes anuncios sobre la defensa de los derechos humanos, sin embargo, el balance territorial evidencia que dichas promesas no lograron traducirse en garantías efectivas para quienes ejercen liderazgo social. Aunque hubo acercamientos con plataformas de derechos humanos y espacios de diálogo, estos no se consolidaron en efectivas políticas públicas capaces de modificar las condiciones estructurales que alimentan la violencia.
El informe de Sumapaz advierte que el Estado no implementó de manera suficiente los compromisos derivados de la Sentencia SU-546 de la Corte Constitucional, ni logró consolidar una política nacional de protección con alcance real en los territorios. Las iniciativas planteadas permanecieron, en muchos casos, como ejercicios administrativos o de seguimiento, sin convertirse en mecanismos eficaces para prevenir asesinatos, amenazas y desplazamientos de personas defensoras. La distancia entre la planeación institucional y la realidad de las regiones continúa siendo una de las principales fallas del sistema de garantías.
Desde CORPADES advertimos que esta violencia no responde a hechos aislados. Existe un patrón reiterado que evidencia una estrategia orientada a destruir procesos organizativos mediante el asesinato, las amenazas, el desplazamiento forzado y otras formas de intimidación. Las principales víctimas siguen siendo líderes comunales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, defensores del territorio, integrantes de juntas de acción comunal, mujeres lideresas y personas que denuncian violaciones de derechos humanos en zonas donde persisten economías ilegales y presencia de estructuras armadas.
La permanencia de grupos armados ilegales, organizaciones criminales y economías asociadas al narcotráfico y el control territorial explica buena parte del riesgo permanente que enfrentan quienes ejercen liderazgo comunitario. Allí donde el Estado mantiene una presencia institucional débil, la violencia continúa siendo utilizada como mecanismo de control social y político para impedir la organización ciudadana.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la valoración realizada sobre la Unidad Nacional de Protección. Lejos de convertirse en una entidad ágil y cercana a las comunidades, continúa siendo percibida como una estructura excesivamente burocrática, con tiempos de respuesta incompatibles con la urgencia de las amenazas. En numerosos casos las evaluaciones de riesgo tardan meses, mientras los líderes permanecen expuestos. Incluso existen situaciones donde medidas de protección son retiradas pese a persistir las condiciones de riesgo que motivaron su adopción.
Esta situación resulta particularmente grave porque muchas personas defensoras no cuentan con otra alternativa institucional para proteger su vida. Cada retraso administrativo puede traducirse en una amenaza consumada, un desplazamiento forzado o un asesinato. La protección no puede seguir dependiendo exclusivamente de trámites burocráticos mientras las organizaciones criminales actúan con rapidez y capacidad de intimidación.
El Reporte Sumapaz también plantea una reflexión sobre la necesidad de fortalecer la articulación entre la Nación, los departamentos y los municipios. La ausencia de una instancia de alto nivel con verdadera capacidad de coordinación ha generado respuestas fragmentadas que terminan debilitando las acciones preventivas. Los municipios, precisamente donde ocurren la mayoría de los hechos de violencia, siguen siendo el eslabón institucional más débil por sus limitaciones técnicas, presupuestales y operativas.
Para CORPADES resulta igualmente preocupante que algunos sectores continúen minimizando la magnitud de esta crisis o afirmando que las organizaciones sociales dejaron de documentar las agresiones contra personas defensoras. Nada más alejado de la realidad. Durante años organizaciones como Fundación Sumapaz, Indepaz, Somos Defensores y CORPADES hemos mantenido un seguimiento permanente de homicidios, amenazas, atentados y demás agresiones, construyendo memoria histórica y generando información rigurosa que permite comprender la dimensión estructural del fenómeno.
Los asesinatos de líderes sociales constituyen uno de los mayores desafíos para la democracia colombiana. No se trata únicamente de proteger individuos; se trata de garantizar el derecho de las comunidades a organizarse, participar, reclamar sus derechos y construir propuestas de transformación social sin temor a ser exterminadas. Cuando un líder es asesinado, pierde también la comunidad que representaba, se debilitan las instituciones democráticas y aumenta el control ejercido por actores armados sobre los territorios.
Por ello, insistimos en que la respuesta del Estado debe trascender las declaraciones públicas y convertirse en una política integral con recursos suficientes, coordinación interinstitucional, presencia territorial efectiva y mecanismos de protección oportunos. Es indispensable agilizar la valoración del riesgo, fortalecer las investigaciones judiciales para combatir la impunidad, consolidar mesas permanentes de seguimiento, garantizar atención psicosocial y humanitaria a las víctimas y asegurar que la Fuerza Pública actúe con estricto enfoque de derechos humanos.
Desde CORPADES reiteramos que la violencia contra líderes y lideresas sociales no puede seguir siendo asumida como una consecuencia inevitable del conflicto colombiano. Se trata de una crisis estructural que exige voluntad política, decisiones de Estado y compromiso permanente con la protección de quienes, desde los territorios, defienden la vida, los derechos humanos y la democracia. Mientras continúen los asesinatos, las amenazas y la impunidad, el país seguirá en deuda con quienes diariamente arriesgan su existencia por construir una Colombia más justa, participativa y en paz.
Por CORPADES
Fe de erratas. La Fundación Sumapaz rectificó un dato de su informe semestral: en Antioquia fueron asesinados 15 líderes sociales durante el primer semestre de 2026. Además, aclaró que el caso de José Humberto Erazo Niño, ocurrido el 14 de febrero de 2026 en La Unión (Nariño), fue incluido por error y no corresponde a Antioquia.