Tensión frente al Museo Nacional: denuncian uso excesivo de la fuerza durante protesta por obras retiradas
Protestas frente al Museo Nacional de Bogotá provocaron una intervención antidisturbios. La Defensoría cuestionó el operativo por el retiro de más de 30 obras.
BOGOTÁ / COLOMBIA, 18 de octubre de 2026 – La controversia por el retiro de más de 30 piezas históricas del Museo Nacional de Colombia desencadenó dos jornadas de manifestaciones en Bogotá, marcadas por denuncias sobre el uso de la fuerza pública contra quienes protestaban por la decisión del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
La movilización comenzó el sábado 17 de octubre y continuó este domingo, con la participación de ciudadanos, estudiantes, artistas y representantes de organizaciones sociales que rechazan la exclusión de objetos relacionados con los movimientos feministas, la población LGBTIQ+, las víctimas de la violencia política y el proceso de paz de 2016.
De acuerdo con El Espectador, más de 500 personas participaron en la primera jornada de protesta frente al museo, ubicado sobre la carrera Séptima de la capital.
Durante la tarde del sábado, los manifestantes ocuparon parte de la vía y desarrollaron actividades culturales para expresar su desacuerdo con la decisión gubernamental.
Sin embargo, hacia las 6:33 de la tarde se registró la intervención de unidades antidisturbios, que utilizaron vehículos lanzagua para dispersar a quienes permanecían en el sector.
Según el seguimiento realizado por El Espectador, durante los minutos siguientes se escucharon detonaciones de dispositivos aturdidores y algunas personas lanzaron piedras contra los uniformados. Hacia las 7:30 de la noche, la situación de orden público se había normalizado, aunque continuaba la presencia policial.
Por su parte, Infobae Colombia recogió denuncias de asistentes que afirmaron que las tanquetas también habrían utilizado gases durante el procedimiento.
Los testimonios señalaron que el despliegue policial generó preocupación entre los participantes, quienes sostenían que la actividad se había desarrollado inicialmente de manera pacífica.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la presencia de unidades antidisturbios y de un vehículo lanzagua durante la manifestación.
Según la funcionaria, la concentración reunía a unas 500 personas y, hasta el momento de su pronunciamiento, se desarrollaba pacíficamente.
Marín recordó que la ocupación del espacio público y las afectaciones a la movilidad pueden formar parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta y que estas circunstancias no justifican, por sí solas, la disolución de una concentración.
La defensora calificó el despliegue como innecesario y desproporcionado frente a las condiciones que se presentaban en ese momento.
Entretanto, Blu Radio informó que, de acuerdo con fuentes oficiales, la intervención buscaba recuperar la movilidad de la carrera Séptima, afectada por el bloqueo de los manifestantes. Según esa versión, las autoridades habían solicitado previamente despejar la vía.
Los reportes periodísticos también registraron momentos de confrontación. Imágenes divulgadas por medios de comunicación mostraron a algunas personas lanzando objetos contra los agentes, mientras otros participantes denunciaron que una exposición alternativa instalada en el exterior del museo habría resultado afectada durante la intervención.
La instalación artística había sido organizada por jóvenes que colocaron reproducciones de algunas de las piezas retiradas del museo, como una forma de mantener visibles las memorias históricas que consideran excluidas de las salas de exhibición.
Según informó La Crónica del Quindío, las reproducciones fueron adheridas a los ladrillos de la obra exterior LATEREM, El Bloque Nos Une, del artista Sergio Mendoza.
Entre los objetos retirados de las salas del Museo Nacional figuran una bandera del orgullo vinculada a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, asesinado en 1990, y el denominado Balígrafo, utilizado durante la firma del acuerdo de paz de 2016.
Las piezas hacían parte de exposiciones relacionadas con los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, la violencia política y la memoria del conflicto armado colombiano.
La decisión de retirarlas fue defendida por integrantes del Gobierno nacional bajo el argumento de evitar que los espacios culturales públicos sean utilizados para promover determinadas posiciones ideológicas.
La ministra de las Culturas, Paola Holguín, sostuvo que el museo no debe convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político, de acuerdo con la información recogida por La Crónica del Quindío.
Por el contrario, quienes rechazan la medida consideran que la exclusión de estos objetos representa un retroceso en el reconocimiento de la diversidad y de los procesos sociales que forman parte de la historia del país.
El representante a la Cámara Gabriel Becerra y otros integrantes del Pacto Histórico cuestionaron la actuación policial y solicitaron explicaciones al Gobierno.
Según teleSUR, sectores políticos y defensores de derechos humanos rechazaron la intervención de las unidades antidisturbios y pidieron garantías para el ejercicio de la protesta.
La controversia también llegó a las instituciones culturales. Varios museos y organizaciones del sector expresaron preocupación por la autonomía curatorial y solicitaron que las decisiones sobre las colecciones respeten la diversidad de interpretaciones históricas.
Durante la segunda jornada, desarrollada este domingo 18 de octubre, los manifestantes volvieron a concentrarse frente al Museo Nacional desde horas de la mañana.
De acuerdo con El Espectador, agentes antidisturbios permanecieron en los alrededores del recinto, mientras artistas, periodistas, intelectuales y trabajadores de la cultura promovían una declaración pública contra las decisiones del Ejecutivo. Por su parte, La Silla Vacía señaló que tanquetas utilizaron agua a presión para disolver el plantón.
Los firmantes cuestionaron lo que consideran una amenaza a la pluralidad de ideas y creencias y solicitaron respeto por el carácter laico de las instituciones públicas.
La controversia se produce en medio de la política cultural anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien ha defendido cambios en la orientación de las instituciones culturales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que busca evitar el adoctrinamiento político, los manifestantes insisten en que la memoria histórica debe incluir las experiencias de diferentes sectores sociales, sin exclusiones determinadas por posiciones ideológicas.
Las protestas mantienen abierto el debate sobre los límites de la intervención gubernamental en los museos públicos, la autonomía de las instituciones culturales y las garantías constitucionales para quienes ejercen el derecho a la manifestación.
Nota de redacción y autoría: Artículo de elaboración editorial propia de Análisis Urbano, construido a partir de la información publicada por El Espectador, Infobae Colombia, Blu Radio, teleSUR, La Silla Vacía y La Crónica del Quindío. Las declaraciones, testimonios y reportes sobre la intervención policial proceden de esas fuentes. Análisis Urbano no realizó entrevistas directas. Las denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza se presentan como señalamientos atribuidos a sus respectivos autores.
A.U.