Bogotá, 16 de febrero de 2022.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió este miércoles a la Procuraduría que investigue si hubo fallos de la seguridad que tiene que brindar el Estado a los exmiembros de las FARC que firmaron el acuerdo de paz que pudieron provocar el asesinato de 35 exguerrilleros.
La petición se hizo tras conocer algunos de los patrones que rodearon el asesinato de estos 35 firmantes de la paz que habían solicitado auxilio a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y después de que la Sala de Unidad de Investigación y Acusación (UIA) analizara el estado en que sus solicitudes estaban cuando fueron asesinados.
Entre estos 35 casos, «nueve de los asesinados contaban con medidas blandas, 2 con esquema de seguridad compuesto por hombres de protección y 11 se encontraban en estudio de nivel de riesgo», señaló la magistrada relatora, Reinere de los Ángeles Jaramillo.
Esta sala encontró que en estos 35 asesinatos habían trascurrido 10 meses de promedio entre que presentaron dicha solicitud a la UNP y el asesinato y que en la mayoría de casos se quedaron en la etapa de análisis de riesgos y no se les había concedido protección.
«Hay casos, por ejemplo, que fueron calificados como de riesgo ‘ordinario’ y los homicidios fueron consumados», concluyó la JEP, quien citó el caso de Edwin Herney Barrios, asesinado el pasado 8 de junio, a quien la UNP resolvió darle medidas de protección el 1 de septiembre, es decir, tres meses después de que fuera asesinado.
AGILIZAR MECANISMOS
Por ello, los magistrados de esta justicia, surgida del acuerdo de paz para juzgar crímenes colectivos de guerra, también solicitaron a la UNP que «implemente una metodología de análisis de casos, basada en los patrones de victimización».
De esa forma, en vez de asignar esquemas de protección o seguridad analizando caso a caso, podrían agilizar sus servicios si estudian los patrones de victimización por patrones en regiones o victimarios y establecen protocolos pertinentes «con el fin de evitar demoras prevenibles en el trámite de información que se requiera evaluar».
«Es necesario crear un mecanismo que agilice la atención de estos casos que directamente impactan la misionalidad del Sistema Integral para la Paz», aseguró la JEP en un comunicado, ya que «en muchos casos estos comparecientes son asesinados por no aceptar el ofrecimiento de los grupos ilegales y en otros casos se tienen que desplazar o terminan reincidiendo».
EFE
